Si una de las preguntas fundamentales de toda acción política es cómo pasar de la declamación de consensos, acuerdos y demandas a los trabajos concretos, cotidianos, vale decir, cómo intervenir en la práctica con un pensamiento claro, podría decirse que el movimiento de mujeres está desarrollando una respuesta en Uruguay. Y también podría agregarse: el desafío al que se arriesga esa respuesta no es menor, porque implica una iniciativa nacional, proyectada en una planificación de mediano plazo, y que involucra áreas centrales del Estado y reconocimiento efectivo de demandas de la sociedad civil. De eso se trata el Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (Ppniod) que esta semana presentó públicamente la responsable del Instituto Nacional de las Mujeres, Carmen Beramendi (una política con reconocida militancia feminista que también ha tenido destacada militancia sindical): de poner en práctica los punteos de una agenda de género que se pretende transversal (en el sentido de atravesar todos los campos de la vida pública y privada), inclusiva (edad, género, clase social) y progresiva (por algo, claro, se llama “Primer Plan”). Aunque sus acciones, su planificación, recién empiezan a ponerse en marcha, en algún sentido su ejecución parece haber recogido los resultados de experiencias ajenas anteriores, de deseos presentes, de ambiciones futuras, y es que su diseño tiene algo de modelizante y, por eso mismo, de esperanzador.

En primer lugar, de dónde viene: el plan es responsabilidad del Instituto Nacional de las Mujeres, un organismo oficial producto de transformaciones importantes de los dos últimos años, en lo que a política de género refiere. Lo que era el Instituto de la Familia y las Mujeres, que dependía del Ministerio de Educación y Cultura, en 2005 se convirtió en el Instituto Nacional de las Mujeres, que pasó a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Sobre esa modificación (nada menor), Carmen Beramendi impulsó un replanteo del área que acababa de asumir, para destacar entre sus objetivos estratégicos el de “servir como institución guía en políticas de género promocionando, diseñando, coordinando, vinculando y ejecutando, así como monitoreando y evaluando, políticas públicas”. Desde allí fue que comenzó un proceso de consultas y debates con militantes y ONG del movimiento de mujeres, con funcionarias y funcionarios en actividad, con personalidades políticas, pero también con ciudadanas y ciudadanos que no participan habitualmente en organizaciones (algunas convocatorias callejeras realizadas entre octubre y noviembre de 2006, por ejemplo, comenzaban con llamadas de tambores, como las de carnaval); tres mil mujeres tomaron parte de la Asamblea Nacional de Mujeres que se organizó en diciembre para debatir y consensuar. Con todo ello se realizó un documento, y con él, la Ley de Promoción de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre Hombres y Mujeres, que el Congreso aprobó en marzo de este año, y que reclamaba al Inamu la realización del Plan Nacional de Igualdad.

En Uruguay, las cifras dibujan un panorama que no habla precisamente de paridad: las mujeres ocupan sólo el 10,8% de los cargos legislativos, el 17% de los ejecutivos locales (ediles) y el 23,1% de los altos cargos ejecutivos; el 31,95% de los delitos contra las personas son casos de violencia familiar (en el 86% las víctimas son mujeres), en el 30% de los asesinatos las víctimas son mujeres que padecen violencia, pero sólo el 1% del personal policial está asignado al tema; el desempleo afecta más a las mujeres que a los varones, y ellas cobran un 71% de lo que cobran ellos (curiosamente, en el área directiva la brecha es menor: 63%); el 60% de los hogares que reciben un plan de asistencia social está a cargo de mujeres; el 67% del tiempo de las mujeres se va en trabajo no remunerado y sólo el 33% en remunerado, en el caso de los varones es al revés. “Este conjunto de discriminaciones que afecta la vida de las mujeres tiene raíces muy profundas —ha reconocido Beramendi—, que tienen que ver con sistemas de creencias, con prácticas sociales, con ideas que la sociedad ha ido plasmando y construyendo y que tienen, luego, estas expresiones de discriminación. La sociedad uruguaya tiene un problema nacional en términos de desigualdad.” Por eso mismo revertir esa relación de géneros con implicancias políticas, económicas, sociales, no es sencillo, mucho menos si se recuerda una circunstancia histórica que, casi, termina por convertir la situación en paradójica: en 1932, Uruguay fue el primer país en reconocer los derechos políticos de las mujeres en América latina.

¿Cómo, entonces, con qué herramientas y en qué puntos se plantea el Estado comenzar a intervenir? El plan se da cuatro años para instrumentar los inicios de un proceso que implica, en realidad, el largo plazo. Entre este año y 2011, el plan busca trabajar a partir de tres líneas: el enfoque de derechos, el de género y el de adecuación de la administración pública. De allí que se proponga lograr que las mujeres conozcan sus derechos para poder ejercerlos (un objetivo que incluye fortalecimiento y descentralización de defensorías de oficio y la ampliación de servicios judiciales); capacitar a la policía en atención a mujeres víctimas de violencia, además de implementar un Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, que cree nuevos servicios y unifique los criterios de atención actuales; desarrollar medidas que puedan incidir en la distribución equitativa de responsabilidades familiares; capacitar a trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación en el uso de lenguaje no sexista y de imágenes no discriminatorias y recuperar la memoria histórica de las mujeres uruguayas, a través de acciones culturales. ¿Ambicioso? Tal vez, pero algunos de los primeros pasos pueden alimentar cierto optimismo.

En la administración pública, por ejemplo, Beramendi explicó que la capacitación del funcionariado público irá a la par de cambios en la aplicación del presupuesto; inicialmente en las empresas públicas, y luego en el sector privado, se aplicará “un proceso de certificación de calidad vinculado con la igualdad de oportunidades y derechos”. El Ministerio de Economía realizará una encuesta que demuestre la incidencia del trabajo no remunerado en el PBI. El Ministerio de Vivienda desarrollará planes “para mujeres en situación de vulnerabilidad social extrema”. A partir de las próximas elecciones, el financiamiento que el Estado concede a los partidos políticos estará supeditado a la igualdad de género en las listas de candidatas y candidatos. Y es que una de las fortalezas del plan es precisamente la que se desprende de estos pasos: no se trata de acciones que demanden un presupuesto extra de parte del Estado, sino una redistribución basada en la perspectiva de género.