Marita Verón tenía 23 cuando fue secuestrada por una red de trata. Eso fue el 3 de abril de 2002; seis años y seis días después el Congreso finalmente aprobó la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas. El debate legislativo tras el cual finalmente se aprobó un texto que, en 2005, había contado con aval unánime del Senado fue de todo menos tranquilo. Lo contaron los diarios: casi todas las disidencias refirieron un tema nada menor, como lo es el suponer que una víctima, por ser mayor de edad, ha de demostrar que no prestó su consentimiento para ser victimizada; en el caso de las víctimas menores de 18 años, el consentimiento no se presupone. Vale decir que así como está el texto, Marita Verón debería demostrar ante un tribunal que ella no quiso prestarse a ser introducida en una red de trata y que, una vez secuestrada, ofreció resistencia a ser prostituida.

Aun con el establecimiento de esa diferencia entre mayores y menores de edad, sin embargo, hay un vacío que esta ley viene a ocupar, y es el que permite considerar y penalizar el funcionamiento de redes hacia el interior del territorio nacional: la ausencia de un instrumento legal para abordar la trata como un delito federal ha sido hasta ahora una de las mayores debilidades para perseguirla y castigarla. La otra, se sabe, es la falta de voluntad política, que huele a intereses económicos.

Durante el debate, Stella Maris Córdoba –autora de dos proyectos sobre la trata, uno de ellos anterior al que sancionó el Senado; FPV–, además de marcar las diferencias entre los compromisos internacionales asumidos por Argentina y que obligaban a sancionar una ley –no es lo mismo, planteó, el Protocolo de Palermo, referido a “la perspectiva de la seguridad de los Estados y de la lucha contra el crimen organizado transnacional” que Convenciones como la de 1949 contra la Trata de Personas o la de Belem do Pará, que combate la violencia hacia la mujer–, dejó sentadas sus diferencias con el proyecto. Observó la pena mínima (la establecida por la nueva ley es de 3 años; “en Colombia las penas van a 13 a 23 años; en Panamá, de 4 a 6 años; en República Dominicana, de 10 a 15 años, y en Perú de 8 a 15 años”), “la exclusión del consentimiento en la tipificación penal, la incorporación de la óptica de los derechos humanos (...) y la incorporación de un programa nacional antitrata”. (Sus disidencias fueron compartidas y acompañadas, a la hora de la votación, por Cynthia Hotton –PRO– y Silvia Augsburger –PS–). Fue Córdoba, también, quien intentó ponerle el cascabel al gato, al rodear temas que sólo otras mujeres de la Cámara (Fernanda Gil Lozano –CC–, por ejemplo, que en plena sesión narró cómo había acompañado, noches atrás, un allanamiento a un prostíbulo denunciado por esclavizar chicas secuestradas; puso en palabras la indignación que sintió al ver que las hacían escapar por casas linderas, y cuando la policía finalmente entró no había nada ni nadie) habían referido. “La trata de personas y el tema del consentimiento están íntimamente relacionados con la violencia de género, con la migración y con la pobreza. (...) la mirada del consentimiento solamente para proteger la libertad de las trabajadoras sexuales es una mirada parcial, ya que cuando hablamos de trata nos estamos refiriendo al sometimiento a la condición de esclavitud, de explotación sexual forzada o de explotación laboral.” Agregó poco después: “Cuando hablamos de las políticas del género siempre decimos que deseamos aportar a la igualdad de oportunidades y empoderar a las mujeres. Esta era una hermosa oportunidad para empoderar a las mujeres, porque la relación que se establece en muchos de los centros donde se somete a prostitución a mujeres argentinas, latinoamericanas y del mundo tiene que ver con espacios donde se ejerce permanentemente la violencia contra las mujeres. Esto acontece con todas nosotras cuando se nos quiere descalificar por el género. ¿Qué palabra se utiliza? Imagino que en este momento todos la están pensando.”

El proyecto que se aprobó todavía no fue promulgado como ley, pero en el despacho de Córdoba indican que, cuando lo sea, estas disidencias y observaciones, que cuentan con apoyos en la Cámara, se convertirán en un proyecto para avanzar en modificaciones sobre el texto original.