Ya hace un año que el proyecto de despenalización del aborto yace en las profundidades de los cajones legislativos. Fue en mayo de 2007 cuando un grupo de mujeres decidió aprovechar una coyuntura favorable para encauzar a través de los canales institucionales el trabajo militante de miles de otras mujeres que luchan por la despenalización del aborto. Es que el entonces ministro de Salud, Ginés González García, había dejado escrito en las páginas de este diario que era necesario despenalizar el aborto debido a las altas tasas de mortalidad que se registraban (y se registran) por las complicaciones posteriores a las intervenciones hechas en clandestinidad. Entonces, además de las manifestaciones, charlas y encuentros, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito llegó al Congreso Nacional. Y ahí está desde entonces. Por eso hoy apelan otra vez a los legisladores para tratar de reflotar este proyecto. “El objetivo de nuestro proyecto es lograr la despenalización del aborto y el acceso, de todas las mujeres que así lo decidan, al aborto legal, seguro y gratuito, lo que significa que se realice por decisión de la mujer, hasta las 12 semanas de gestación y sin límite de tiempo en los casos de violación, peligro de salud o vida o malformaciones fetales graves”, señalaron las integrantes de la Campaña en un comunicado.

“En este Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, a un año de su primera presentación y sin haber sido tratado, renovamos nuestra exigencia con la firma de diputadas y diputados de diferentes bloques para lograr que el tema del aborto sea debatido en el Congreso Nacional”, reclamaron.

En la Argentina, el aborto voluntario está penalizado. Las que tenemos un sueldo, amigos o familia con un poder adquisitivo medio, podemos pagar unos 3000 o 3500 pesos por un aborto. Otras mujeres recurren a consultorios precarios en pésimas condiciones sanitarias y, muchas de las veces, terminan con complicaciones graves de salud. Luego, estas mujeres temen recurrir a los hospitales públicos para su tratamiento por miedo a ser denunciadas. “Es por eso que la condición de clandestinidad en que se llevan a cabo los abortos lesiona los derechos sexuales y reproductivos en tanto derechos humanos de las mujeres”, se quejaron en el comunicado. “Consideramos que la defensa del derecho al aborto es una causa justa en razón de su contenido democrático y de justicia social, que asegura el goce de los derechos humanos a las mujeres hoy privadas de ellos.”

La actual ministra de Salud, Graciela Ocaña, marcó la diferencia con su antecesor. En una entrevista que también publicó este diario dijo: “Nosotros vamos a cumplir con nuestra presidenta” Cristina Fernández de Kirchner: no a la despenalización y sí al aborto legal en ciertos casos ya contemplados por la ley actual, que muchas de las veces no se cumple porque los médicos y médicas interponen una instancia judicial innecesaria.

Es por eso que una vez más, las integrantes de la Campaña vuelven a gritar: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir”. La claridad de esta consigna se volverá a escuchar este miércoles 28 de mayo en el Congreso Nacional a las 13.

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