A MANO ALZADA, POR MARIA MORENO
Injusticia perpetua
La cuestión del aborto se enmascara detrás del procesamiento a Romina
Elegir es un verbo burgués. Implica un número determinado de bienes materiales y simbólicos, la posibilidad de medir entre los efectos de una acción y de otra capaz de desbaratar la idea de destino bajo el sostén de diversos expertos; la fortuna amasada por el trabajo o la herencia, la inclusión dentro de instituciones privadas o del Estado, todas esas posibilidades que permiten tanto la rumia moral (¿estará bien o estará mal?) como el cálculo utilitario (¿qué me conviene más?) y que suelen representarse como una encrucijada entre diversos caminos. Elegir puede tener el rostro de una aventura, de una apuesta o de la asunción de una responsabilidad. Mucho antes de tener acceso a poder ganársela, la posibilidad de elegir, que precede a la razón, está dada o no. Romina Tejerina (N. de la R.: ver página 14 de este número) no eligió ni durante el 1º de agosto de 2002 en que fuera abusada por un vecino, ni el 23 de febrero de 2003 en que mató a puñaladas a su hija recién nacida. Pero tampoco había tenido la posibilidad de elegir entre un hombre y otro, entre hacer el amor y no, entre vivir en un pueblo que la señalaría con un estigma o ir a iniciar su educación sentimental en un espacio más anónimo y más diverso en su despliegue de identificaciones posibles, ya fueran con el rostro de la tutela como el de la explotación o ambos superpuestos; bienes de consumo, a veces caros o inaccesibles, pero ante los que, colectivamente o no, se pudieran elaborar estrategias, o a los que desechar en nombre de determinadas ideologías; bienes simbólicos que pudieran alimentar a una joven para un futuro que no le valiera la cárcel o el instituto de salud mental.
Diez años antes de que Romina Tejerina cometiera infanticidio, éste tenía su figura específica en el Código Penal: “Art 81, inc.2º. Se impondrá de uno (1) a seis (6) años ... 2º) A la madre que para ocultar su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o mientras se encontrare bajo la influencia del estado puerperal”.
En 1994, desde una mentalidad acorde con la idea de elección y la fe en el progreso de las costumbres, pero también a tono con el orden constitucional de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, el senador radical Eduardo Lafferriere propuso la derogación de la figura del infanticidio, con ciertas objeciones en la Cámara de Diputados que proponían agravar las penas pero no homologar la figura al homicidio. Desde la Cámara de Senadores se argumentó: “Que ni la honra ni el honor se comprometen hoy en el parto”. Eso equivalía a decir: No estamos en los tiempos en que, sobre ese mueble ancho donde se lanza el primer berrido, se fornica y se muere, una madre de sueño pesado, luego una interminable jornada de trabajo en el campo y en la fábrica, podía aplastar al fruto de su vientre. Ni siquiera en los de Alfonsina a la que no siempre la elite intelectual protegió de la mancha social de ser madre soltera y el mismo Borges no se privó de llamarla “comadrita”, una feminización irónica de la palabra “compadrito”, donde se alude tanto a la maternidad bastarda como a una figura de los márgenes. Y es cierto –para las que lo eligen y pueden– que hoy es honorable y hasta motivo de orgullo soberano una maternidad que deje afuera al genitor –quiera o no ser padre–, busque el servicio de un banco de semen o exija en el pedido de adopción su equivalencia con las parejas contenidas en la Institución Matrimonial. Fuera de estosespacios donde el deseo se enseñorea en orgullo, están aquellas a las que la ley no ampara para interrumpir un embarazo indeseado.
Es sabido que el deseo de bien puede hacer que todo empeore. Cuando allá por los años ochenta un grupo de bien intencionados denunció que en el hospital Muñiz los enfermos de sida que sufrían condena o estaban procesados eran mantenidos atados a sus lechos, el resultado no fue la liberación sino la vuelta a la cárcel donde difícilmente se continuaría con el tratamiento. Durante la dictadura, una psicoanalista argentina tuvo acceso a una carta donde se denunciaba la presencia de un represor en una institución psicoanalítica brasileña. El resultado fue la expulsión de ese espacio de quien había enviado la carta. Lejos de paralizar sus acciones, las buenas conciencias deberían tener una mirada estratégica. “Es preciso tener cuidado con el exceso de ideología en las propuestas para establecer modificaciones en las leyes o en la política sin avaluar sus posibles efectos en las mujeres”, dice la abogada feminista Magui Bellotti que recuerda una mesa redonda en el Senado donde se discutían determinadas reformas penales y donde Eugenio Zaffaroni cuestionaba al pasar la derogación de la figura del infanticidio que le había permitido, más allá de sus términos anacrónicos, la libertad de muchas de sus defendidas en un contexto de ausencia de ley de salud reproductiva, prohibición del aborto, ausencia de educación sexual y la renuencia histórica de los varones a sostener el producto del sexo y el deseo cuando escapa a la institución matrimonial y aun cuando no. (Desde la biología, el placer podría pasar por ellos, no sin consecuencia a evaluar, pero sí con una posible consecuencia que no se ancla en su cuerpo.)
Hoy Romina Tejerina, procesada por “homicidio agravado por el vínculo”, podría ser condenada durante el juicio a cadena perpetua. Mientras que un antropófago como Armin Meiwes, que mató y devoró a un hombre –eso sí con su consentimiento– recibió en Alemania 8 años de condena.
Detrás del procesamiento a Romina Tejerina se encuentra enmascarada la cuestión del aborto. En su resolución el juez Argentino Juárez no tiene en cuenta el abuso sexual. Eso no le atañe por razones formales y es causa a cargo del juez Jorge Samman, quien resolvió que el señalado como violador quedara en libertad no dando lugar a que, por pedido de la defensa de Romina Tejerina, se le haga un análisis de ADN. Sin embargo, al precisar que la conducta de Romina Tejerina no puede estar comprendida en ningún causal de inimputabilidad puesto que “tuvo intención homicida para con su hija antes del hecho, cuando quiso abortar en reiteradas oportunidades y también al momento del parto”, lo que intenta es homologar intento de aborto a intento de infanticidio de lo cual no es difícil extraer el corolario: aborto = infanticidio. Sugestiva coincidencia con la cada vez más monolítica posición de la Iglesia Católica que hoy hace gala de una imaginería argumental cada vez más laica. Cielo e infierno constituyen una narrativa vencida. Y el limbo de los niños, que algunos interpretan como una forma benigna del infierno, ese lugar donde los inocentes muertos antes de cumplir los siete años pueden vivir sin castigos pero, debido al pecado original sin acceso a la visión de Dios, hoy tiene categoría “hipótesis teológica”. Algunas variantes de esta hipótesis consideran que la precariedad del limbo se debe a que sus habitantes han muerto sin bautismo. Otros la atemperan en sus visiones recordando al Cristo que dijo “dejad que los niños vengan a mí”. Y otros dicen que basta la fe de los padres para garantizar la habitación de sus hijos muertos pequeños en el limbo. Pero Juan Pablo ll reinterpretó al limbo como el lugar de destino de los fetos abortados y decidió suprimirlo. La Iglesia, que durante tanto tiempo promocionó la vida verdadera y no este valle de lágrimas, suma a la encerrona de las mujeres en la tierra la de los no nacidos ¿en dónde? Parecería que lejos de hablar en nombre de los niños no nacidos, la Iglesia más monolítica, la Vaticana, propicia el nacimiento para garantizar el peaje del bautismo, la caída en el pecado y su consiguiente sanciones a cargo de sus legisladores. Sin embargo, fue una católica, lapsicoanalista Francçoise Dolto, quien advirtió la desigualdad trágica entre las mujeres a las que se les prohíbe abortar el producto del embarazo no deseado, exigiéndoles a cambio el sostener un niño, y sus prohibidores, quienes sólo deberían sostener su palabra: “Todo adulto firmante actual o futuro de la lucha contra el aborto debe acompañar su firma con una donación pecuniaria de algunos millones que representa la carga material de la vida humana hasta su acceso al trabajo. Esos donativos se depositarían en un banco de natalidad, que administraría exclusivamente los donativos voluntarios de los oponentes al aborto. El servicio social de este banco tomaría a su cargo a toda madre deseosa de llegar a parir un niño, pero sin poder o querer criarlo. Una familia sustituta se haría cargo de ese niño, cuya educación y cuidados serían financiados por el banco y que sería emancipado a los 18 años. Ese día la suma asignada hasta entonces a sus padres adoptivos sería acreditada a su cuenta personal”. La proposición deja de lado la condición de probeta o nido temporario para la mujer de su proyecto, pero el sentido de éste es irónico, su intención es dejar al descubierto que Pro-vida –un nombre con que se engloba a los partidarios de la penalización del aborto– debería significar hacerse cargo de aquélla.