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“Pedimos la nulidad de la imputación.” Desde Jujuy, la abogada Mariana Vargas comenta la apelación que presentó ante la Justicia el lunes pasado, a cinco días de que el juez Argentino Juárez decidiera que el hecho de que Romina Tejerina matara a la bebé sietemesina que había gestado tras ser violada por Eduardo Vargas era motivo suficiente para imputarla por “homicidio agravado por el vínculo”. Nada dijo el señor juez de que en febrero del año pasado, en un baño, al dar a luz, Romina había visto en esa bebé “la cara del violador”, ese vecino de 42 años que la había forzado a entrar en un auto, la había golpeado, la había violado y luego había seguido con su vida, medianera de por medio. Ese mismo mes, la Comisaría de la Mujer de San Pedro, la localidad de donde es Romina, había cerrado. En su resolución, el señor magistrado parece haber olvidado que la vergüenza y el temor al estigma llevaron a Romina a mantener en silencio la violación: ella no denunció a su violador –que, por su parte, la había amenazado– por “miedo y por vergüenza” (“¿Por qué tenía vergüenza?”, le preguntó en la primera indagatoria el juez; “Porque me habían abusado”), y por esos mismos motivos mantuvo en silencio lo que su cuerpo iba transformando en evidencia. Mariana Vargas podría recordar que el violador de Romina está libre y sobreseído, gracias a que el juez Jorge Samman –quien intervino en la causa por abuso sexual, y que en otro caso resolvió que una joven abusada por un padre golpeador debía “respetarlo”– prefirió privilegiar la inocencia del acusado luego de investigar si Romina vestía de manera provocativa, gustaba emborracharse y trataba de manera seductora a los hombres. También había tenido el cuidado de averiguar si ella mantenía algún tipo de relación sentimental con Vargas, quien luego de 23 días en prisión (que llegaron mucho después de la detención de Romina) fue dejado en libertad.
Vargas podría recurrir a una enumeración de esos detalles en nada menores, pero, sin embargo, elige insistir en los motivos del pedido de nulidad de todo lo actuado hasta ahora.
–Pedimos la nulidad porque todo el argumento de la imputación estuvo viciado por actuaciones ilegales, en realidad.
–¿Por cuáles?
–En primer lugar, el juez no permitió producir prueba que nosotras habíamos pedido, como el tiempo de gestación del feto, una estimación por la cual liberaron al violador. El juez dijo que, si la bebé había sido gestada el 1º de agosto, eso no coincidía con las 34 semanas que había diagnosticado la médica. Habíamos pedido realizar una autopsia, para que la estimación de ese tiempo pudiera ser más exacta, pero se nos negó.
Es curioso: uno de los principales argumentos del abogado defensor de Vargas es que, por el tiempo de gestación que llevaba la bebé, difícilmente la fecha de la relación sexual con su cliente puede haber sido la de la concepción. Aun con la seguridad que semejante argumento podría haberle infundido, Vargas se negó a hacerse el análisis de ADN. Sin embargo, luego de ser liberado no tuvo empacho en afirmar, ante las cámaras de la televisión local, que planificaba hacer una misa por la bebé muerta y darle el apellido.
–Por otra parte, la resolución del juez se apoya en pruebas que son nulas: informes del psicólogo del Servicio Penal que todo lo que hace es desmentir la pericia mental que se le había practicado a Romina en el primer momento. Ese informe, sin embargo, no está dentro del proceso, y por eso mismo no puede ser valorado como prueba, sin contar con que no se nos citó –en tanto defensa– para presenciar las entrevistas. La decisión del juez se apoya en ese informe y en otros que también son nulos, como la declaración de la madre de Romina, Elvira Baño, en sede policial.
–¿En Jujuy es posible instruir sumarios en sede policial?
–Sí, acá se instruye en sede policial. Pero ni los ascendientes pueden declarar contra los descendientes ni los descendientes contra los ascendientes, eso es por ley. Sin embargo, a la madre de Romina nadie le aclaró eso, y ella declaró, sin presencia de abogados, en contra de Romina. Después, cuando ella es citada en el juzgado, no ratifica esa declaración, pero en la resolución del juez se da a entender que sí lo hizo, y ésa es una de las bases en que se apoya para imputarla.

Desde que entró en prisión, Romina pasó cerca de 9 meses sin recibir asistencia psicológica, aun cuando la asistía el derecho de tenerla, su abogada la pedía y resultaba evidente que la necesitaba. La primera pericia psicológica había afirmado que, al momento de apuñalar a la beba, Romina sufría un episodio psicótico, y que, por lo tanto, no reconocía el alcance de sus acciones, ni sus acciones mismas. El diagnóstico de Estrés Post Traumático (EPT) implica, entre otras consecuencias, la disociación de personalidad: alguien habla de algo que ha hecho sin asumir su autoría, desde fuera, casi en tercera persona. Ese era el caso: el shock de la situación de violencia, la violación misma, la cercanía del violador en su vida cotidiana y el mandato interior que la obligaba a callar fueron potenciándose, y la llevaron a matar a la niña. Esa era la precariedad de la situación psicológica de Romina al momento de ser detenida (sin sentencia, sin pruebas de su peligrosidad para terceros, sin administración de justicia), y sin embargo el sistema judicial no le asignaba tratamiento para atender a su salud mental. Sólo la insistencia de Vargas, la presión del movimiento de mujeres y cierta repercusión mediática pudieron lograr por Romina lo que el sistema judicial y penal obviaban. Eso fue el 17 de noviembre, a nueve meses de la detención.
–Otro de los argumentos del juez se apoya en lo que dice el psicólogo del penal (de Alto Comedero). El afirma que tuvo dos o tres entrevistas en mayo con Romina, y a raíz de eso le diagnostica EPT, pero como posteriormente, según él, la evolución de Romina no coincide con el EPT, dice “me equivoqué, el diagnóstico fue erróneo”, y vuelve la idea de imputabilidad. Sin embargo, la psicóloga que atiende dos veces por semana en el neuropsiquiátrico a Romina dice que el psicólogo del penal recién comenzó a verla en junio, no en mayo.

En los últimos días de enero, en coincidencia con la presentación de un hábeas corpus para preservarla del hostigamiento a que era sometida por los guardiacárceles (que llevó al juez Gutiérrez a intimar al director del Penal para respetar las normas del tratamiento de reclusas), Romina fue internada de urgencia en el neuro- psiquiátrico Néstor Siqueiros. Durante una requisa se le había encontrado una pastilla con veneno y una nota que pensaba dejar luego de tomarla. Explicaba, aferrándose a palabras que quizá haya escuchado como explicaciones posibles de una situación que nunca había cruzado por su cabeza antes de ese día de febrero, que “en la tierra no hay justicia para nosotras, las mujeres violentadas, necesitamos comprensión y no acusaciones”. La requisa fue una mañana; ella le aseguró a su abogada que pensaba tomar esa pastilla por la tarde. El día de la internación, la familia y Vargas realizaron una conferencia de prensa en San Pedro; repasaron los antecedentes del caso y advirtieron que harían responsables de la integridad física y psíquica de Romina al gobernador Fellner, al ministro de Justicia de la provincia y al juez Argentino Juárez. Unos días después, Romina regresó al penal. Allí está ahora.
–En la resolución, además, el juez inventa hechos. Por ejemplo, afirma que existió intención homicida, que ella era consciente y lúcida sobre lo que pasaba porque después de apuñalar a la beba limpió el baño, el cuchillo, la ropa. Y en realidad, en el expediente, de las declaraciones surge que fue la hermana la que limpió todo eso.

Cuando Vargas habla con Las 12, han pasado algunas horas desde que unas 2 mil personas recorrieran las calles de Libertador –una localidad cercana a San Salvador de Jujuy– uniendo en su reclamo dos nombres y dos casos de violencia de género que, en el embrollo judicial y mediático, parecen haber sido convertidos en simples casos policiales, e inclusive crímenes pasionales. Por una parte, la marcha exigía justicia para Romina Tejerina. Por otra, reclamaba una atención inmediata del femicidio de Analía Milagros Medina, una militante de la Corriente Clasista Combativa que, hace una semana y media, apareció asesinada en un canal de la ciudad de Libertador. Ella era “terriblemente golpeada por su pareja”, comenta Vargas. Había presentado la denuncia ante la policía, cuando los oficiales de turno se tomaban la molestia de aceptarla. Se había separado del golpeador y vivía en otro lado. Hay testigos de que, un día antes del asesinato, aseguran haber visto a la ex pareja de Medina inspeccionando el lugar donde apareció el cadáver.
–En San Pedro, se siguen haciendo movilizaciones para reclamar por Romina. La última fue más grande que las anteriores, aunque también se logró instalar la sospecha sobre Romina (que ella era una puta, esas cosas empezaron a decir) y quienes defienden a la bebé y atacan a Romina por matarla. Algunas cosas se facilitaron desde que Romina fue entrevistada por Rolando Graña para Pabellón 5 (N. de R.: el programa de América en el que también fue entrevistado Vargas y que, a modo de cierre, establecía una equivalencia y simetría de poder entre una mujer violada y el violador con el argumento de que “los dos pierden un brillo”), porque ahora la gente que dudaba sobre si había sido violada quedó convencida de que sí fue así. Desde que presentamos el hábeas corpus, las presiones que recibía en el Penal cambiaron: las guardiacárceles empezaron a comportarse de otra manera con ella, pero en cambio le dicen que le van a iniciar un juicio civil por haberlas acusado de maltrato, cuando en realidad deberían decírmelo a mí, que salí a nombrarlas. Hay quienes, además, la provocan dentro del penal; hace unos días alguien la insultó y las guardiacárceles la incitan a que haga la denuncia, es como si estuvieran recurriendo a otras personas para quebrarla.
Eduardo Vargas continúa viviendo en su casa de San Pedro, al lado de la que los padres de Romina han preferido abandonar por no soportar la presión de saberlo tan cercano, de haberlo visto festejando su liberación, o de imaginarlo tras las pintadas que, hace no tanto, tildaron a Romina de “puta” y “trola” en su frente. Hace unos días, Vargas fue entrevistado en el programa de Mauro Viale. El magistrado a quien el Superior Tribunal provincial llamó la atención recién a fines de enero, cuando Vargas y la familia de Romina llamaron a conferencia de prensa para denunciar que estaban vencidos todos los términos procesales (pasaron 11 meses sin que hubiera resolución judicial, aun cuando debiera haberse emitido una dentro del primer mes de la detención de Romina), se encuentra ahora de vacaciones. Romina, que tenía 18 años al ser violada por su vecino de 42, cumplió 20 años estando encarcelada. Si la imputación por homicidio agravado por el vínculo prospera, puede esperarle una condena a cadena perpetua.