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Cuando la semana pasada la Presidenta anunció la extensión de la asignación universal a partir de los tres meses de embarazo, blogs, foros feministas y listas de mails explotaron de opiniones, dudas y preguntas. Las reflexiones comprenden tanta tela para cortar como lo hace el debate sobre el aborto y es justamente hacia allí adonde se derivan las voces que cuestionan o respaldan esta política de Estado.

Concretamente, la medida incluirá alrededor de 180 mil mujeres al año que podrán acceder, a partir del tercer mes de gestación, a la inscripción al Plan Nacer y recibir el beneficio económico de 220 pesos previsto en la AUH y los controles pertinentes para ellas y el niño o niña por venir. Las mujeres que quieran acceder a este subsidio deberán presentar la documentación que acredite su situación, y ninguna estará obligada a hacerlo. Sí, en cambio, se intenta con esta medida reducir las tasas de mortalidad materna, que tiene como principal causa el aborto.

Cristina Fernández inició el período de sesiones ordinarias del Congreso con esta medida, entre otros temas a tratarse durante el año (mencionó también el tratamiento de una ley de adopción que contemple la agilización de los trámites). En ese mismo lugar, el 30 de noviembre de 2010, Marianne Mollmann, directora de Promoción y Defensa de los Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch, abrió el debate parlamentario sobre el aborto no punible ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados con la esperanza de cientos de militantes feministas de que la ley se trate este año. Allí, Mollmann expuso las razones por las que criminalizar el aborto en el código penal implica penalizar la decisión que se toma en el 40 por ciento de los embarazos.

El primer día de marzo, cuando habló la Presidenta, alguien dijo: “¿Y el aborto?”. La pregunta es como una piedra en el agua, abre círculos que se contienen los unos a los otros, pero que se magnifican o desaparecen generando una enorme dificultad para pensar este tema sin embrollos ni malentendidos. Algunas reacciones, tanto para quienes están en contra de legalizar el aborto como para quienes están a favor y luchan por hacerlo, implicaron valorar la medida como un guiño de la Presidenta, agua para su molino. En el sitio web “Familias por las familias”, Guillermo Cartasso, presidente del movimiento eclesial Fundar, entre otras cucardas eclesiásticas, dijo que esta decisión es un reconocimiento del niño por nacer como un ser humano con todos los derechos. “Es alentador que la Presidenta de la Nación extienda la Asignación Universal por Hijo a las embarazadas, no sólo porque es un valor en sí mismo sino porque reconoce que la vida humana empieza desde la concepción”, declaró, a pesar de que la Presidenta jamás expresó tal cosa. El diario La Nación tituló “Cayó bien la apuesta por la vida” y relató el aplauso fervoroso de monseñor Adriano Bernardini, presente en el recinto. También consultaron a la doctora Inés Franck, coordinadora académica del Programa de Evangelización de la Cultura de la UCA: “Todo lo que signifique ampliar la protección de la vida es positivo”, e insistieron, como buenos pastores, en que la vida humana empieza en la gestación y que la Iglesia “vería de buen grado” (La Nación, 2 de marzo de 2011) que se extienda el beneficio hasta el comienzo de la gestación. Justamente allí es donde se encuentra el nudo de la cuestión: la ayuda económica será a partir de la semana 12 de embarazo, y es hasta ese momento que la legislación internacional –cuando ésta respeta el derecho a decidir de las mujeres– protege el derecho a realizarse un aborto por decisión propia, de manera que la medida se puede interpretar también como la habilitación para instalar el tema en la sociedad y transformar el proyecto en ley nacional. Los tres meses previstos tienen, además, una lectura histórica: es el lapso que los griegos y los romanos consideraban para predicar de ser humano al feto; Santo Tomás escribió que es una herejía decir que hay alma desde la concepción y los tres meses son, sobre todo, el tiempo que indica la medicina para considerar seguro el devenir de un embarazo. Abortar después de ese lapso es realmente complicado y riesgoso.

Pero lo cierto es que del aborto, y de esa pregunta que alguien formuló al aire, Cristina Fernández no dijo nada. Lo que sí puede afirmarse es que el subsidio y la posibilidad de una ley no entran en contradicción. Pero mientras la derecha, los sectores anti-aborto y la Iglesia se apropian del discurso para amoldarlo a sus intereses, amparados en la frase “seguir apostando a la vida” que dijo la Presidenta en su discurso, otros sectores, favorables al aborto, piensan que es desafortunado citar el caballito de batalla eclesiástico y conservador. Mucho se ha discutido sobre el derecho a la vida, colocando el debate sobre el aborto en un enfrentamiento difícil de superar, aquello de si abortar es asesinar y enfrentando en un juego imaginario a la mujermadre con la mujer que aborta, cuando la realidad indica que las mujeres que abortan son o serán madres y que esa rivalidad no existe más que en una metafísica mal pensada. El aborto es la principal causa de muertes materna en la Argentina desde 1980 y está relacionada con las consecuencias de abortos inseguros, lo que convierte al asunto en una cuestión de salud pública que involucra los derechos básicos contemplados en cualquier democracia.

Si para algunos la frase “seguir apostando a la vida” en boca de la Presidenta retoma aquel slogan conservador, para otros lo trasciende y coloca el debate donde debe estar. Efectivamente, subsidiar a las mujeres embarazadas es una apuesta a la vida del niño por nacer y de su madre gestante. “Nosotros también estamos por la vida, no hay que dejarles ese lema a ellos”, dice Cecilia Lipszyc, socióloga e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y responsable de los Programas de Género del Inadi. “Es una medida correcta, que si bien no va a tener efecto sobre las mujeres que hayan decidido practicarse un aborto, sí va a beneficiar a muchas otras. Los factores económicos son los menos relevantes a la hora de la decisión de abortar o no, incluso en los sectores muy pobres. En este momento en que nosotras impulsamos el tema del aborto creo que esta medida nos beneficia, porque saca del medio uno de los viejos argumentos de la Iglesia, que es que en vez de ayudarlas a abortar hay que ayudar a las mujeres pobres a poder tener hijos. Con esto se limpia ese argumento, ya no es una cuestión. Por otra parte, que se subsidie a las embarazadas es algo que siempre estuvo en la agenda del feminismo: hay que subsidiar al embarazo porque la reproducción de la fuerza de trabajo tiene un fin social, no individual”, concluye.

En cambio, la psicoanalista Martha Rosenberg, también integrante de la Campaña Nacional, explica: “Me parece que si bien este subsidio deja ese lapso de las 12 semanas que nosotras desde la campaña y desde el proyecto de ley dejamos para la aplicación del aborto voluntario, es una toma de posición. El mensaje es que la Presidenta va a sostener su postura anti-aborto y apuesta a esa idea de vida que es totalmente ideologizada, que utilizan los sectores antiderechos”.

Las causas indirectas de MM no son como Fernández citó del 59 por ciento sino, según el Ministerio de Salud, del 40 por ciento. Si bien los índices de mortalidad citados no se van a modificar notablemente con este subsidio, el aporte sí va a influir en la calidad de vida de esas 180 mil mujeres, que pueden o no anotarse y seguir los pasos indicados por el Plan Nacer. Sin embargo, hay otras deudas pendientes con ellas y con el resto de las mujeres, que quedaron claramente en evidencia el año pasado con las dificultades en la distribución del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable que, si bien prevé anticoncepción gratuita, carece de una voluntad política clara que agilice los pasos previstos para prevenir embarazos no deseados. Para la diputada de Libres del Sur, Cecilia Merchán: “Todo lo que sea un avance en derechos sociales yo lo banco, pero creo que esta decisión no tiene nada que ver con el debate de fondo. Es fundamental que se cumpla con el programa de salud reproductiva, por un lado y por otro, la principal causa de muerte materna es el aborto, y eso sólo se va a solucionar con la legalización, no con este subsidio. La Presidenta dijo que la principal causa de muerte es la desigualdad, y es cierto, pero también es una manera de generalizar la cuestión. Por supuesto que van a querer hacer el ole con estas medidas, pero si nosotras insistimos y si las organizaciones se mantienen firmes en la pelea, se va a seguir instalando en la sociedad la importancia de este debate”.

Marité Yanos, de Mujeres Autoconvocadas Rosario, le dijo a Las12: “Celebro que las mujeres que están llevando adelante un embarazo deseado obtengan un paliativo económico frente a tantas necesidades y es de esperar que todas puedan acceder a los controles obstétricos necesarios en los efectores públicos de salud; porque apostar fuertemente a la vida no es sólo ofrecer una asignación con exigencia de controles médicos, es garantizar una política pública inclusiva que brinde el derecho a la salud en condiciones de excelencia y no caer en el error de confundir el apostar por la vida ignorando los derechos humanos de las mujeres que atravesando embarazos no deseados se ven empujadas a interrupciones en la clandestinidad”. Yanos aportó los siguientes datos: el aborto ilegal se cobró la vida de 3000 mujeres y niñas desde la restauración de la democracia en 1983, y de miles que anualmente egresan mutiladas de los centros de salud pública luego de someterse a interrupciones voluntarias inseguras (por lo menos 1.700.000 desde 1983 a la fecha).

De un lado y del otro, también se escucharon voces que insinuaron que este subsidio puede habilitar a las mujeres a embarazarse para cobrar. Sin embargo, cuando salió la Asignación Universal por Hijo hace un año, esta insinuación no estaba puesta en el ojo de la tormenta (como sí podía estar el viejo reproche al peronismo de instaurar políticas sociales de subvención que, por un lado, ayudan y, por otro, fomentan la precarización laboral y el desempleo). Para la filósofa Laura Klein, autora del libro Fornicar o matar (Planeta): “Como si el embarazo no fuera un tiempo vivido por la mujer como un tiempo de compromiso, de entrega, de porvenir. No creo que ni una de esas mujeres sin los 220 pesos vaya a abortar y tampoco creo que se vayan a embarazar para cobrarlos. La medida permitirá a las mujeres que van a recibir la asignación universal, que la reciban un poquito antes para que puedan tener su hijo más tranquilas. Creo que la pulpa de la cuestión son los tres meses que la Presidenta indica, que no son un detalle, porque ésta es una cuestión esencialmente temporal. La legalización del aborto no es una puja contra la maternidad, sino que implica estar a favor de la maternidad y del aborto, que son las dos cosas en las que deviene cualquier embarazo. De proteger la maternidad no resulta que estás en contra del aborto, ni de estar a favor del aborto legal se desprende que estás en contra de la maternidad. Que la Presidenta diga que defiende la vida no indica que está contra el aborto, pero la derecha tiene muchos siglos de triunfos, es mucho más inteligente, porque se apropia de una medida política que tiene que ver con la protección de las mujeres más pobres y dice esto nos conviene, pero lo que ella dijo realmente es en línea con la legislación sobre el aborto en el mundo entero, que efectivamente es una apuesta por la vida donde hasta los tres meses se puede abortar y después no”.

Si bien se trata de la AUH extendida al embarazo, en el nombre de la medida no está comprendida la palabra “mujer”, que es finalmente a quien está dirigida. Si la mujer está embarazada de trillizos no recibe tres asignaciones, sigue recibiendo una sola, con lo cual está implícito que ésta es una decisión política que va a operar sobre la vida de las mujeres directamente. Sí se puede inferir que proteger a las mujeres que optan por la maternidad es poner el foco en todas las mujeres, las que quieren y las que no quieren ser madres, reparar en sus derechos y abrir la puerta para optimizar el enorme trecho que falta para que los 500 mil abortos al año que se realizan en nuestro país sean legales, seguros y gratuitos.

Si nombrar es visibilizar, más allá de las apropiaciones discursivas, como puede ser el caso del derecho a la vida, de la inseguridad o de los derechos humanos, por mencionar algunos tópicos renombrados y asociados a ciertos grupos, las designaciones pertenecen a todos, sólo hay que saber leerlas y pensarlas en contexto. Para Klein, “pensar es no saber a qué consecuencias llegarás. Si estás calculando adónde te va a llevar el pensamiento respecto de tu posición previa, no pensás más. Yo creo que el miedo a las consecuencias imposibilita la posibilidad de pensar como un juego, un desafío, una aventura, que por ahí te lleva a cosas que no te van a gustar para tu posición política, pero que bienvenidas sean para abrir la cabeza y seguir pensando”.