[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Yo soy una jalqueñita, que vivo en las cordilleras. Pasteando mis ovejas en neblina y aguacero (…) Por defender mis lagunas, la vida quisieron quitarme. Ingenieros, seguritas, me robaron mis ovejas, caldo de cabeza tomaron, en el campamento de Congo. Si con esto, adiós, adiós, hermosísimo laurel, tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer”. Con la voz cargada, los ojos vidriosos, así decidió recibir el premio Goldman la peruana Máxima Acuña, de 46: entonando un huayno que acaso sintetiza su lucha de tantos años. El auditorio, de pie, evidentemente emocionado ante esta campesina que no necesita saber leer o escribir para dar pleno sentido a conceptos como dignidad, coraje, lucha… “Defendió exitosamente su derecho a vivir en paz y vivir de su propio terreno, codiciado por las empresas mineras Newmont y Buenaventura. Impidió la entrada al Proyecto Conga (minero, de explotación de oro y cobre) a La Laguna Azul, una cuenca importante”, sintetiza la organización detrás de la distinción, esgrimiendo las razones que le han valido a Acuña la estatuilla y un fuerte aplauso cerrado.

El premio, por cierto, lo otorga la Goldman Environmental Foundation, con sede en San Francisco, desde 1989, con el finísimo fin de destacar anualmente la notable tarea de personas que pelean por preservar el medioambiente y promueven el desarrollo sostenible en distintas regiones del mundo. A menudo referenciado como el “Nobel Verde”, solo el pasado año ha ido a parar en las más que dignas y valiosas manos de personajes como Berta Cáceres, reputada ecologista hondureña que organizó al pueblo lenca -mayor etnia indígena del país- para frenar un polémico proyecto hidroeléctrico, logrando incluso que el Banco Mundial y la gigantesca firma china Sinohydro retiraran su apoyo a la mentada empresa. Cáceres logró torcerle el brazo a Goliat, pero el precio que le tocó pagar fue demasiado alto: el pasado 3 de marzo un grupo de hombres armados irrumpió por la noche en su hogar de la Esperanza, Intibucá, mientras ella dormía, y la mató a sangre fría, generando conmoción e indignación en la comunidad internacional.

Desde su Perú natal, la flamante galardonada Máxima Acuña también es blanco de constantes amenazas que, en muchos casos, se concretan. Alcanza con recordar el primer intento de desalojo, en 2011, cuando empleados de seguridad de la minera y la propia policía local golpearon a la campesina y a una de sus hijas hasta el desmayo. Desde entonces, le han destruido parte de su casa, robado decenas de cuyes, devastado un sembrío de papa, asesinado a dos de sus perros… También instalaron una caseta de vigilancia frente a su hogar. “Nos dicen que si no salimos por las buenas, nos van a sacar muertos para quedarse ellos. Mi vida y la de mi familia no están protegidas. Está totalmente en riesgo porque es posible que nos desaparezcan”, esgrimió los pasados días, al alertar que hubo disparos cerca de su casa, en el predio Tragadero Grande ¿La reacción del gobierno local? ¿De la policía? Hacer oídos sordos. En palabras del diario El País: “Una medida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó en 2014 al Estado peruano que dé protección a Máxima, pero la comisaría más cercana está a dos horas y media y no se ha hecho efectiva. La policía acudió en la madrugada del lunes a verificar lo sucedido y dijo que no encontró ningún proyectil”.

Para quienes no estén al tanto, unas notas sobre su obra, ciertamente ejemplar: Acuña, que vive en Cajamarca, a 4 mil metros sobre el nivel del mar, cultiva papas, col, manzanas, valeriana, también plantas medicinales, y se dedica al pastoreo en sus 23 hectáreas. Desde 2011, mantiene además una contienda con la segunda empresa minera de oro más grande del globo, la mencionada Newmont Mining Corporation, que obtuvo un permiso para extraer el material precioso en los terrenos de Máxima. Terrenos que ella compró a la Comunidad de Sorochuco con todas las de la ley, en 1994. Empero, Newmont asegura haber comprado el predio en el ’96, razón por la cual ha acusado a MA y a su familia de usurpación. De hecho, los Chaupe-Acuña perdieron dos juicios en la corte provincial, siendo sentenciados a casi tres años de prisión. Por fortuna, lejos de dejarse amedrentar, apelaron, logrando dos resoluciones favorables en primera y segunda instancia. La contienda judicial sigue; las tierras de quien deviniese “símbolo de resistencia contra el proyecto minero” todavía peligran.

“En 2011 nos dimos cuenta de que pocos defendemos el agua y la tierra, y a muchos que están por el oro y quieren destruir la naturaleza no les interesa la vida de sus hijos pequeños, no toman interés en el futuro de ellos, pero a nuestra familia sí”, declaró la doña en entrevista con el medio ibérico, en referencia a cómo, en caso de prosperar el Proyecto Conga, se hubiesen secado la Laguna Azul, ubicada en su predio. “Estoy defendiendo los derechos que a mí me corresponden, no soy una invasora y no por ser una campesina voy a dejar que me arrebaten mis derechos”, expresó entonces la magnánima Máxima, quien -a pesar de haberse vuelto foco de atención de medios del globo- teme que el reconocimiento recrudezca los embistes contra su persona. Así y todo, no planea aminorar la marcha: “Sí, temo por mi vida, pero yo y mis hijos continuamos en la lucha firmes para siempre (…) Si perdiera mi tierra, ya no serviría y ya no sería una persona, como si estuviera ahí muerta. Esta es mi tierra y yo no puedo vivir sin el agua. Yo vivo en mi campo, yo lo quiero, lo amo”.