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¿Cómo evalúa la situación de los trenes luego de la intimación que se les formuló a los concesionarios a comienzos de año?
–La situación sigue igual en términos estructurales. Los concesionarios le hicieron una lavada de cara a algunos vagones, pero el servicio presenta los mismos problemas de siempre. Los prestadores ya han demostrado que no tienen ni capacidad ni voluntad para revertir el colapso ferroviario.
¿Están dadas las condiciones para que el Estado rescinda algunos contratos?
–Hay que revisar los contratos y entonces tomar las medidas necesarias para garantizar la calidad de un servicio que actualmente es un monumento a la ineficiencia. Es cierto que el Estado se atrasó en el pago de los subsidios, pero las empresas fueron denunciadas por sobreprecios y los fondos fiduciarios destinados a obras los convirtieron en cajas negras. Será cuestión de debate.
Las empresas dicen que esta crisis no es producto de una supuesta ineficiencia empresaria sino de las condiciones generadas por la devaluación.
–La crisis ferroviaria no comenzó en diciembre de 2001 porque los incumplimientos se acumulan desde varios años antes. El patrimonio público se fue deteriorando desde el inicio de las concesiones por no hacer mantenimiento, pese a que las empresas tuvieron una rentabilidad razonable. Nosotros estamos preparando un informe donde se va a contrastar el valor que tenían los bienes del Estado cuando los recibieron con el valor que tienen ahora. Allí va a quedar valuada la destrucción del patrimonio.