Viernes, 26 de febrero de 2016
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SALUD
El Zika es una amenaza sanitaria mundial. Ya que se multiplicaron los embarazos con microcefalia que, además, es de tardía detección. En Brasil, Colombia, Jamaica y El Salvador piden a las mujeres que no se embaracen. Pero no se garantizan sus derechos sexuales y reproductivos al acceso pleno a la anticoncepción y al aborto seguro. En Argentina recomiendan a las turistas que se cuiden de picaduras. Aunque, como todavía no llegó el virus, no hay un plan en marcha. Pero distintas organizaciones reclaman que se refuerce –y no se le quite personal ni recursos– al Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable y se garantice el reparto de todos los anticonceptivos y la interrupción voluntaria del embarazo.
Por Luciana Peker
Un zumbido vino a amplificar el pedido de acceso a anticonceptivos y a abortos legales, seguros y gratuitos en toda América Latina. El Aedes aegypti –el mismo mosquito que produce dengue y Chikungunya- es el trasmisor del virus Zika. Los síntomas para detectarlo son fiebre, dolor en las articulaciones y sarpullido. Pero lo más grave –y todavía en proceso de investigación- es que multiplicó los casos de microcefalia (una deformación neuronal gravísima) que, además, tarda en detectarse en el embarazo. Por eso, en países como Brasil, El Salvador, Colombia y Jamaica piden a las mujeres un año sabático de partos. En Argentina, todavía, no hay Zika. Sin embargo, el Ministerio de Salud sí le da instrucciones a las turistas para que usen repelente si disfrutan de playas brasileñas o caribeñas, aunque todavía no se encaró un plan para reforzar el acceso a anticonceptivos gratuitos y a abortos legales en caso que la picadura deje algo más que ronchas y aterrice, también, en nuestro país. Por el contrario –como si estuviéramos blindados de la realidad latinoamericana- se anunciaron veinte despidos en el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable y ya faltan anticonceptivos subdérmicos (con entrega específica para adolescentes que pasaron por un embarazo o aborto) y temor a que puedan faltar otros insumos o preservativos si no se agiliza su compra y distribución. Mientras tanto, en todo el mundo, se aprieta el botón rojo de la emergencia sanitaria y se pide reforzar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
El Zika apareció en el 2014 en Latinoamérica. Brasil es el país más afectado con 4.000 casos reconocidos de bebés nacidos con microcefalia. Las investigaciones científicas son recientes y todavía no pudieron probar la relación exacta entre zika y microcefalia, pero la realidad indica que la picadura genera, de algún modo y en algunas mujeres, esta deformación en los embarazos.
El médico Mario Sebastiani, Profesor Adjunto de la Division Tocoginecologia del Instituto Universitario Hospital Italiano, explica: “Hay un link entre esta epidemia y malformaciones fetales. El link todavía no está claramente demostrado. No se sabe que hay en el ADN de este mosquito para producir microcefalia, que es el terror de madres y padres que estén gestando, porque trae alteraciones neurológicas y complicaciones dramáticas. Es una malformación del sistema central muy grave”.
¿Se puede pedirle a las mujeres que no se embaracen por un año a causa del mosquito? Sebastiani está de acuerdo con la prevención: “La locura no es la prevención del embarazo. Brasil está diciendo (frenar los embarazos) hasta el invierno y El Salvador hasta el 2018. Pero para una anticoncepción segura hay que tener educación sexual, cobertura universal y adherencia al método de hombres y mujeres. En este momento en la Argentina hay un avance de sectores conservadores para que algunas cositas que se han logrado retrocedan como en el juego de la Oca. No hay que dormirse”.
Por su parte, desde Brasil, Regina Jurkewicz, Doctora en Sociología de la religión, docente en la Universidad Guarulhos e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir
pide que se le quite peso al vientre femenino: “Las mujeres embarazadas corren el riesgo que su hijo tenga microcefalia y la detección es, por lo menos, a partir del quinto mes. No se puede responsabilizar las mujeres deciendoles simplemente que no tienen que embarazarse. Es, una vez mas, poner la culpa en las mujeres. En cambio, hay que avanzar en las pesquisas sobre el zika, buscar vacunas, cuidar del saneamiento básico y, también, ampliar las políticas de acceso al aborto”.
En Argentina, Miguel del Sel (actual Embajador argentino en Panamá) expandió la idea que las chicas se embarazan para cobrar la Asignación Universal por Hijo. ¿Qué dirá ahora sobre las que pican los mosquitos? Para entender el avispero causado por el zica hay que levantar la mirada a América Latina. Sandra Mazo, Directora de Católicas por el Derecho a Decidir de Colombia (con más de 13 mil casos de personas afectadas) le tira repelente a la idea de neo-pecadoras: “El Ministerio de Salud recomienda a las mujeres que no se embaracen durante estos seis meses. Es una situación extrema y preventiva, pero muchas mujeres en Colombia están embarazadas producto de la violencia sexual (habría que decirle a los violadores que nos la violen) y no basta con decir que no nos embaracemos. El Estado tiene que asumir la responsabilidad de garantizar acceso, educación y condiciones dignas para contar con métodos anticonceptivos de calidad, gratuitos y disponibles en todo el territorio nacional. Además, el embarazo no es responsabilidad solo de las mujeres y es inconcebible que la medida del Ministerio esté enfocada solo a las mujeres”.
En contra de la Biblia moderna de la manzana envenenada en las Evas latinas, Leandro Cahn, Director de Comunicación de la Fundación Huésped, de Argentina, enfatiza: “El virus zica pone en evidencia la necesidad de un plan integral de salud sexual y reproductiva. Centrar la prevención únicamente en pedir a las mujeres que no se embaracen o en el uso de preservativo sin mejorar el acceso a esta herramienta u otros métodos anti-conceptivos es poner la responsabilidad del control de una potencial epidemia en la conducta individual. En su lugar, sería deseable que se implementen políticas públicas que garanticen los derechos sexuales y reproductivos”.
En Latinoamerica el problema no son solo los mosquitos, sino los (¿otros?) fondos buitres: conservadores para la moral ajena (pero no la propia), liberales para el mercado (pero no para la libertad de disfrutar y elegir) y carroñeros para revolotear sobre los cuerpos en peligro de las mujeres. En Brasil, la bancada evangélica, pide endurecer las restricciones a los abortos legales y poner cuatro años y medio tras las rejas a las mujeres que no quieran portar un embarazo y parir un bebé que no sobreviva o viva casi sin capacidad neurológica. En toda Latinoamérica el aborto es legal en Cuba, en México DF (pero criminalizado en el interior del país) y en Uruguay. En algunos países, como El Salvador y Chile, el acceso a interrumpir un embarazo está prohibido pase lo que pase y cueste lo que cueste a cuesta a costa del cuerpo de las mujeres. Mientras que en Brasil y Argentina, por ejemplo, está permitido abortar en caso de violación, cuando hay riesgo para la salud o la vida de la mujer y si el embarazo es inviable.
El mapa en la piel y la rabia de las mujeres es claro: el derecho a decidir tendría que ser siempre, en todos lados y para todos los deseos o posibilidades. Pero si las malformaciones causadas por los agrotóxicos o las nuevas epidemias generan embarazos con portación de condena, el acceso a interrumpir el embarazo debería ser garantizado de forma gratuita y en el sistema público de salud, sin dilaciones ni objeciones de ninguna clase. Sin embargo, en Brasil, los sectores que se amparan en la fe para quitarle la esperanza a las mujeres arremeten. “Con la crisis que ha afectado a nuestro país el movimiento feminista ha intentado aprovecharse para cambiar nuestras leyes de aborto”, se ensaña, como si se tratara de una horda de vampiras, el diputado Anderson Ferreira, del Partido de la República, en una nota de la revista Time, del 22 de febrero del 2016, que toma como eje central la reacción conservadora frente a la epidemia de zika.
Los grupos anti derechos no pretenden que ningún zumbido pueda dar derechos a las mujeres sobre su cuerpo, su vida y su salud. En cambio, Soares interpela: “En los estados mas pobres como Bahia, Pernambuco y Paraíba, la manifestación del virus zica es epidémica. Los casos han aumentado de manera significativa. La cuestión es que con malas condiciones de salud básica se prolifera el mosquito transmisor. Las embarazadas viven una situación difícil y delicada. No tiene ningún sentido solicitar a una mujer que no embarace, eso no puede ser una recomendación del Estado que tiene que cuidar de la salud pública. Son las mujeres las que tienen que decidir si quieren, o no, llevar adelante su embarazo. Es deber del gobierno garantizar seguridad para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo como también ofrecer políticas publicas para las mujeres que desean llevar al frente su embarazo y que, posiblemente, pueden tener hijos con secuelas significativas tanto motoras, de audición y/o mentales”.
El reclamo es que todas las mujeres diagnosticadas con zika tengan acceso a una intervención segura y gratuita. Ante esta epidemia la atención en los hospitales públicos es mucho más importante ya que su detección se puede dar recién en el segundo o tercer trimestre de embarazo y eso aumenta los riesgos de muerte con médicos no habilitados, curanderas o sistemas caseros sin protección médica. “No es lo mismo hacer un aborto a las diez semanas con pastillas que a las veinticuatro semanas que requiere institución, anestesia, pericia, eficacia de parte del equipo médico. No es lo mismo un aborto que el otro y tiene que hacerse con toda la cobertura que corresponde. Si un aborto en el primer trimestre es relativamente riesgoso en la clandestinidad un aborto en el segundo trimestre requiere de un buen servicio de ginecología para la seguridad en la vida de las mujeres”, resalta Sebastiani.
En Argentina el final del verano puede traer alivio, pero no cegar de los efectos de la epidemia. “El Zika es algo nuevo que ha puesto en evidencia la urgencia de despenalizar y legalizar el aborto como así también de capacitar y equipar a los efectores de salud para dar respuesta a esta enfermedad. En nuestro país tenemos el privilegio del invierno que demorará el avance del mosquito, pero en los países más afectados de América Latina el clima juega en contra. Igualmente tenemos gran preocupación ante las declaratorias de varios gobiernos de la región que han aconsejado a las mujeres evitar quedar embarazadas hasta que se comprenda y controle mejor el virus (por ejemplo, en Colombia se propuso posponer el embarazo de seis a ocho meses, en El Salvador hasta el año 2018 y en Jamaica de seis a doce meses). En nuestra región más de la mitad de las gestaciones no son deseadas/buscadas y hay un alto índice de violencia/abuso sexual. Por eso, las recomendaciones de los gobiernos para posponer los embarazos, sin ampliar el acceso a la anticoncepción y al aborto seguro, no son razonables”, enfatiza Marta Alanis, integrante de Católica por el Derecho a Decidir de Argentina y del Comité Asesor del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación. Ella pide el acceso universal a las pruebas para detectar el virus del zika en etapas tempranas del embarazo y a las tecnologías diagnósticas para la evaluación fetal. A su vez, anuncia que se va a volver a presentar el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso de la Nación. “El virus del zika llega en un momento de transición política donde se achica el Estado y se han despedido integrantes del Programa de Salud Sexual. Si el virus avanza las consecuencias pueden ser nefastas para las mujeres y para las familias”, advierte Alanis.
Esteban Paulón, Subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de Santa Fe apunta: “La Organización Mundial de la Salud ha emitido recomendaciones para que los países, faciliten el acceso a los diversos métodos anticonceptivos y al aborto legal, seguro y gratuito, a fin de evitar las malformaciones en niñas y niños recién nacidos, tal como ha sucedido con los más de 4.000 bebés que han nacido con microcefalia. Sin embargo, las resistencias políticas e ideológicas por parte de numerosos gobiernos de la región a garantizar las salud integral de las mujeres muestran la cara más brutal de la hipocresía y el cinismo con que, bajo la falsa bandera de defender la vida, se sigue sometiendo a las mujeres latinoamericanas a la confiscasión de sus cuerpos más aún en el marco de la fiebre que ha desatado el falso progresista Papa latinoamericano”. En ese sentido, la agencia católica ACI salió a negar que Francisco haya flexibilizado su posición por el zica y citan sus declaraciones dogmáticas: “El aborto no es un mal menor: es un crimen. Es echar fuera a uno para salvar a otro. Es lo que hace la mafia. Es un crimen, es un mal absoluto”.
En 2012 ya la justicia brasileña falló a favor del acceso al aborto legal en un caso de anencefalia que es una enfermedad inviable con la vida. En Argentina, en enero del 2001, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón a Silvia T. que pedía un parto adelantado o una cesárea en un embarazo de siete meses con diagnóstico de anencefalia y sin ninguna posibilidad de sobrevida. “Siento todo el tiempo el bebé y se que se va a morir”, le dijo Silvia T. a la periodista de Página/12 Mariana Carbajal que cubrió, en este diario, toda la crónica del caso. El máximo tribunal entendió su padecimiento y dictaminó: “Como elemento esencial de esta decisión, se ampara la salud de la madre, cuya estabilidad psicológica constituye un bien a preservar con la mayor intensidad posible dentro de los que aquí son susceptibles de alguna protección”. Ante un pedido de la abogada Perla Prigoshin se autorizó la inducción del nacimiento en una etapa avanzada de embarazo (más de siete meses) teniendo en cuenta que “adelantar o postergar el alumbramiento no beneficia ni empeora la suerte” del feto en gestación. Una década después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó un precedente vital: el fallo F.A.L por el cual los abortos son legales en casos de violación, riesgo para la salud (tanto emocional como física) de la madre o un embarazo inviable. También pidió que se conformen protocolos provinciales para que del derecho al hecho no haya trecho. Sin embargo, en algunos lugares, como la Ciudad de Buenos Aires (donde el funcionario que puso palos en la rueda es el actual Ministro de Salud de la Nación Jorge Lemus que renunció a su cargo porteño por la polémica desatada por los obstáculos a los abortos legales) se pusieron demasiados peros, como los plazos para la interrupción del embarazo, un largo vericueto ante comité de bioética –que pueden generar que las mujeres se sientan juzgadas, inhibidas o tarden demasiado y sean expulsadas al circuito clandestino- y tantos puentes para la objeción de conciencia que se pone en riesgo que no haya profesionales que garanticen la realización del aborto. Ante el nuevo desafío del zika es importante –como siempre, pero más que nunca- que se quiten piedras del camino.
La abogada feminista de Católicas por el Derecho a Decidir Soledad Deza, relata, sin embargo, que en Argentina todavía la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación encuentra distraída a sectores del sistema de salud. Las victimas de la indiferencia son las mujeres. El 15 de enero, de este año, N. –prefiere usar su inicial para preservar su identidad- se enteró, en Tucumán, que estaba gestando un feto anecefálico. Con un dolor que sintió como un torbellino sobre sus sueños de maternidad buscada, el 19 de enero, pidió, en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, de San Miguel de Tucumán, interrumpir el embarazo. La ley y el fallo F.A.L la amparan. Pero los médicos no. Durante veinticinco días tres profesionales le negaron la intervención apelando a la ilegalidad del aborto, que su dirección y la de la Maternidad no correspondían y que se podía producir un estallido del útero. “Poco importaba a la institución su autonomía y su derecho a decidir. Ya habían decidido por ella. Con su sufrimiento a cuestas “N” no se conformó y siguió pidiendo a la dirección del hospital que se ocupe de su salud y respete su derecho. Finalmente el aborto se hizo, pero luego de tres presentaciones escritas con patrocinio letrado y una denuncia en la línea 0800-222-3444 de Salud Sexual”, informa Deza. Más allá del resultado, no todas las mujeres tienen la decisión y el acompañamiento para saltear vallas en la carrera hacía su derecho, incluso, a hacer su propio duelo en paz.
El “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, del Ministerio de Salud de la Nación operativiza la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y le da derechos a toda mujer que sienta que la continuidad de su embarazo pone en riesgo su salud –física o psíquica – a pedir la interrupción del embarazo sin desangrarse sola o acostarse en una camilla sin garantías. La Argentina no tiene una ley de aborto legal, seguro y gratuito –la gran deuda de la democracia con las mujeres- pero sí permite los abortos legales. También el reparto de anticonceptivos es gratuito con variedad, cantidad y calidad –desde pastillas, preservativos, DIU, implantes subdérmicos para adolescentes y anticoncepción de emergencia para después del sexo con riesgo- en todos los centros de salud de todo el país. Pero, ante la amenaza de veinte despidos en el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable de las personas encargadas de atender la línea telefónica, pedir anticonceptivos, realizar capacitaciones, hablar con personal de salud y otras tareas la alarma se prende con más fuerza. Es hora de redoblar esfuerzos y no de disminuir recursos para que las mujeres tengan acceso a elegir si disfrutar del sexo sin ser madres o ser madres por elección.
Pero las peripecias de N. muestran que los derechos pueden ser letra muerta en cuerpos en riesgo si no interviene el Estado y el movimiento de mujeres. “El caso es sólo un recorte del trayecto sinuoso que recorren en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes de San Miguel de Tucumán, las mujeres con derecho a abortar. Sin embargo, alarma especialmente ahora que el Alto Comisionado de la ONU -Zeid Ra’ad Al Hussein – instó a los países de la región a garantizar el acceso al aborto en virtud del avance de la epidemia de zica. ¿Permitiremos como sociedad que el sector de la salud convierta a una mujer en féretro ambulante? La única respuesta ajustada a derecho es: no”, resalta Deza.
Otros obstáculos son los funcionarios anti derechos. La senadora bonaerense por el Frente para la Victoria Monica Macha cuestiona la designación de Alberto Díaz Legaspe al frente del Hospital Posadas ya que, en el 2010, se negó a realizar una interrupción voluntaria del embarazo a una chica violada de 15 años. “Una de las causas que habilita un aborto no punible es la certeza de estar frente a un embarazo inviable. La enfermedad del zica nos ubica frente a esta realidad. En este contexto, que Díaz Legaspe sea el director del Hospital Nacional Posadas, teniendo el antecedente de haberse negado a realizar un aborto no punible a una adolescente que sufrió una violación, nos genera una señal de alerta y un tremendo peligro para la salud y la vida de las mujeres”.
¿Cómo se aplicaría el acceso al aborto legal en Argentina en mujeres que, eventualmente, puedan contraer zica? En principio, una posibilidad es
plantear que afecta su salud mental. La colombiana Mazo detalla la estrategia colombiana: “Las mujeres embarazadas picadas por el mosquito transmisor del zika, podrían acudir al aborto por la causal salud (mental) pues si bien la microcefalia no es incompatible con la vida extrauterina sí constituye una situación compleja y traumática para la mujer, y por lo tanto, es legal el aborto en el caso que ella lo solicite”.
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