De cómo clausurar un debate

El lunes de la semana pasada, Colombia ratificó su adhesión al Protocolo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación Contra la Mujer (sí, hay países en los que no pasa lo que en Argentina). Desde entonces, la discusión sobre la posibilidad de debatir acerca de la despenalización del aborto (esto es: no el debate mismo) fue ocupando espacios, especialmente a partir de que el Ministerio Público (la Procuraduría) retomó el discurso de la necesidad de proteger el derecho a la vida para afianzar el pedido de revisión legal. Sin embargo, Claudia Blum, presidenta del Senado y una de las voces más activas en pro de la despenalización, no tardó en recibir un baldazo de agua fría de parte del mismísimo presidente Alvaro Uribe: en una carta oficial, se encargó de aclarar que la firma del Protocolo no obliga a Colombia a legalizar el aborto, y que, además, la decisión sobre penalización o despenalización compete “únicamente a las autoridades nacionales”. En Colombia, el aborto sólo es permitido en caso de grave riesgo de muerte para la madre; tanto la/el médic@ como la paciente pueden recibir condenas de entre 1 y 3 años (es decir, excarcelables). En abril, una mujer fue condenada por provocarse un aborto ingiriendo medicamentos.

El género del revés

En Costa Rica, el movimiento de mujeres intentó inscribir como agrupación política formal al Partido Nueva Liga Feminista (PNLF), pero el Registro Civil se negó a reconocerlo con un argumento inesperado: “Incumplir la integración por género en los porcentajes que señala la ley”, esto, por no incluir al menos un 40% de varones en las listas. Lo curioso es que la ley costarricense sólo prevé el mecanismo de discriminación positiva en relación con las mujeres (como acción afirmativa) y en ningún caso en relación con los varones. Por ahora, el PNLF se encuentra tramitando la apelación al recurso del Registro Civil.