[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Como siempre, los ojos de Mirta Tejerina se llenaron de lágrimas después de leer la carta de su hermana, detenida desde hace un año y seis meses en el penal de mujeres de Jujuy. Tomó el papel arrancado de un cuaderno, el megáfono y en las puertas de la casa de su provincia, acá en Buenos Aires, en plena avenida Santa Fe, hizo foco sobre la letra infantil. “Sé que la Justicia sigue ensañada conmigo y por ende con todas las mujeres violentadas por esta Justicia que no comprende el dolor y el sufrimiento de cada una de nosotras. Me parece que la pesadilla que empezó cuando me violaron no tiene fin.” Romina es la joven que mantuvo en secreto el embarazo producto de esa violación, que parió sola en el baño de su casa y mató a su hija porque en ese mismo momento vio en ella “la cara del violador”. Está procesada por homicidio agravado por el vínculo y hasta ahora el juez Argentino Juárez, que entiende en su causa, no ha tomado en cuenta ni el estado puerperal ni el síndrome de estrés postraumático que sufría después de haber sido ultrajada, datos que surgen de distintas pericias que no se aceptaron en el expediente. Desde que está detenida Romina no ha podido estudiar y tampoco se atiende adecuadamente su salud, dañada por las mismas maniobras con que ella intentó interrumpir un embarazo que sólo le traía a la memoria el momento de la violación. El violador, en cambio, claramente identificado, fue sobreseído rápidamente, cuando Romina hizo la denuncia era tarde para rastrear pruebas. Mirta Tejerina es la más activa portavoz de los reclamos de su hermana, aunque eso le haya costado dejar la docencia por trabajos administrativos y ya no pueda organizar trabajos sobre la violencia de género porque las autoridades escolares consideran que sólo sirven para que ella haga política. El martes estuvo en Buenos Aires para reunirse con el presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Intenta que vuelva a incluirse en el Código Penal la figura del infanticidio, que contempla las alteraciones que se producen en las mujeres durante el estado puerperal, sobre todo en situaciones de estrés como las que vivió Romina. Pero ella dice que la visita le sirvió también para otras cosas: para traer los pañuelos violetas que Romina hizo en la cárcel para pedir por su libertad, para “recargar pilas” en compañía de las organizaciones sociales que le dan apoyo en su reclamo. Ahora sólo esperan que el juicio oral comience, tal vez entonces, cuando la voz de su hermana pueda ser escuchada, los jueces puedan ver a las personas más allá del Código. Puedan verla a Romina, violada, avergonzada, encerrada en una trampa de la que todavía no puede salir.


Variaciones sobre la responsabilidad
La protección y la promoción de la vida humana desde la concepción, la promoción del desarrollo integral de la familia y la autonomía de las personas y de la salud individual y familiar son algunos de los objetivos de la ley de Sexualidad Responsable que la Cámara de Diputados de la provincia de Salta aprobó el miércoles de esta semana, tras un debate en absoluto menor. La iniciativa –que había sido tratada y aprobada en mayo por la Cámara de Senadores provincial, y que viene dando vueltas en el ámbito legislativo desde 1999– prevé la entrega de anticonceptivos y la difusión de información sobre salud sexual en centros educativos y de salud, a la vez que habilita una partida presupuestaria especial para que se cumpla su aplicación. Todos los métodos suministrados deberán ser reversibles, no abortivos y transitorios, y las y los beneficiarias/os deberán ser informadas/os de “las ventajas y desventajas de los métodos naturales y los aprobados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías”. Sin embargo –y ante el temor de que las y los defensores de la ley divina puedan sentir alguna ofensa–, por si todas esas prevenciones no alcanzan a demostrar el alineamiento obediente con las máximas vaticanas, la ley también prevé que los médicos pueden prescribir todos los métodos anticonceptivos autorizados y también ejercer el derecho a la objeción de conciencia.