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Tenía 13 años y murió el miércoles pasado en el Hospital Materno Infantil de Salta por un aborto clandestino complicado con una grave infección, según informó el diario local. Es otra niña que murió porque el Estado y la sociedad la dejaron sola y le impidieron tener iguales oportunidades de cuidar su vida y su salud que otras niñas con dinero sí tienen.

Lo mismo les ocurre a las 100 mujeres que mueren por año debido a abortos inseguros en Argentina. Esto es una violación de los derechos de las mujeres y una injusticia social muy grave porque quienes mueren son las más pobres, las que no pueden pagar abortos seguros. Para acabar con estas muertes inaceptables el Estado debe cumplir con su deber de atender los abortos aceptados por las normas vigentes y mostrar voluntad política de hacerlo aprobando por resolución la Guía Técnica para la Atención de Abortos no Punibles del Ministerio de Salud de la Nación.

El Congreso debe expedirse pronto sobre la despenalización del aborto con un debate fundado y que respete la libertad de conciencia de las ciudadanas. Lamentamos profundamente que según declaraciones del Ministro de Justicia, el aborto no sea un “tema de agenda” del Poder Ejecutivo Nacional porque esta decisión impacta negativamente sobre la vida, salud y derechos de miles de mujeres y sus familias.

A fin de contribuir al debate social, desde el 2005, la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) desarrollamos un centro de recursos (www.despenalizacion.org.ar) con información confiable y actualizada a favor de la interrupción voluntaria del embarazo.

Hace una semana este sitio web fue hackeado con datos e imágenes falsas y engañosas. El ataque sucedió un día después de la muerte de la niña salteña y mientras en la Cámara de Diputados se decidió aplazar para el 2012 el debate que podría cambiar el destino de otras niñas y mujeres en riesgo por abortos inseguros.

Repudiamos este accionar miserable, cobarde y autoritario con el que se intentó reprimir las ideas de quienes pensamos diferente. Denunciamos a viva voz la intolerancia, el abuso de poder y la vileza de quienes así actúan. Los autodenominados “defensores de la vida” son represores que no dudan en usar la violencia contra quienes no piensan como ellos.

Los casi 500.000 abortos realizados por año no se evitan con la penalización ni menos aún difundiendo argumentos falaces. Por el contrario, la despenalización reduce enfermedades y muertes que genera la ilegalidad, sin obligar a nadie a hacer algo con lo que no está de acuerdo y sin castigar doblemente a las mujeres que antes fueron privadas de otros derechos. El pluralismo es clave para fortalecer la democracia y con ese norte debemos dar el debate y sancionar las leyes.

Esperamos que la despenalización del aborto se debata en el Congreso Nacional en términos respetuosos y plurales. Y que las acciones violentas y autoritarias nunca más se utilicen para manipular ideas y voluntades. De eso la sociedad argentina está más que cansada.