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En Argentina, 2010 y 2011 han sido años incuestionablemente históricos en el camino por la reivindicación de los derechos sexuales. La modificación del Código Civil para permitir el casamiento civil entre personas del mismo sexo, con el correlato del acceso a la adopción, y la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de identidad de género, pionero en el mundo por no medicalizar ni judicializar las identidades autopercibidas, coloca a nuestro país en la vanguardia legislativa mundial.

El derecho a decidir sobre el propio deseo y sobre el propio cuerpo gana fuerza de ley con estas resoluciones y la histórica frase feminista de mi cuerpo es mío por fin comienza a materializarse, a hacerse carne. Sin embargo, detrás de estos logros recientes otro reclamo, quizá más antiguo en su forma y petición, permanece pendiente: el reconocimiento del derecho al aborto. ¿Cuáles son, entonces, los sujetos cuyos cuerpos adquieren derecho a reclamar esa materialidad? O dicho de otro modo, ¿cuáles los cuerpos autorizados a adquirir el estatuto legal –y epistemológico– de sujetos? ¿Qué derechos fundamenta esa posibilidad?

Muchas han sido las estrategias utilizadas por los movimientos de mujeres para reivindicar el derecho a decidir autónomamente sobre su vida reproductiva. En el camino fueron quedando posiciones más libertarias con slogans como “no a la maternidad, sí al placer”, para enfocarse en el lenguaje de la salud y la necesidad de garantizar el acceso universal e integral a los servicios públicos de salud y educación palpable. Es la principal consigna de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. No es un dato novedoso el viraje fundamental que significó en las estrategias de los movimientos de reivindicación de derechos civiles la formulación, en la conferencia de Beijing ’95, de la categoría de Derechos Sexuales y Reproductivos, llevando el debate desde el reclamo de la autonomía al territorio de la obligación del Estado a legislar en materia de salud sexual y reproductiva. Así, y como explica Josefina Brown, el punto de acuerdo en la definición de este concepto acuñado en la ONU se centró en la salud reproductiva y no en el derecho reproductivo que implicaría el derecho civil básico tan reclamado –el de decidir sobre su propio cuerpo– y no sólo el derecho social de acceder a los servicios de salud ginecológica.

Esta misma estrategia fue adoptada con mucho éxito por los movimientos LGBT que, amparados bajo el mismo paraguas conceptual, consiguieron instalar en la arena del debate social y legislativo la reformulación de ciertos estamentos civiles, como el matrimonio y el doble acceso al reconocimiento legal de la identidad de género y a las condiciones biotecnológicas capaces de expresar corporalmente esa identidad. Entre tanto, lo que funcionó para este colectivo sigue cayendo en saco roto cuando se trata de la reivindicación de las mujeres por el derecho a decidir sobre su historia sexual y reproductiva. ¿Cómo explicar esta diferencia? ¿Por qué el aborto continúa siendo apartado de la agenda legislativa?

Los derechos reivindicados por lesbianas, gays y personas trans integran, desde la abyección, un cinturón de tolerancia, palabra tan cara a la cristiandad, que los admite como sujetos en tanto otros. El lugar de esta alteridad monstruosa, paradójicamente, es el comodín para el acceso a determinados derechos que, si bien jaquean ciertos preceptos morales y religiosos, no los convierte en un nosotros, sino en ese linde de la subjetividad que especularmente continúa configurando a la heteronormatividad como subjetividad central.

El aborto, a su vez, cuestiona el centro, el núcleo duro del canon de la heteronorma: mujeres que inscriben su deseo de modo heteroafectivo reclaman para sí el derecho a deslindar reproducción de deseo. El derecho reclamado no es el de inclusión, como en el caso del colectivo LGBT, sino de exclusión. Superando todos los umbrales de tolerancia del patriarcado, el aborto aparece como la piedra basal a ser denegada, porque hacerlo es desbaratar el eje medular de ese sistema. En este sentido, no son azarosos hechos como la bochornosa pérdida de validez del dictamen de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados del proyecto de ley de despenalización del aborto, lo que supone volver a foja cero y esperar hasta el inicio de sesiones en 2012 o el traspié que significó el año pasado la marcha atrás en la firma que le daba rango de resolución a la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles por parte del Ministerio de Salud de la Nación. En 2000, la Cedaw hizo una serie de recomendaciones al Estado argentino para lograr cumplir los objetivos del milenio, entre las cuales estaba la aplicación del artículo 86 inciso 2 del Código Penal, que prevé las formas de dar lugar dentro del sistema de salud a la realización de los abortos no punibles. Diez años después, cuando el Estado, representado por el Consejo de la Mujer y el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, fue a la audiencia con el Comité de seguimiento de la Cedaw, informó que acababa de redactar nuevas normas para la aplicación del aborto no punible dentro del sistema de salud y que éstas ya tenían resolución del Ministerio de Salud. La noticia ampliamente celebrada fue desmentida al día siguiente por el Ministerio, explicando que la guía estaba en marcha y que no necesitaba de su autorización. Sin embargo, no se puede ser ingenua sobre el valor simbólico que significa para una normativa de estas características una resolución ministerial que la respalde. La lectura de muchos equipos de salud del país fue: si el ministro no apoya la guía, por qué estaríamos obligados a utilizarla.

Los índices de mortalidad materna son alarmantes en nuestro país y es el único objetivo del mileno del que estamos lejos, muy lejos de poder cumplir.

La heteronormatividad reivindica para sí el cuerpo de la mujer –léase heterosexual, monogámica y reproductiva– como último bastión de subsistencia modular. ¿Qué quiero decir con esto? Las normalizaciones traen implícitas ciertas moralidades que ganan espacio situacionalmente en detrimento de otras. Otorgarle a la mujer la libertad de usufructuar su cuerpo del mismo modo en que lo hace un hombre significa cortar con el más intrínseco, antiguo y naturalizado eslabón en la constitución de la moral occidental en tanto cristiana y paternalista: la reproducción. Romina Tejerina aún cumple condena por el asesinato de una niña que llevó en su vientre a la fuerza y por causa de una violación. Ni emoción violenta ni crimen pasional, esos atributos atenuantes que rápidamente surgen de la boca de jueces, policías, periodistas y abogados a la hora de catalogar a los asesinos de mujeres que engrosan las listas del femicidio fueron esgrimidos a su favor. Por el contrario, el fiscal reclamó homicidio agravado por el vínculo, mientras su agresor, el que en un acto de demostración de fuerza y contra su voluntad inseminó en su cuerpo la semilla de ese vínculo, está libre de culpa y cargo.

La reproducción obligatoria encarna así un sistema de valores que edifican su posición como subjetividad central. La centralidad de la maternidad en el sistema normativo también se hace presente en otros aspectos del ciclo reproductivo de la mujer como el parto. Por ejemplo, también son puestos en cuestión en nombre de una biopolítica heteronormativa: el estatuto que rige la actividad laboral de las parteras. Fue revisado con la finalidad de eliminar las llamadas “casas de parto” e impedir que atiendan partos fuera del sistema y de los protocolos de salud. Este cambio cercenará el derecho al parto domiciliario amparado desde 2004 por la Ley 25.929 de Derechos de Padres e Hijos durante el Proceso de Nacimiento, sujetando a las mujeres al sistema hospitalario.

La heteronorma va más allá del catolicismo confesional, la Iglesia o la religión. Admitámoslo, vivimos en un país confesional donde sus presidentes y presidentas continúan jurando con la mano en la Biblia y no en la Constitución, donde los Santos Evangelios sostienen la carga semántica del juicio al honor. Pero ésta es sólo una parte, fundamental por cierto, de la discusión que se instala peligrosamente como un discurso que se modula en la fuerza de lo obvio. Ser inapropiable, explica Donna Haraway, es no encajar en los mapas disponibles que especifican tipos de actores y narrativas y, por esto, monstruos. Aquí radica la potencia del monstruo como productor de sentido. Gays, lesbianas, personas trans e intersex van ganando poco a poco visibilidad y un estatuto jurídico que nunca poseyeron. La reivindicación de sus derechos, como ya expliqué, supone la inclusión que comienza en las fronteras de lo abyecto. Las mujeres, en cambio, son reclamadas para sí por ese colectivo del nosotros, como se reclama en el derecho de pernada una subjetivad que no le es propia; el colectivo las desagencia, les quita la capacidad de reclamar el derecho a continuar siendo sujetos de derecho. En la lucha por la legalización del aborto el movimiento de mujeres parece haber continuado una línea natural de reivindicaciones que viene en el mismo camino del matrimonio civil, la patria potestad, la lucha contra la violencia a la mujer y el divorcio, Sin embargo, tal vez para poder conseguirlo debe torcer la propia heterosexualidad y devenirla otro, aceptando la encrucijada que el propio aborto supone: en tanto inapropiable, exalta una relación crítica y deconstructiva donde no puede adoptar la máscara del nosotros y ni del otro.

El aborto es el monstruo de una sociedad a la que acecha desde la invisibilidad a la que ha sido confinado. El armario, como metáfora de ocultamiento, no es único ni lineal, ya lo dijo Eve Kosofsky Sedgwick en su Epistemología. La postergación política de la discusión del proyecto de ley en el Poder Legislativo se asemeja bastante a alguna de las capas de algún armario que lo condena a la clandestinidad dentro de su propia –pero inapropiable– subjetividad.

Si el aborto es la bisagra entre los derechos sexuales y los [no] reproductivos, tal vez la radicalidad que reivindica la separación entre reproducción y placer sea nuevamente el camino necesario. En los años ’80 fue explícita y estratégicamente silenciado, en la misma maniobra en que las lesbianas eran excluidas de los movimientos de mujeres porque ponían en jaque las reivindicaciones posibles, todas ellas de inclusión en la [hetero]norma. Las lesbianas, en su devenir no mujeres, fueron construyendo un relato desde el margen con reivindicaciones propias que las acercó a otros individuos, cuyas prácticas y no su género los aunó en un colectivo. Quizás el aborto, en cuanto práctica abyecta, deba sumarse a ese camino, el que lo coloca al lado de los monstruos y desde ese lugar reivindicarse en su devenir otro.