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Después de la aprobación del matrimonio igualitario, la media sanción de la Ley Antidiscriminatoria (23.592) pasó más desapercibida. Tal vez porque su triunfo, sus resistencias y sus consecuencias son más sutiles. Pero no menos importantes. Y más allá de los efectos de cada norma, este nuevo paso implica que la posibilidad de casarse no fue una decisión aislada, sino un paso más en el marco de un camino hacia la igualdad plena.

En el proyecto –de la diputada Marcela Rodríguez– se prohíbe expresamente discriminar por orientación sexual e identidad de género. No son sólo palabras. Por ejemplo, esta semana tres travestis denunciaron la violación de sus derechos humanos en las cárceles bonaerenses. Ellas explicitan que en la Unidad 2 de Sierra Chica conviven en el pabellón 10 con varones y que el personal del servicio penitenciario ejerce contra ellas torturas físicas y psicológicas. También denuncian que falta atención médica adecuada para las personas viviendo con VIH. “La comida que provee el penal es comida para un animal. Soy una persona portadora de VIH y no recibo atención médica, este penal no cuenta con un infectólogo, no recibo la medicación que tengo que tomar por mi problema de salud ni la dieta que tendría que tener y como estoy lejos de mi familia no pueden venir a verme”, escribió en una carta una de las travestis detenidas difundida por el Comité Contra la Tortura de la Comisión de la Memoria.

Las trabas, burlas, desamparos y violaciones cotidianas de las travestis encarceladas son un símbolo de la discriminación vigente que la reforma de la ley intenta erradicar. El proyecto cuenta con el respaldo de distintas organizaciones a favor de la diversidad sexual e incorpora cambios legislativos para que la legislación sea más eficiente a la hora de combatir la discriminación hacia lesbianas, gays, bisexuales, travestis y trans.

“Con esta reforma queda expresamente definida, dentro de lo que se consideran actos discriminatorios, cualquier acción que tenga como objeto la ‘identidad de género o su expresión’ y la ‘orientación sexual’. Así queda incluida la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans, cuya discriminación no estaba particularmente contemplada en la redacción original de la Ley”, expresa la ONG 100% Diversidad y Derechos.

La importancia de esta puntualización es que, por ejemplo, en el caso de las violaciones a los derechos humanos de las travestis en las cárceles, si las reformas se aprueban en el Senado, las travestis van a contar con una herramienta más concreta y ágil para hacer respetar sus derechos. Martín Canevaro, presidente de 100% Diversidad y Derechos, expresó que “la inclusión expresa de la prohibición de discriminar por orientación sexual y/o identidad de género llega en un momento muy oportuno”, en obvia referencia al matrimonio igualitario. Pero todo cambio tiene su reacción. Por eso, más vale prevenir que sufrir las consecuencias: “Esta visibilización de gays y lesbianas en ámbitos laborales, educativos y deportivos implica una posible exposición a actos discriminatorios, por eso la sanción definitiva de esta reforma servirá para defender eficazmente a nuestra comunidad”.

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