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En años electorales la palabra aborto intenta silenciarse como si fuera una invitada incómoda en la mesa de las ofertas de campaña. Sin embargo, en el 2011, la pelea por la despenalización del aborto no está frenada. Y, además, recibió un histórico respaldo: el 28 de marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó, en una reunión –convocada en Washington– que los Estados de América latina y el Caribe deberían eliminar la sanción penal para la interrupción del embarazo con el fin de garantizar el derecho a la salud de las mujeres.

La audiencia en donde la despenalización del aborto quedó asentada como parte de los derechos humanos de las mujeres fue pedida por doce organizaciones latinoamericanas y entre los y las referentes (de Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y México) se encontraba Mariela Belski, coordinadora institucional de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), en representación también del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes).

Belski es abogada y tiene un master en Derechos humanos en la Universidad Essex, Inglaterra. “Pedimos la audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin pensar que nos iban a recibir y, para sorpresa nuestra, tuvimos una muy buena recepción. Nos dijeron que la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo era un tema muy relevante y que preocupa a la comisión”, relata la abogada, que transmite la satisfacción por la respuesta de los comisionados Dinah Shelton (presidenta de la CIDH), José de Jesús Orozco Henríquez, María Silva Gillén y la relatora sobre los Derechos de la Mujer, Luz Patricia Mejía Guerrero.

“Una de las relatoras nos dijo que no podía ser que las iglesias siguieran siendo un obstáculo en la región para que avance la despenalización del aborto y que, como consecuencia, sigan muriendo mujeres. Eso fue super interesante. La CIDH es un organismo moderado que cuando dice algo va para toda la región. Por eso, estas declaraciones son muy trascendentes y además le muestran a la Argentina que tiene que escuchar lo que dicen los organismos internacionales”, remarca.

Pero además del logro en el ámbito internacional, ADC también sentó su postura a favor de la despenalización del aborto y participa, junto a otras entidades, de la fundamentación jurídica para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie, en el caso de A. G. (una niña de 15 años que fue violada por su padrastro y tuvo que pedir permiso para abortar, el 15 de marzo del 2010, en Chubut) para que los abortos no punibles se realicen sin necesidad de judicializar cada caso. “Es una oportunidad histórica”, resalta Alvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación de Derechos Civiles (ADC), abogado, master en Estudios Latinoamericanos y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford.

Belski explica: “Presentamos un amicus curiae (un recurso llamado “amigos del tribunal”), para poder participar de la causa de A. G., en la Corte, junto a alrededor de veinte organizaciones. Nos dividimos entre todas para que cada una aporte distintos tipos de argumentos. Nosotros tomamos la temática de discriminación y autonomía: el derecho a decidir sobre el cuerpo. El Estado no debería interferir en la decisión de si una mujer quiere o no abortar. Mientras que también se da una situación de discriminación porque las mujeres pobres terminan recurriendo a un sistema perverso”.

–Los abortos no punibles están contemplados en la legislación argentina desde hace noventa años. ¿Por qué todavía no se cumplen?

Mariela Belski: –Hace casi un siglo que no se cumple la ley aun cuando está permitido el aborto no punible desde 1921. Los médicos deberían hacer el aborto sin preguntarle a nadie. Pero, en este país, las mujeres tienen que entrar en un circuito de pedirle autorización al juez porque si no el médico no lo hace.

Alvaro Herrero: –Nosotros nos involucramos en el caso de Chubut, que hoy está en la Corte, porque tiene una importancia histórica. Después de noventa años hay una oportunidad de cerrar la discusión, de dictaminar una interpretación correcta y que ya no haya fallos contradictorios en tribunales inferiores. Ahora los médicos tienen miedo y piden autorización judicial. Ahí es donde los pedidos de interrupción de embarazo no se realizan porque pasan meses y ya no se pueden hacer. En la causa de Chubut, los jueces autorizaron el aborto y se practicó, pero, igualmente, llegó a la Corte por pedido del defensor (del supuesto niño por nacer). Creemos que es una oportunidad histórica para zanjar esta discusión. La Corte tiene argumentos de toda índole con fundamentos, jurisprudencia, legislación comparada para fallar y dar una solución práctica a esta problemática.

–La jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay anunció en Las 12 que el máximo tribunal iba a dictar sentencia sobre este caso de aborto no punible. ¿Creen que va a existir una sentencia sobre este tema o que los magistrados/as van a esquivar dar un veredicto?

Herrero: –Por la salud de las mujeres esperamos que la Corte lo resuelva. El fallo está circulando y ahora está en manos del procurador general de la Nación, Esteban Righi.

–En Argentina las consecuencias del aborto clandestino son muy preocupantes. De hecho, hay una mayor mortalidad materna que en Uruguay o en Chile...

Belski: –Estamos más cerca de República Dominicana que de Chile y Uruguay.

–¿Si la Corte se expide sobre abortos no punibles es más fácil que el Congreso directamente discuta si se despenalizan todas las situaciones en las que las mujeres requieren un aborto?

Herrero: –Totalmente. Si la Corte resuelve las interpretaciones que hay sobre aborto no punible al Congreso sólo le quedaría tratar la legalización del aborto.

Belski: –Esto le toca a la Corte. No es un problema del Congreso. En todo caso, el Congreso tiene que despenalizar el aborto. No hay en nuestra Constitución ningún artículo que no lo permita.

–¿El riesgo es que, si la Corte no se expide, se desperdicie un debate en el Congreso sobre el aborto no punible que, en realidad, ya está permitido por ley?

Belski: –Sí. Y esto responde al pedido del movimiento de mujeres que, desde hace años, viene luchando por la despenalización del aborto y no para que sólo se regule el aborto no punible. El Congreso tiene que escuchar al movimiento de mujeres.

Herrero: –La solución al problema de salud pública, al problema de mortalidad materna y de derechos de las mujeres se resuelve con la despenalización. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya le dio una señal muy clara al poder político (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en la audiencia del 28 de marzo de este año diciendo que es un tema prioritario y pidiendo que los Estados tomen medidas.

–¿Por qué ADC toma la decisión de pronunciarse a favor del derecho a interrumpir el embarazo y qué importancia creen que tiene el pronunciamiento de organizaciones de derechos humanos y civiles y de universidades de todo el país por la legalización del aborto?

Herrero: –A nosotros nos motivó que los derechos sexuales y reproductivos es un tema de la agenda del ADC. Y, ante la coyuntura política y la agenda parlamentaria, la ADC decidió avalar el reclamo del movimiento de mujeres desde hace más de veinte años. Es importante que haya voces nuevas que traigan diversidad. El movimiento de mujeres siempre dio esta discusión con mucho coraje, pero con muy poco acompañamiento. Creo que ahora somos muchos los grupos que creemos que está discusión no puede dejar de darse y eso es una señal de madurez. También que la mayoría de las universidades públicas del país se hayan pronunciado a favor de la despenalización del aborto muestra el consenso político y jurídico que hay alrededor de este tema.

–En la Argentina se conoce la presión de la Iglesia Católica para que no se despenalice el aborto, pero también hay presiones de organismos internacionales para que no se sigan muriendo mujeres por abortos clandestinos que tienen menos difusión...

Herrero: –Sí, hay presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Cedaw (por su sigla en inglés), que le dice al Estado argentino que con la falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos está violando tratados internacionales y que tiene que proteger los derechos humanos de las mujeres.

(*) Más información: Asociación por los Derechos Civiles (ADC) Tel: 5236.5555 | [email protected] / www.adc.org.ar Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) / pronunciamiento sobre salud sexual y reproductiva y despenalización del aborto: www.cidh.org/Comunicados/Spanish