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Cada vez que el derecho al aborto se pone en la agenda pública, las voces suenan tan airadas que el debate se convierte en un diálogo de sordos. De eso no se habla, salvo cuando la época electoral amerita sacar el tema como una estaca útil para herir de muerte la campaña de alguna candidata. Sucedió cuando Graciela Fernández Meijide tuvo pretensiones de gobernadora en la provincia de Buenos Aires y todavía resuenan en los pasillos del Senado las impugnaciones a Carmen Argibay cuando se trataba su postulación como miembro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo podía impartir justicia una mujer que hacía lugar a las dudas de la ciencia sobre el comienzo de la vida?, se desesperaban sus detractores, en general radicales militantes de la derecha católica que hoy son capaces de sentenciar a millones de jóvenes a la posibilidad de infectarse con vih sólo porque creen que repartir preservativos es alentar la promiscuidad y otras tantas bajezas que sólo ellos son capaces de imaginar.
Hay otras pocas ocasiones en que el derecho a interrumpir un embarazo se convierte en tema de debate público: casi siempre merced a una tragedia personal –la muerte de mujeres después de maniobras desesperadas–, o un pedido de auxilio –niñas embarazadas después de una violación, casos de anencefalia– que se demora y se ralenta en la maraña judicial mientras la tragedia sigue su curso. Y también, cada tanto, alguna mujer valiente se apropia de su experiencia y dice que abortó, que tuvo que hacerlo pero que además pudo hacerlo, en condiciones dignas, que es un privilegio de algunas, del 90 por ciento de las mujeres urbanas con recursos y de menos del 30 por ciento de las mujeres rurales, por ejemplo.
En este marco, el dato de que el 63 por ciento de la población mayor de 18 años residente en el área metropolitana de Buenos Aires está de acuerdo con la despenalización del aborto es tan contundente que las palabras sobran. En todo caso, es necesario decir que surge de un estudio de opinión pública que el Centro de Estudios de Estado y Sociedad le encargó a la consultora Knack en julio de este año, que el tamaño de la muestra es de 300 casos y que entre los encuestados hay un 53 por ciento de mujeres y un 47 de varones. Que la mayoría –58 por ciento– están casados o en pareja; el 54 por ciento tiene un nivel socioeconómico medio; el 34 por ciento, bajo y el 12 por ciento, alto. Casi el 90 por ciento cree en Dios, lo que no impide que el 91 por ciento esté de acuerdo o muy de acuerdo en que mujeres y varones tengan la posibilidad de decidir libremente cuántos hijos tener y cuándo.
Hay otros datos que llaman la atención de esta encuesta, sobre todo en este momento en que el Senado está discutiendo sobre dos proyectos que contemplan la despenalización del aborto en casos de violación. Según el estudio encargado por el Cedes, el 88 por ciento de los encuestados está de acuerdo con esta posibilidad. La ligadura de trompas o la vasectomía tienen un nivel de acuerdo igual de impresionante: el 88 por ciento, cuando las personas están debidamente informadas.
La información parece ser un valor muy preciado para quienes vivimos en el área metropolitana de Buenos Aires: casi la totalidad –98 por ciento– de quienes contestaron el estudio está de acuerdo con que la educación sexual forme parte de los planes de estudio de todas las escuelas secundarias y el 97 por ciento cree que esto contribuiría a que los jóvenes tengan una vida sexual más responsable y segura. Así, una mujer apropiadamenteinformada tiene derecho a interrumpir su embarazo con medicamentos, según el 61 por ciento de los consultados.
Los datos son tan contundentes como las cifras que dejan como residuo la indiferencia en relación con la principal causa de muerte –35,9 por ciento– de gestantes en Argentina: el aborto clandestino. ¿Hasta cuándo?