Cuando las leyes tratan los derechos de las mujeres, salen mal: todas dan lugar a interpretaciones farragosas.” La abogada Nelly Minyersky, una de las participantes del seminario-coloquio de discusión Reflexiones y debates sobre el aborto, organizado por el Foro por los Derechos Reproductivos, supo que esa frase ponía el índice sobre la urgencia más caliente del encuentro, la del “aborto legal para no morir”, uno de los ejes fundamentales de la campaña lanzada el 28 de mayo de 2005: lograr que el Congreso Nacional derogue las disposiciones penalizadoras en la Argentina y sancione una nueva legislación que garantice a todas aquellas decididas a interrumpir un embarazo, atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país.

Es que las mujeres reunidas en el encuentro decidieron aprontarse para recorrer el 2006 con la certeza de que en la multiplicidad de disciplinas se enriquecerá el debate, y que las feministas que vienen trabajando a brazo partido desde hace décadas harán camino efectivo si comienza a articularse una ampliación de base y alianzas con las “camadas de jóvenes” que entusiasman a Minyersky, ya sea hacia el próximo Encuentro Nacional o en pos de la Campaña del 28 de Setiembre, por la despenalización del aborto en América latina y el Caribe.

“Me pregunto cómo se sigue ampliando el espectro de alianzas, sobre todo relacionadas con sectores de salud y Justicia: son los desafíos que se presentan en la actualidad. Creo que deben darse debates urgentes en relación a cuál proyecto de ley queremos presentar como campaña”, planteó Estela Díaz, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), a propósito del ir subiendo una cuesta repleta de obstáculos políticos e ideológicos, cuando no entre crisis, como señaló la socióloga Elsa Schvartzman sobre el tembladeral pos De la Rúa. “Entre 2001 y 2002 operaron cambios que tuvieron que ver con una mayor visibilidad de las mujeres de los sectores populares en relación con sus carencias y necesidades. En los barrios no sólo se dejaron oír sus voces de protesta frente a la borrachera de sus compañeros, también se empezó a señalar a los golpeadores, a los violentos.”

Porque la veintena de voces que se reunieron durante casi siete horas para discutir, oponer, reconsiderar y asumir los giros que fueron tomando los debates sobre el aborto desde 2003, en Rosario, donde se creó el taller Estrategias por el Aborto Legal y Seguro, consideran que es tiempo de arrancar compromisos inmediatos para obtener respuestas de largo aliento. “Creo que hay una deuda en cuanto al nivel de debates, no son suficientes. En ese marco debería analizarse que despenalización y legalización no están contrapuestos y que, a su vez, sólo por despenalizar no se garantiza el acceso al aborto legal y seguro. Las mujeres deben hacerse responsables de sus cuerpos, porque no sé si me interesa que sólo los médicos cambien o que los abogados tomen casos de violación de derechos reproductivos, porque eso depende mucho de que las mujeres asuman sus derechos”, replicó la psicoanalista Martha Rosemberg, en una especie de hilo en el que se fueron tejiendo diferentes tramas, como la “posibilidad de articularse con otros actores que plantean políticas de salud universales: debemos entender primero qué pasa en los servicios de salud, poner el cuerpo donde los sectores populares pelean por acceder a esas políticas”, a entender de la médica Graciela Biagini. “Si no avanzamos por abajo, se corta eso de que los derechos se conquistan, no se regalan.”

Perforar las rocas

En junio último, el Ministerio de Salud distribuyó un manual de instrucciones a todos los hospitales del país para mejorar la atención de mujeres que llegan con abortos incompletos. La Guía para el mejoramiento de la atención pos aborto se distribuyó entre los tocoginecólogos de hospitales públicos y regula el trato a las mujeres (“humanizado” y “libre de prejuicios”), sustituye el legrado por la aspiración manual endouterina e indica consejería en anticonceptivos antes que la paciente sea dada de alta. A casi un año de la distribución del manual, los médicos cumplen esta iniciativa muy a su pesar o directamente la ignoran y prefieren denunciar a esas mujeres, pese a que el texto dispone escucharlas “con el respeto a la confidencialidad que necesitan en esas circunstancias” o, en buen criollo, no denunciarlas a la policía. “Es que con los (protocolos) que tenemos no nos alcanza para toda la Argentina; aquí hay muchos países”, lamentó Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir. “Es necesario mirar hacia los lugares olvidados, como Tucumán, Corrientes o Santiago del Estero, donde hay mujeres presas por aborto, denunciadas por los propios médicos.”

Sobre la fecha de presentación del instructivo, la coordinadora del Area de Perinatología de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, Cecilia Lomuto, reveló en una entrevista radial que además de los 400.000 a 500.000 abortos estimados por año en la Argentina, “estamos seguros de que hay 90.000 ingresos de las mujeres en los hospitales públicos nada más; no tenemos los datos de los privados por complicaciones por abortos”. La mayoría de las mujeres que se realizan un aborto, concluyó Lomuto, son jóvenes de entre 20 y 30 años.

¿Hasta cuándo seguirán muriendo o poniendo en riesgo esas vidas? es una

pregunta de la Campaña 28 de Setiembre que sobrevoló las propuestas de la psicóloga Débora Tajer acerca de correrse del eje aborto-mujeres pobres y avanzar en un concepto de discusión más abarcativo, sobre “el aborto medicamentoso, una brecha a seguir explotando”, según entiende la ginecóloga Nilda Calandra, o las de la socióloga Susana Checa, una de las organizadoras del seminario, que observa la necesidad de un trabajo sostenido hacia los “profesionales cerrados”. Checa vino a añadir mayor complejidad al encuentro a partir del recién editado Realidades y coyunturas del aborto. Entre el derecho y la necesidad(Paidós, 2006), libro en el que compiló plumas y palabras de profesionales, académicas y militantes que exponen la situación del problema en la región desde la subjetividad femenina, la perspectiva de la legislación y la bioética, y las estrategias de despenalización y/o legalización en los últimos años en Uruguay, Brasil, Colombia y México.

El encuentro concluyó en el acuerdo tácito de estrategias para encarar “el mientras tanto” del que habló Minyersky, “hasta (conseguir) la ley”, frente a la cantidad de ejemplos obstaculizadores, como “los objetores de conciencia” que mencionó la abogada Leonor Vain –con la idea de hacerlos trastabillar con “directivas precisas que bajen a través de políticas públicas”–, ciertos médicos del hospital Posadas que se negaron a colocarle el dispositivo intrauterino a una madre de 19 años por ser menor de edad, la difusión accidentada de pautas de atención post-aborto, o la circular del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires para impedir la venta del misoprostol por abortivo, según descubrió la socióloga María Alicia Gutiérrez, a partir de una investigación del Foro por los Derechos Reproductivos. “Lo que terminan logrando es que algunas farmacias no lo vendan, otras sí, y estas últimas lo cobren al doble de su precio.”

En el haber del encuentro quedó flotando el nombre del ministro de Salud porteño, Donato Spacavento, que por estos días analiza la posibilidad de crear espacios de consejería pre y post-aborto en la ciudad de Buenos Aires para actuar sobre el antes y el después, en el marco de una política de reducción de daños similar a la adoptada por el gobierno uruguayo en 2004, que obliga a médicos públicos y privados a asesorar a las mujeres que decidan interrumpir sus embarazos. La iniciativa local surgió a partir de la inquietud de un grupo de médicos de hospitales públicos de la ciudad que vienen advirtiendo un incremento del porcentaje de muertes maternas causadas por abortos realizados en condiciones inseguras.

Los últimos datos fehacientes sostienen que Uruguay registra una tasa de mortalidad materna de 28 por cada 10.000 nacidos vivos, mientras que en la Argentina la cifra es de 43 por 10.000. La mayoría de estas mujeres decidieron sobre sus cuerpos sin calidad de atención, pero sobre todo sin un Estado que genere las condiciones para garantizar el ejercicio de sus derechos reproductivos.