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Por Clori Yelicic y Silvia Ausburger*

La despenalización del aborto constituye una propuesta del programa del Partido Socialista, aprobada en el Congreso de Unificación del pasado 14 de setiembre. El cumplimiento de esta medida significa evitar la muerte de muchas mujeres, mayoritariamente de bajos recursos, que llegan tardíamente a atenderse en el sistema de salud cuando sufrieron la complicación de un aborto realizado en condiciones inseguras. Es inadmisible que ante la posibilidad de ser denunciada o encarcelada, una mujer sea privada de la atención necesaria en un servicio de salud.
Cualquiera sea el motivo que lleva a esta práctica, el común denominador que subyace en la decisión de provocar un aborto es el embarazo no deseado. El aborto constituye una clara señal de un fracaso social; el fracaso en prevenir embarazos no deseados a través de la anticoncepción y el fracaso del Estado para cubrir las necesidades de planificación familiar.
Muchos son los países que respondieron a las exigencias de la democracia, y muy pocos los que conservan las leyes punitivas intactas, pero la mayoría está de acuerdo en que penalizar el aborto no soluciona el problema sino que obliga a su práctica en la clandestinidad, transformándolo en un acto que muchas veces se paga con la vida.
Aun en países más conservadores, obligados por una realidad que superó a sus tradiciones, debieron adecuar su legislación, en algunos casos despenalizando el aborto y en otros legalizando su práctica.
La práctica del aborto es una realidad y las estimaciones indican que en nuestro país se realizan alrededor de 500 mil por año. También se estima que entre el 35 y el 43 por ciento de las muertes maternas son consecuencia de complicaciones de abortos inducidos. Estadísticas del Indec informan además que en las mujeres de entre 15 y 19 años el aborto es la primera causa de muerte.
Tener hijos debe ser siempre una elección y nunca una condena, pero la hipocresía social obliga a mujeres y profesionales a actuar en la clandestinidad, corriendo el riesgo de muertes evitables o secuelas permanentes. La clandestinidad y la ilegalidad llevan a beneficiar a unos pocos, que hacen un negocio sumamente lucrativo basado en la necesidad de las mujeres.
Hoy, frente a la cantidad de casos de complicaciones post-aborto que llegan a los hospitales, muchos profesionales se enfrentan al dilema de elegir entre ser cómplices de sus pacientes o denunciarlas.
Según una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), publicada el 14 de mayo del 2001 en Página/12, ocho de cada diez ginecólogos que trabajan en hospitales públicos de Buenos Aires, están de acuerdo en que la despenalización del aborto reduciría la muerte materna.
Toda mujer que toma la decisión de abortar, lo hace con una terrible carga afectiva, incertidumbre y sentimiento de culpa, en ese marco es de esperar que el sistema de salud le brinde seguridad y protección, siendo la denuncia una forma despiadada de violencia institucional.
Se debe asumir el compromiso de atender este importante problema de la Salud Pública, para que se deje de utilizar al aborto como recurso anticonceptivo, haciendo efectivas las prestaciones y asistencias sobre planificación familiar. En la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de los escollos puestos por partidarios de ideologías retrógradas, la Ley 418 deSalud Reproductiva y Procreación Responsable establece una política eficaz tendiente a evitar los embarazos no deseados, que preceden al aborto.
Desde el punto de vista sanitario la despenalización del aborto es una medida necesaria, para evitar las consecuencias físicas y psíquicas que dejan las complicaciones de estas prácticas, y a su vez permitir a los profesionales de la salud actuar libremente cuando llegan las pacientes a los establecimientos públicos.
La plataforma de Beijing establece que los países deben “reconocer y afrontar las consecuencias que tienen para la salud los abortos peligrosos, por ser una cuestión de gran importancia para la salud pública...” y al mismo tiempo “considerar la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales”.
Se debe avanzar, como se plantea en el programa del Partido Socialista, hacia la posibilidad cierta de que las mujeres puedan decidir con mayor libertad sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción, garantizando el acceso a métodos anticonceptivos o a la ligadura de trompas.
Las mujeres pobres, y sobre todo las adolescentes, sin dudas sienten que cuando están urgidas por la necesidad de interrumpir un embarazo sólo pueden acceder a prácticas extrahospitalarias que amenazan su vida. La muerte no es la única complicación de un aborto inseguro. Las infecciones pélvicas, hemorragias, daños en la vejiga, laceraciones del cuello uterino y perforaciones uterinas, que pueden provocar la esterilidad, además del daño psíquico en la mujer, son sólo algunos ejemplos de posibles secuelas. Las miles de muertes de mujeres jóvenes y sanas fueron el punto de partida para abrir el debate sobre un tema que permaneció en la oscuridad durante décadas. Siendo el 28 de setiembre el Día Internacional por la despenalización del aborto, es oportuno renovar el desafío por la concreción de una medida tan importante para la salud de la mujer, particularmente de las más postergadas.

* Integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista.