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El Concejo Nacional de las Mujeres presentó, el 26 de julio pasado, una planificación para implementar la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. El Plan Nacional de Acción contra la Violencia contempla un desarrollo de dos años, entre el 2017 y el 2019, y tiene asignado un presupuesto de 750 millones de pesos. Las medidas más significativas son la finalización y construcción de una Red Federal de Hogares; la implementación de tobilleras electrónicas para monitorear que los agresores no violen las ordenes de restricción de acercamiento; reforzar la obligación de dar contenidos contra la violencia de género desde el nivel inicial al secundario, que ya están en la Educación Sexual Integral; sumar capacitaciones en la justicia, la educación y las fuerzas de seguridad, otorgar a las víctimas un celular que pueda avisar al 144 que están en peligro con solo accionar su brazo y regular el patrocinio jurídico gratuito para las mismas.

El Plan contempla muchas de las medidas que fueron exigidas el 3 de junio del 2015 en la multitudinaria marcha de Ni Una Menos -como las tobilleras electrónicas para monitorear agresores- y es una consecuencia de los reclamos en la calle del movimiento de mujeres para exigir políticas públicas que protejan la vida y la integridad de las mujeres.

La Presidenta del Concejo Nacional de las Mujeres Fabiana Tunez destaca entre las acciones del Plan: “El uso de tobilleras para los agresores va a marcar diferencia porque van a ser monitoreados. Si se la sacan ya va a ser tomado como causal de detención y si violan la restricción de acercamiento un mensaje les va a advertir que no pueden hacerlo. Van a estar conectados con fuerzas de seguridad locales para que puedan ser detenidos y la información (sobre su accionar) va a poder ser incorporada a la causa. Además, se realizarán capacitaciones en cada ciudad. A los agresores se los va a controlar y a las mujeres se les dará una aplicación en su celular que les va a avisar si el agresor violó la medida cautelar y solo sacudiendo con cierta intensidad el teléfono va a sonar en el 144 y a otros dos teléfonos que van a depender de cada localidad. Este año vamos a hacer un plan piloto en Salta, Tucumán, Córdoba y la Provincia de Buenos Aires para calibrar la incursión tecnológica y se va a poner en marcha en el 2017”.

Durante el gobierno anterior se comenzaron a construir veinticinco hogares, en todo el país, que, en este año, van a ser terminados para poder utilizarse. La iniciativa contempla que se levanten otros treinta y seis hogares de protección integral. El objetivo no es que sean solo para las mujeres que viven en el lugar, sino que también una mujer que prefiere o necesita mudarse de pueblo para no estar en peligro pueda vivir, durante un tiempo, en un refugio, lejos del agresor. “Con la Red Federal de Hogares cambiamos el paradigma de depósito de mujeres para que sean ámbitos de fortalecimiento y formación. La idea es que tengan capacitaciones, diferentes según la zona del país donde vivan, y desarrollen microemprendimientos impulsados por microcréditos, cuando salgan del refugio”, asegura Tuñez. Otra de las iniciativas es que las víctimas cuenten con acompañantes para superar los obstáculos del sistema que les dice que denuncien, pero después las culpa y las deja solas una y mil veces en el largo proceso de salida de la violencia. También se va a poner en marcha un Programa de Reeducación para Varones Violentos.

Un punto central es el presupuesto. El Plan Nacional de Acción contra la Violencia tiene asignados 750 millones de pesos, por única vez, para la construcción de hogares y aplicación de políticas destinadas a la ejecución de las metas contempladas. El presupuesto del Concejo Nacional de las Mujeres es independiente de estos fondos y todavía no está decidido con cuánto dinero contará a partir del año que viene para la defensa de los derechos de las mujeres.

La diputada nacional Carla Carrizo (UCR) opina sobre el presupuesto: “La ley 26.485 no estableció un piso mínimo de asignación presupuestaria para la implementación de políticas y el Plan resuelve, en parte, este vacío porque los 750 millones previstos sólo para las políticas específicas que dependen de este organismo podrán monitorearse en las sesenta y nueve medidas y ciento treinta y siete acciones previstas en el Plan, en un marco temporal de tres años. ¿Mucho o Poco? Es la tarea pendiente que debe comenzar a darse en Argentina cuando se debata anualmente el presupuesto en el Congreso. Porque lo cierto es que hasta ahora no hay en Argentina una práctica de evaluación presupuestaria que contemple la asignación de la inversión en políticas de equidad de género en el ámbito de todas las áreas de gestión vinculadas a políticas de prevención y abordaje contra toda forma de violencia de género”.

La necesidad de enseñar a chicos y chicas su derecho a no sufrir abusos sexuales, maltrato, ni violencia por parte de familiares, adultxs o novias y novias es urgente y la mejor herramienta de prevención. Los manuales de Educación Sexual Integral (ESI) contemplan la prevención de la violencia de género. Igualmente, el Plan contempla una asignatura para prevenir la violencia machista que no implica que se retroceda, sino que se avance a paso firme. “Se pide el fortalecimiento. No desaparece el ESI. No vamos a desmerecer ni sacar lugar a la educación sexual integral. Le vamos a dar un refuerzo necesario, por lo menos, por unos años. En el jardín se va a tomar un modelo sueco con juegos no sexistas para eludir los estereotipos de género. Hay que capacitar a los docentes y se va a aplicar, en su totalidad, en el 2018. Es un refuerzo”, explica Tuñez.

Mientras que Estela Díaz, Secretaria de Igualdad de Género de la CTA Nacional advierte: “Es importante la voluntad de cumplir con un aspecto central de la ley de violencia que es la creación de un Plan Nacional de Violencia. No obstante, es innegable que nos encontramos en un contexto de debilitamiento de las políticas públicas que conspira con algo que es vertebrador del plan: la articulación de las políticas de manera inter-ministerial y con alcance federal. Hay inconsistencias evidentes: el eje educación propone generar contenidos de género para docentes. Esto está desarrollado, planificado y con programa en la Educación Sexual Integral y ese programa se está desmantelando y a los más de ochenta mil docentes formados en la materia no se los está convocando para continuar con este trabajo”.

El objetivo central es terminar con la violencia en todas sus formas y proteger la vida de las mujeres. ¿Se va a terminar con los femicidios?. “No van a disminuir los femicidios de un día para el otro, pero ahora, por primera vez, estamos encaminadas y eso va a tener una repercusión. La reforma educativa y la capacitación van a llevar un tiempo. No vamos a terminar con los femicidios el año que viene, pero hay que garantizar que una mujer desde Ushuaia a La Quiaca tenga las mismas posibilidades de acceso que hoy no la tiene y que las medidas cautelares para proteger a las victimas no sean un papel”, subraya Fabiana Tuñez.

La periodista de género e integrante del colectivo Ni Una Menos Florencia Alcaraz afirma: “Es un buen plan. Es interesante que se haya recogido la propuesta del monitoreo electrónico de los agresores que era una de las propuestas que se hicieron en la primera convocatoria de Ni Una Menos. Pero sigue siendo preocupante que no contemos con estadísticas oficiales. El diagnóstico del Plan tiene como base los datos de La Casa del Encuentro. El trabajo de las organizaciones es fundamental pero necesitamos números oficiales. No sabemos qué pasó con el Registro de Femicidios que se había anunciado desde la Secretaria de Derechos Humanos en la gestión anterior.

Otro punto que preocupa es que se anuncia para el 2017: ¿Qué pasa con las víctimas este año?”.

Alcaraz cree que no se trata solo de mirar con lupa, sino de levantar la mirada a la implementación global de políticas públicas a favor (o no) de las mujeres: “La propuesta de un Plan tan grande contrasta con el recorte de otros programas como el Programa de Salud Sexual y Reproductiva (del Ministerio de Salud de la Nación), los despidos de trabajadores y trabajadoras en áreas vinculadas a la temática y, sobre todo, a la prevención con un gobierno que no puso en marcha todavía la ley de Patrocinio Jurídico Gratuito que se aprobó el año pasado. Entonces el contexto en el que se anuncia el Plan nos obliga a estar atentas y alertas monitoreando cómo se implementa y que no quede en un anuncio rimbombante”.

Por su parte, Monique Altschul, Directora Ejecutiva de Mujeres en Igualdad destaca: “Veo al Plan Nacional como un intento importante de transversalizar el tema de la violencia y, a la vez, articular las distintas áreas: salud (fortaleciendo el Programa de Salud Sexual y Reproductiva); educación (incorporando la perspectiva de género del nivel inicial hasta la educación superior); trabajo (con una mención necesaria de las políticas de cuidado); comunicación (tomando en cuenta a mujeres con discapacidades, de pueblos originarios, mujeres migrantes, adultas mayores). El Plan propone para cada área numerosas medidas y acciones, algunas novedosas, como el uso de tobilleras. Lo veo con optimismo, aún sabiendo las dificultades que deberá superar el equipo del Concejo Nacional de las Mujeres y la sociedad civil que tanto esperamos de este Plan Nacional”.

Desde la CTA, Díaz cuestiona: “Hay algo que excede al plan de violencia: en un contexto socio-económico desfavorable para los sectores populares y las mayorías no favorece la construcción de autonomía y desarrollo de proyectos personales que son las base de lo que necesitan las mujeres para vivir una vida libre de violencia”.

Mientras que, más allá del Plan, Rosi Castro, de Mamá en Línea, plantea más demandas, desde una carpa en el Congreso de la Nación, en donde pide justicia por el femicidio de Micaela Ortega, que el 4 de agosto hubiera cumplido 13 años: “Reclamamos la campaña de prevención de grooming y la derogación de las salidas transitorias para abusadores sexuales y asesinos. Esperamos la decisión política para salvar a nuestros hijos”.

El 1 de agosto se encontró el cuerpo de Gabriela Villarroel, que tenía 18 años, y había desaparecido el viernes. El prefecto Néstor Quintana confesó que la mató y dijo donde se encontraba su cuerpo envuelto en bolsas de basura. Gabriela era la sobrina de su pareja. La Coordinadora Nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) Raquel Vivanco, remarca: “No podemos esperar más tiempo. Necesitamos menos anuncios y más políticas públicas. De lo contrario seguiremos lamentando más muertes de mujeres”. Verónica Catinari, coordinadora porteña de MuMaLá critica: “A una semana del anuncio realizado por el gobierno nacional de Mauricio Macri acerca de la ejecución del Plan Nacional de Acción contra la violencia hacia las Mujeres, que tendrá inicio en el 2017, necesitamos que el Estado ejecute las leyes vigentes y garantice nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia. Lejos de esto en la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires la Dirección de la Mujer esta sufriendo un serio vaciamiento. Dijimos ??Ni Una Menos? y fueron muchas más. ¿Hasta cuándo?”