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¿Qué opina sobre el proyecto del Gobierno para recuperar la gestión estatal de la infraestructura ferroviaria?
–La participación privada puede abarcar desde la concesión integral hasta contratos de gestión donde la inversión permanece bajo ejecución pública. Hay evidencias internacionales de que cuanto más integral es ladelegación mayor es la eficiencia, pero en algunos contextos un contrato de gestión luce más razonable, sobre todo cuando resulta difícil controlar al privado. En este caso, el problema radica en que en la concesión se planteó de una manera y habría que modificarla. Será cuestión de debatir si se están rompiendo los contratos luego de tantas renegociaciones.
Entre los argumentos a favor del proyecto se reivindica la posibilidad de reducir costos por sobreprecios.
–Si hay sobrefacturación es porque el subsidio depende de cuánto cuesta la inversión y eso no es correcto. Se debería estimar el costo de la obra y otorgar los recursos. En ese caso el riesgo de sobrecosto recae sobre el concesionario.
La reforma implica la revisión de contratos, ¿están dadas las condiciones para la rescisión de algunas concesiones por incumplimiento?
–Si se puede demostrar que los incumplimientos empresarios son previos a los incumplimientos del Estado la concesión se debe rescindir. Pero aquí se llevaron adelante renegociaciones hace dos o tres años para las cuales era condición el cumplimiento del contrato. Por lo tanto, me resulta difícil creer que puedan llegar a surgir pruebas que justifiquen la rescisión.