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Hay noticias que nacen cargadas de preguntas. Frustrantes. Esta semana detuvieron al femicida de Débora Díaz, su ex pareja, prófugo pero deambulando a la vista de todo el mundo en el barrio donde vive, y que desde diciembre, cuando ella volvió a denunciarlo (ya lo venía haciendo) y obtuvo una medida perimetral, él inició en rueda vecinal el anuncio de que iba a matarla. Brian Ezequiel Montenegro, el individuo en cuestión, siempre violentó a Débora de todas las maneras posibles, a solas y delante de sus tres hijos de 12, 7 y 1 año, como lo hizo la última vez, el domingo a la noche, acuchillándola en casa y frente a los chicos, que vieron con horror cómo su madre se arrastraba moribunda hasta la vereda. Un dato de color: la ambulancia tardó media hora en llegar al barrio de Villa Astolfi, en Pilar. Montenegro volvió caminando a la casa de su madre el martes a la madrugada, pero antes de poder rapiñar algo de dinero y buscar ropa limpia, fue detenido en un operativo especial de la Coordinación Departamental de Pilar, con 220 policías en acción. Las preguntas entonces, abruman. ¿Por qué durante dos meses, prohibición de acercamiento mediante, pudo hostigar a Débora y a sus hijos con impunidad, hasta matarla? ¿Por qué no hubo un monitoreo programado, policial y judicial, a partir de la denuncia realizada? ¿Cómo logró permanecer en el barrio durante casi tres días luego de cometer el femicidio? En ese contexto, como si todo esto fuera poco, se inscribe el cinismo de una medida desaforada, con el despliegue de 220 policías chocándose entre ellos para atrapar a un tipo que anduvo girando doscientos metros a la redonda. Fuentes de la fiscalía a cargo del caso dijeron a este diario que pese a que era tan frecuente que Montenegro violara la prohibición de acercamiento, sin embargo “ni la víctima ni sus familiares denunciaron la desobediencia del imputado a esa restricción perimetral que le prohibía acercarse” a menos de 500 metros. “La intención no es responsabilizar a la víctima por lo que le pasó, pero lo cierto es que en la fiscalía no se sabía que Montenegro solía acosarla pese a la restricción perimetral.” Y advirtieron que “si Débora Díaz hubiera vuelto a denunciar y contaba que Montenegro se acercaba a amenazarla con frecuencia, se le hubiera ofrecido un botón antipánico para conectarla de inmediato con la policía cada vez que apareciera”. Las declaraciones provienen de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Conexos a la Violencia de Género a cargo de Carolina Carballido Calatayud, un área judicial que gusta de abundar en cargas de prueba y conceptualizaciones estigmatizantes contra las mujeres. Por ese despacho pasaron los casos de Yanina González, Celina Benítez y Maira Belén entre otras que, como Débora Díaz, la fiscal deja entrever sin sutilezas que en el sistema judicial machista y heteropatriarcal al que parece encuadrarse, la revictimización de las mujeres es el camino. A la cárcel o a la muerte segura.

“En Pilar existe una connivencia institucional que permite el crecimiento de la tasa de femicidios y la concentración de hechos de violencias contra las mujeres. En la fiscalía de Carballido Calatayud también hay una mala o nula percepción de esa ruta crítica que atraviesan niñas, jóvenes y adultas, y esa desidia transmite un mensaje sumamente peligroso de que los femicidios son impunes”, lamenta María del Mar Ramón, referente de la organización Red de Mujeres, una iniciativa de la diputada provincial Lucía Portos, del Frente Para la Victoria (FPV), que articula en Pilar acciones de empoderamiento y capacitación para que las mujeres se armen de valor y sepan cómo actuar frente a las violencias de géneros.

Portos refiere en un comunicado la muerte de Débora Díaz como la muestra impiadosa de “otro femicidio en Pilar, donde la mujer había recurrido a todas las instituciones a las que tenía posibilidad y había activado todos los recursos que el Estado y la Justicia ponen a su alcance. Sin embargo, no es suficiente. Les exigimos a las víctimas que para no morir en manos de sus (ex) parejas, sean ellas quienes detecten la situación, quienes peregrinen por comisarías, fiscalías y juzgados explicando una y otra vez, aguantando los maltratos machistas y patriarcales, las burlas, la doble victimización. Se otorga un papel que dice que el hombre violento no se puede acercar, pero se acerca.” Nadie cree, sostiene la diputada, que la contundencia de las amenazas pueda convertirse en un síntoma fatal, en tanto sean las mujeres en situación de violencia quienes tengan que volver a las mismas instituciones que las maltratan, “mostrar el papel, contar que el tipo pasa por la casa y la insulta todos los días. Que incumple una medida que dictamina un juez. La policía nunca se lo lleva, porque a nadie le parece que sea tan grave. Nadie considera que incumplir una medida judicial para concretar una amenaza de muerte sea realmente grave. Y un día la amenaza se cumple.”

Ramón entiende que “nos enfrentamos a una barrera cultural, ideológica y política difícil de romper, porque al Poder Judicial le interesa poco y nada las capacitaciones en perspectiva de género, aunque en la Argentina cada semana mueran más mujeres por esta cuestión que las personas fallecidas víctimas del narcotráfico.” En los contextos más crudos, el sistema patriarcal y machista del que tanto se habla coloca sin excepciones en dificultades extremas: “O seguir en la situación de violencia y tratar de sobrevivir, o afrontar una serie de dificultades dantescas, asumiendo ellas mismas su realidad y responsabilizarse de seguir vivas, y luchar contra toda clase de obstáculos burocráticos para conseguir, finalmente y con gran esfuerzo, un papel que no termina resolviendo ninguno de sus problemas”.

En lo que va de de 2016, unas 28 mujeres fueron asesinadas como consecuencia de la violencia machista (no se incluyen femicidios vinculados y travesticidios), según el registro de femicidios que elabora el Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) a partir del relevamiento de medios digitales y gráficos de todo el país. Sin embargo, las partidas destinadas a afrontar este problema se mantienen muy por debajo de lo que la urgencia requiere. El presupuesto asignado para el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) para 2016 es de 87.629.846 millones de pesos, lo que representa un 0,0055 por ciento del presupuesto nacional y equivale a 4,25 pesos por mujer, según cálculos estimados en base a las cifras que arroja el Censo de 2010 sobre esa franja poblacional.

“Seguimos sin contar con políticas públicas que aborden la problemática de manera integral”, advierte Raquel Vivanco, coordinadora nacional de Mumalá. “El femicidio de Débora Díaz se suma a una larga lista de asesinatos de mujeres que podrían haberse evitado si el Estado se hubiera hecho presente para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de protección dictadas en su momento, evaluando el alto riesgo de la víctima.”

Desde ese movimiento denuncian la falta de presupuesto adecuado para la problemática, la no implementación de la Ley 26.485 de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, y exigen la declaración de emergencia por violencias contra las mujeres en todo el territorio nacional. “Hasta ahora, ninguno de los decretos de necesidad y urgencia que firmó Mauricio Macri expresa la mínima voluntad de que el Consejo Nacional de las Mujeres reciba una mayor partida presupuestaria, pese a que se haya nombrado a Fabiana Túñez al frente del organismo, cosa que saludamos en su momento. Desde la aprobación de la Ley 26.485 el presupuesto sigue siendo ínfimo, y en tanto no hayan políticas claras para desarrollar un plan a largo plazo que contemple la seguridad de las mujeres, el #NiUnaMenos siempre será una deuda pendiente.”

Por lo pronto, está previsto que al inicio de las sesiones legislativas las diputada nacional Victoria Donda , del frente Progresistas, pida con carácter de urgente que se convoque a una sesión especial en el Congreso para tratar el proyecto de emergencia por violencia contra las mujeres, que reclaman desde 2012. El año pasado, Donda, junto con el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana y MuMaLá, presentaron el informe “Deudas pendientes en la eliminación de la violencia contra las mujeres en la Argentina”, a seis años de sancionada la Ley 26.485, donde se remarcaba su falta de implementación. Del trabajo surgió que en todo ese período el presupuesto asignado al CNM nunca llegó a representar un dígito del presupuesto nacional total. De todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sólo 18 adhirieron a la norma. A la fecha no existen registros estadísticos oficiales centralizados sobre la magnitud de la problemática de la violencia contra niñas, jóvenes y mujeres adultas en el país, y es escasa la cantidad de casas refugio dependientes de los estados nacional y provinciales. “Ahora estamos a la expectativa de cómo continuará el Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres”, concluye Vivanco. “Creado por ley y bajo la órbita del CNM, es una herramienta fundamental para obtener estadísticas que nos brinden una real magnitud del fenómeno en todo el territorio nacional.”

Débora Díaz nunca dejó de ser una rehén de su pesadilla, con la responsabilidad de hijos a cargo, el peso de mantener una fuente de trabajo y el coraje de rechazar los embates de un violento que ya había decidido el final. María del Mar Ramón insiste en que la falla, una vez más, es del sistema al depositar “todo el peso” sobre los hombros de la víctima. “Las incentivamos a hacer una denuncia en lugares de recepción de por sí violentos y revictimizadores. Si llegan a carecer de fuerza para llevar adelante todo el peregrinaje, entonces no son buenas víctimas o les gusta la violencia, o son boludas. Les ofrecemos una serie de medidas que las mantienen cautivas y aterradas. Pero a los hombres los dejamos libres: siguen violando las perimetrales, amenazando y manipulando a lxs hijxs en común hasta matarlas. Las mujeres cumplimos con lo que nos toca: nos unimos, armamos red, sabemos nuestros derechos, nos ayudamos y contenemos. Queremos que alguien cumpla con la parte de lidiar con los violentos y no esperar el femicidio para que sean tomadas en serio las amenazas.”