Teresa Bautista Merino y Felicitas Martínez Sánchez, de 22 y 20 años, periodistas indígenas de la radio comunitaria La voz que rompe el silencio del Ayuntamiento Popular de San Juan Copala, en Oaxaca, México, fueron asesinadas a balazos la semana pasada. Las emboscaron cuando viajaban junto con otras personas en un auto particular hacia la capital del estado. Iban a participar de un encuentro sobre comunicación comunitaria y derechos humanos que se desarrollaba en el sindicato de maestros oaxaqueño (SNTE). La radio en la que ambas periodistas trabajaban transmite desde enero de 2008 y está enclavada en un municipio que ha conquistado su autonomía indígena hace apenas un año. Estos brutales asesinatos no son hechos aislados. Se enmarcan en una política estatal fuertemente represiva llevada adelante por el cuestionado gobernador Ulises Ruiz (sobre quien recaen varios intentos de juicio político), en una región que se vio conmovida en el 2006 por el conflicto docente y la aparición de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Además, como ha señalado la Red Internacional de periodistas con Visión de Género, “México hoy se coloca en el segundo país más peligroso para ejercer el periodismo”.

Ante la masacre de las dos jóvenes periodistas, uno de los coordinadores de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Carlos Beas Torres, dijo que “es un acto más de hostigamiento y agresión contra la lucha del pueblo triqui por su autonomía y una muestra del clima de brutal represión en Oaxaca, con la complacencia de los gobiernos federal y estatal”. El reconocido abogado indígena Francisco López Bárcenas sostuvo que este asesinato es resultado de la represión selectiva del gobierno de Oaxaca, que está dispuesto a “no dejar vivas a las organizaciones”.

En esa misma zona están desaparecidas desde julio de 2007 –y se reclama su aparición con vida– otras dos mujeres triquis: Virginia y Daniela Ortiz García. Allí ya ha sido denunciada la actuación ilegal de una banda de pistoleros ligada al partido Unidad Popular del gobernador Ulises Ruiz. Y es que, a su vez, el reclamo de autonomía triqui tiene por detrás una larga disputa intercomunitaria entre dos sectores enemigos: el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT)-Unión Popular, cercano al gobernador Ulises Ruiz, y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Independiente, aliado con la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui. Estos últimos forman parte de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y reclaman, como decenas de otras organizaciones y comunidades, la renuncia de Ruiz.

Omar Esparza, desde el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), declaró a varios medios que “es una lástima que nadie haya atendido las denuncias que venimos haciendo sobre la situación crítica que vive la región desde hace unos cinco meses”. Y agregó que están “convencidos de que es el gobierno del estado de Oaxaca quien está detrás de todo esto, con la intención de desmantelar un municipio autónomo”. Oaxaca, el estado mexicano con más diversidad de pueblos indígenas y el más pobre de todo el país junto a Chiapas, es también una de las regiones de mayor historia combativa.