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Por Roxana Sandá

Por algún motivo particular, y aún hoy difuso, abandonó el hospital donde estaba internada tras parir a su bebé sin un permiso que avalara esa decisión. Probablemente una necesidad perentoria o la urgencia de sus 14 años la empujaron a salir “un rato” del edificio para después volver porque, claro, su hijo seguía allí. Poco importó el argumento repetido más tarde a policías que la interrogaron en la calle: resolvieron su detención por “vagabundear” y la trasladaron a la Comisaría de la Familia de Adrogué, único sitio en toda la Delegación Departamental de Lomas de Zamora destinado a alojar a mujeres, niñas y adolescentes. Fue a parar a una celda pese a las pérdidas de sangre que presentaba y muy a pesar de su desesperación por volver al hospital, “porque tenía que estar con el nene”. No lograba entender que se negaran a concederle ese derecho esencial y la obligaran a permanecer entre rejas durante más de 24 horas sin respuesta alguna.
El empecinamiento por retenerla tenía un motivo: ninguno de los funcionarios policiales y judiciales a cargo del caso se animaba a decirle que –según confirmaron en el hospital– su bebé había fallecido horas antes, a raíz de una descompensación.
Más allá de la gravísima violación a los derechos humanos que el hecho reviste, y que merecería abrir un capítulo aparte para su abordaje, lo cierto es que la presencia de niñas y adolescentes en comisarías se planta sobre un territorio pantanoso, de revictimización en la mayoría de los casos, ya que aproximadamente un 80 por ciento de las menores son privadas de su libertad por motivos asistenciales, amparados en la vigencia del decreto Ley 10.067, una norma aprobada durante la dictadura militar que los operadores aún utilizan para regular los derechos de la infancia, desconociendo garantías elementales de orden constitucional.

Los delitos
En lo que va del 2004, un total de 206 niñas ingresaron a comisarías bonaerenses por motivos penales o asistenciales, permaneciendo allí entre 24 y 48 horas; 29 fueron detenidas e imputadas por delitos graves como homicidio, homicidio en ocasión de robo, robo agravado o calificado; 177 son chicas detenidas por delitos leves, figura que al menos en los listados internos de las instituciones intervinientes incluye los ingresos por motivos asistenciales. Hasta la fecha, 27 menores ingresaron a comisarías “a disposición” de la Justicia; 42 por artículo 10 (causas asistenciales); 14 por captura; 15 por fuga de hogar y otras 9 detenciones por fuga de instituto.
Las cifras, según el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, registran una merma respecto del 2003, cuando ingresaron a comisarías 308 niñas y adolescentes; y del 2002, época en que el número ascendió a 466. Sin embargo, el hilo conductor que une a estos últimos tres años es lacantidad grosera de chicas detenidas bajo causas asistenciales. Así, en el 2003 ocurrieron 58 detenciones por delitos graves contra 250 por delitos leves –fugas de hogar en su mayoría (28); a disposición (48); por artículo 10 (46); captura (18), y fuga de instituto (18)–. En tanto que el 2002 registró 103 ingresos por delitos graves y 363 por delitos leves –57 a disposición; 99 por artículo 10; 51 por fuga de hogar y 33 por fuga de instituto–.
En la maraña de interrogantes (y de números), no resulta descabellado preguntarse por la relación inversamente proporcional entre la cantidad de ingresos a comisarías en los últimos años y el número de detenciones en determinados ítem.
“En la actualidad, los chicos y chicas que ingresan al sistema penal mantienen la misma plataforma en cuanto al número de menores que vienen ingresando al sistema penal, pero a eso se contrapone la cantidad ostensiblemente superior que puebla las comisarías. Por caso, mientras que en el 2003 se confirmó la presencia de unos 250 chicos en dependencias policiales, hoy se habla de unos 360. O los tratamientos no son los adecuados, o la policía y la Justicia responden a una sociedad que no quiere ver a menores en situaciones que consideran peligrosas para sí, por supuesto, y exigen que los mantengan lo más lejos posible y encerrados”, consideró la abogada Laura Taffetani, coordinadora del hogar Pelota de Trapo, en el sur del Conurbano.
La violación a la libertad de las menores no es el resultado de ambigüedades técnicas o decisiones arbitrarias sino la consecuencia de prácticas cotidianas en el seno mismo de la Justicia de la provincia de Buenos Aires, que salvo excepciones ha sostenido durante años la aplicación de normas lesivas. “La criminalidad impune llevada a cabo por las agencias policiales y de ‘minoridad’ se halla vinculada con los poderes discrecionales que las agencias políticas les han adjudicado, la cobertura ideológica que suministra un falaz, criminal y criminógeno discurso de la seguridad y la ausencia de una firme actitud institucional de una agencia judicial que además está entrenada para mirar hacia otro lado”, expresó el asesor de menores del Departamento Judicial de San Isidro, Carlos Bigalli. “Por su parte, el fenómeno jurídico no puede ser comprendido sin la utilización de tres herramientas conceptuales: vigencia, validez y efectividad de las normas. Por efectividad entiendo la aplicación de la norma por parte de las agencias estatales. A poco de andar, advertimos la existencia de normas válidas inefectivas y normas inválidas efectivas. En un estado constitucional social y democrático de Derecho es rol inexcusable de la agencia judicial la efectivización de los derechos humanos.”

La policía
En el territorio bonaerense, y en buena parte de las calles porteñas, el conjunto de derechos que deberían impermeabilizar a niñas y adolescentes cada vez que sobre ellas hacen foco policías, fiscales o jueces, es una entelequia, un universo donde no caben actitudes minimalistas o sutilezas: una adolescente sola en calle dura poco y sabe que antes de terminar en la negritud de la comisaría hay una cantidad de grises obligados a ensayar.
“Creo que a las comisarías llegan menos chicas que varones porque desde el momento en que son interceptadas por la policía en la calle se juegan factores por los que pueden llegar a ‘zafar’ de una detención. Las chicas ‘pagan peaje’ a través de su condición femenina y del propio cuerpo en infinidad de casos”, advirtió Gustavo Gallo, coordinador del área Legal y Técnica del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad. “Pero aun así, como en el caso de los varones, son víctimas de detenciones ilegales que se realizan sin ningún tipo de causa. Se trata de una vieja práctica policial de la época de los edictos y que pese a laautonomía de la ciudad y a la creación de la Ley 114, de protección integral del niño, se sigue exigiéndoles documentos a los pibes y se los lleva a la seccional para averiguación de antecedentes. El año pasado tuvimos 344 detenciones de este tipo, pese a que se trabaja con la policía para lograr cambios, pero cuesta mucho modificar esta situación.”
Brigadas femeninas, comisarías de la mujer o de la familia, las dependencias policiales bonaerenses reciben bajo un mismo techo a niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, a aquellas ingresadas por motivos asistenciales y a mujeres adultas detenidas por causas penales, en muchos casos a la espera de traslado a unidades carcelarias. Si bien las menores permanecen en espacios que las separan de las adultas y que las diferentes comisarías fueron improvisando para estos fines, comparten el baño, el comedor o la enfermería. Asimismo, el personal policial no está capacitado, salvo excepciones, para atender la complejidad de casos que se presentan.
En contraposición, el perfil de las menores de edad que ingresan en alguna comisaría de las 18 delegaciones departamentales de la provincia de Buenos Aires se recorta en los patrones comunes de una autoestima pulverizada. “La mayoría de las chicas que llegan a una comisaría están sumidas en el marco de la prostitución o atrapadas en un entorno familiar duro y cuidando a sus hermanos pequeños. En estas niñas no hay un estado de rebelión sino de carencias concretas como pobreza, desintegración familiar, ausencia de referentes. Son hijas de padres y madres abandónicos, que se encuentran en un estado de desprotección permanente y que a la larga van a repetir el modelo, porque ésas fueron sus matrices de aprendizaje”, detalló Liliana Grau, que integra el equipo técnico de la Subsecretaría de Minoridad en la Departamental Lomas de Zamora.
Por caso, esa delegación departamental, considerada una de las zonas “calientes” del delito junto con La Matanza, San Martín y Quilmes, registró hasta la fecha un ingreso promedio de 34 niñas y adolescentes en comisarías, contra 948 varones. En la Delegación Departamental La Matanza, el ingreso fue de 28 chicas y 311 varones; en Quilmes, 28 mujeres y 430 varones; en San Martín, 21 chicas y 392 varones. “Está claro que las detenciones tienen un sesgo importante hacia el sexo masculino, que concentra el 90 por ciento de los casos, pero no se puede soslayar que en estas infancias pobres el poder punitivo se encubre con la ideología tutelar”, manifestó Taffetani.
“Y hay que ser muy hipócrita para hablar de tutela en las pestilentes jaulas policiales”, remarcó Bigalli. “La confusión entre poder punitivo y Derecho penal ha posibilitado que los niños hayan salido del Derecho penal y permanezcan entrampados en el poder punitivo.”

Pinceladas
Algunas postales: la semana pasada, Patricia Bullrich estaba en un bar con dos amigos, y cuando uno de ellos vio que le faltaba la billetera, la ex funcionaria corrió por la calle a dos chicas de 13 y 14 años que pasaron por el local vendiendo trapos. Luego llamó a la policía y una suboficial las revisó y encontró la billetera, pero no el billete de 100 que había adentro. Una de las chicas lo tenía en la boca y se lo tragó. “Lo peor de todo es que con el sistema actual las chicas salen enseguida. Esa chica, dentro de unos años, va a ser jefa de banda”, dijo Bullrich versión 2004.
Algunas semanas atrás, dos chicas de 13 años fueron violadas varias veces por policías de dos comisarías de la ciudad entrerriana de Concordia, donde las adolescentes habían estado detenidas el fin de semana. La madre de una de ellas denunció que su hija y una amiga fueron demoradas en una de las seccionales, donde las violaron policías que luego las trasladaron a otra dependencia para volver a someterlas.A Agustina la detuvieron el lunes a la madrugada y a las 9 le programaron la audiencia con el fiscal. No tenía documentos, sólo lloraba mientras el defensor oficial Federico Stolte le explicaba “que tenía que usar sus documentos, sobre todo para trabajar en la calle”. Agustina se sentó frente al defensor y habló: “Yo no soy esa persona, no soy la persona que figura en los expedientes; miento. Miento porque no puedo decir la edad que tengo, yo tengo 15 años. Por eso no puedo mostrarle mis documentos a la policía”.
Chicas y chicos que viven en la villa 31 denunciaron ante el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes porteño que policías de la comisaría 32ª les prohibían salir de la villa cada vez que querían andar por la calle.
El primer discurso de legitimación del poder punitivo fue expuesto en un libro, Malleus Maleficarum, de 1487, escrito por dos dominicos, Enrique Institoris y Jacobo Sprenger, nombrados por el papa Inocencio VIII para ejercer la Inquisición en Germania. Se trata de la validación de un poder punitivo ilimitado ejercido sobre las mujeres. La mujer es inferior: por sus torpezas carnales, su falta de inteligencia, el defecto de su memoria, la “insaciabilidad de la boca de la vulva” (al no poder ser satisfecha por los hombres, tiene coitos con los demonios) y la circunstancia de haber sido creada a partir de una costilla curva.