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En el ámbito educativo, a lo largo de estos cuatro años de gobierno de Mauricio Macri aumentaron permanentemente los recursos para la educación privada, mientras se producía el déficit en infraestructura escolar, el recorte presupuestario en inclusión escolar y los intentos de modificar el sistema legal de los docentes como una muestra de sus prioridades en materia de educación.

De manera inconsulta, en el mes de septiembre, el bloque oficialista en la Legislatura porteña presenta el proyecto de derogación de una parte medular del Estatuto del Docente de la Ciudad de Buenos Aires: los artículos que garantizan la participación plena en la elección de las Juntas de Clasificación. La clasificación de los docentes, el puntaje alcanzado según títulos y antecedentes, y la organización de los concursos para acceder a cargos titulares ha sido diseñada en base a los principios de la escuela pública con juntas electas por sus pares, con participación del Poder Ejecutivo y aseguran la autonomía del poder político. Este sistema evita cualquier forma de “dedocracia”, “clientelismo” o “favoritismos” de los gobiernos de turno o mecanismos prebendarios habituales en el Estado que se ejercían antes de la sanción del Estatuto del Docente.

Mauricio Macri y Esteban Bullrich proponen la derogación de este sistema, a través de la creación de una oficina única de inscripción docente computarizada dentro del Ministerio de Educación y organizan una Junta de Control electa por los docentes, que actuaría como ámbito para la presentación de quejas. De esta manera, la autonomía y libertad de cátedra se ven absolutamente destruidas. Mientras que el proyecto presentado por la Coalición Cívica, si bien introduce algunos cambios, avala esta reforma y, al dividir a la oposición, facilita el triunfo del PRO en la votación.

El oficialismo busca disciplinar a un sector que cuestionó en estos cuatro años las políticas de recorte de los recursos y del presupuesto educativo y, de paso, controlar el ingreso a la docencia y la conformación de los jurados para los concursos a fin de “digitar” el universo de cargos docentes.

Por eso, la lucha en defensa de las Juntas de Clasificación electas por los docentes constituye un hito fundamental en la defensa de la escuela pública en uno de sus rasgos distintivos que la diferencia de la discrecionalidad del sistema privado de enseñanza. En este sentido es imprescindible resistir la aprobación del proyecto macrista en la Legislatura –lograr que se archive– y estimular la puesta en marcha de un nuevo debate en las instancias que el propio Estatuto del Docente creó para cualquier tipo de reformas: la Mesa de Condiciones Laborales y Salariales y la Comisión de Estatuto, ya que la informatización y la confección de legajo único docente pueden ser herramientas de celeridad y eficacia que se pueden realizar sin modificar el Estatuto y con el consenso de la comunidad educativa y la sociedad en defensa de la escuela pública.

* Diputada porteña por el Frente Progresista Popular.