“Nosotros sabemos que si entramos a un campo con agrotóxicos entramos a la muerte. Si matan las plagas y matan las arañitas también nos matan a nosotros. No nos matan como en la dictadura que nos encarcelaban, ametrallaban y degollaban. Pero nos dañan el sistema inmunológico y reproductivo”, denunció Alicia Muñoz Toledo, integrante de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), de Chile, el 2 de diciembre, durante el seminario “Derechos humanos, ayer y hoy (memorias, complicidades y disputas territoriales)”, organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo.

El feminismo campesino y popular chileno lucha contra los plaguicidas y por la reimplantación del aborto terapéutico ya que muchas mujeres necesitan interrumpir embarazos afectados por los agrotóxicos. El problema es que, el 15 de septiembre de 1989, una de las últimas medidas del dictador Augusto Pinochet fue derogar el artículo 119 del Código Sanitario que había implementado Salvador Allende como senador y permitía la realización de abortos no punibles y se prohibieron –aún en casos de embarazos inviables, problemas de salud o violaciones- todas las formas de interrupción legales del embarazo.

Muñoz Toledo tiene 69 años y trabajó en la recolección de la fruta en Chile. “Las mujeres son envenenadas, se caen al piso de las náuseas y, a corta edad quedan enfermas. Por ellas y por las niñas violadas sería muy importante aprobar el proyecto de abortos no punibles. El movimiento de mujeres plantea el aborto libre, seguro y gratuito. Pero, por lo menos, aprobar este proyecto no sería un regalo sino el resultado de nuestra acumulación de fuerza para los derechos sexuales y reproductivos en la salud pública. Es recuperar un derecho que lo arrebató la dictadura. Ahora es cuestión de cuanta plata tienes ver cuantos abortos tienes. En los barrios populares hay abortos clandestinos, pero en condiciones miserables.”