desde Barcelona

Tan sólo unas semanas atrás Marie-Jose E. recibió la noticia que llevaba 44 años esperando, cuando las pruebas de ADN confirmaron en un 99,9 por ciento que Juan era ese bebé que había dado a luz y que la dictadura franquista le había arrebatado de sus brazos. Una noticia que en Argentina –aunque no tan habitualmente como se querría– se escucha y celebra con mucha más naturalidad que en la Península Ibérica, aun y a pesar de las terribles consecuencias y las escalofriantes cifras que resultan de la aplicación sistemática del robo de niños desde el comienzo de la dictadura (1939-1975) hasta entrados los años ’90, al otro lado del Atlántico. Una impresionante maquinaria del horror que comenzó a instalarse durante la guerra civil, con las primeras prisioneras políticas, y siguió perfeccionándose al calor de las necesidades y el curso que fueron tomando las políticas del dictador a lo largo de 40 años. El robo de niños, tal y como lo aplicaron en el Estado español, se puede reducir a tres etapas: una primera en la que las principales víctimas eran las prisioneras políticas, y el objetivo fundamental era quitarles a sus niños para reeducarlos. Una segunda, donde se apuntaba a mujeres solteras y condenadas por la moral de la época. Y una tercera, donde las víctimas sólo tenían en común que eran mujeres a las que por diferentes motivos resultaba relativamente fácil robarles los niños. En un contexto siempre de miedo y silencio, el robo de niños, si bien comenzó como un castigo aleccionador, pronto fue mutando sus intereses de acuerdo con las necesidades imperantes de las clases dominantes.

La historia de Juan y Marie-Jose

Juan es el nombre con el que este hoy adulto de 44 años ha decidido darse a conocer, hasta que en septiembre madre e hijo presenten su historia en una conferencia de prensa en la que darán a luz los detalles de la búsqueda. Juan comenzó a sospechar de la historia que le habían contado cuando en el año 2011 oyó por televisión las historias de los bebés robados. A los 10 años a Juan le dijeron que era adoptado y que sus padres habían muerto en un accidente. Muertos sus padres adoptivos, Juan se acercó a SOS Bebés Robados, una de las asociaciones que trabajan por la restitución de la identidad, y allí conoció a Luna García (presidenta de SOS Bebés Robados Valencia), que lo acompañó en la búsqueda. En poco tiempo, y tras revisar varios documentos, Juan descubrió que había sido inscripto como hijo biológico de su madre adoptiva y que había nacido en su casa y no en un hospital, y que por lo tanto no había forma de encontrar documentos legales que acreditaran su origen. Es entonces cuando decidió hablar con una prima, quien finalmente le contó dónde había nacido. Según García, ese dato fue definitivo en la búsqueda y el posterior encuentro. “A partir de ahí, nos pusimos en contacto con otra gente y averiguamos quiénes habían dado a luz en esas fechas y en ese sitio. Así dimos con la información que teníamos en el registro de Marie-Jose, y que coincidía con la de Juan, y los pusimos en contacto. La madre tenía hecho el ADN, se lo hizo el hijo y dio positivo las tres veces. Juan está agradecidísimo y encantado de la vida. Habla con su madre diariamente por teléfono y ella (que vive en Francia) ya ha venido a visitarlo dos veces a Valencia.”

Montserrat Armengou lleva 12 años investigando el robo sistemático de niños durante el franquismo. Sus documentales: Los niños perdidos del franquismo y Devuélveme a mi hijo, dan cuenta de la magnitud de la tragedia y testimonian el horror y el desencanto de quienes fueron víctimas directas de esta práctica atroz. “Durante la guerra civil y los primeros años de la dictadura, las primeras víctimas del robo de niños fueron las prisioneras políticas que se encontraban en una situación de vulnerabilidad absoluta. Los niños, si no morían en la cárcel, durante los tres primeros años debían salir de allí, y es ahí donde la madre perdía el control del niño. Dado que esas madres se encontraban en una situación de desamparo absoluto, muchas veces no tenían a quién dar el niño y se lo quedaba el Estado”. Jurídicamente esto estaba amparado por dos decretos de la época que permitían el cambio de apellido de esos niños y que la custodia pasara a manos del Estado. Ideológicamente esta práctica se sostenía bajo los preceptos teóricos del jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares, Vallejo Najera, formado en la Alemania nazi, que afirmaba que estos niños, al igual que sus padres, eran portadores de un gen marxista (calificaba a los marxistas –dentro de los cuales englobaba a toda la izquierda de la época– como débiles mentales), y que, por tanto, era necesario apartarlos de esa mala influencia. En esta primera etapa, es fundamental el rol que cumplen instituciones falangistas como Auxilio Social, Casa Cuna o la misma Iglesia. Los niños que salían de las cárceles, o eran arrebatados a sus familias, iban a dar a estas instituciones de reeducación en las cuales vivían verdaderos infiernos.

Madre sí, madre no

La historia de Marie-Jose y su hijo se repite una y mil veces en los relatos más duros de las víctimas de la dictadura. La de Marie-Jose es la historia de un padre militar con una hija embarazada soltera de 22 años que, dominado por la moral de la época, decide entregar a su nieto, que pasa a formar parte de un engranaje más en la que ya por entonces era una industria del robo de niños. “Durante la investigación nos encontramos con que había mujeres que apuntaban hacia otro tipo de robo de niños que se produjo durante los años ’60, ’70, ’80 e incluso ’90 –dice Armengou–. Un perfil algo distinto, mujeres solteras que, muchas veces, a pesar del contexto moral y político de la época, querían quedarse con ese bebé y eso no les era permitido. Por tanto, estamos ante un nuevo tipo de represión que la moral católica no autoriza para ejercer de madre. En los años ’70 u ’80 ya nos situamos en lo que era puramente un negocio. Lo que a mí me permite hablar de niños robados durante el franquismo, e incluso después de muerto Franco –porque las leyes tardan en cambiar–, es que encontramos siempre los mismos actores protagonistas: militares y gente de la Iglesia y del establishment. Las víctimas también siempre son las mismas: mujeres en estado de vulnerabilidad, totalmente desprotegidas.”

En la España de esos años y hasta 1972 la mujer no era mayor de edad hasta los 21 años, pero hasta los 25 estaba bajo la tutela de los padres, si no se casaba antes. Muchas familias, al no poder ver satisfecho su deseo de procreación –no existían técnicas de reproducción asistida y en cambio había un fuerte rechazo social hacia las mujeres que no tenían hijos–, pagaban cantidades importantes de dinero y de esta manera contribuían a incrementar el negocio. Por lo tanto, la moral de la época contribuye a una mayor demanda de niños y las largas listas de espera, con las que se encontraban las instituciones que participaban de estas prácticas, al consiguiente robo de los mismos. En esos años también aparecen los primeros casos de matrimonios a los que se les arrebatan los niños cuando van a dar a luz a un hospital.

Su bebé ha muerto...

El caso de Luna García, sus padres y una hermana desaparecida, también pinta a las claras una situación que vivieron muchas familias cuando ya el robo de niños había dejado de ser un asunto exclusivamente ideológico y se había convertido en una afianzada industria que requería más y más niños para su mantenimiento. “Estas madres son engañadas, se les dice que el bebé ha muerto, y esos bebés son entregados a otra familia. En esta tercera etapa ya no podemos hablar de una represión moral, porque estas familias ya estarían constituidas moralmente, pero se considera que son familias a las que se les puede robar el bebé y dárselo a otras familias que van a pagar por el niño”, sostiene Armengou.

En septiembre de 1972 los padres de García concurrieron a un hospital de Valencia, donde tuvieron una bebé que a las pocas horas les dijeron que había muerto. Una monja los convenció además de que ver el cuerpo podía ser muy traumático, y sólo se les permitió presenciar un entierro a cajón cerrado. Como tantos otros, los padres de García se dejaron convencer por los argumentos de la monja, que decía que eran jóvenes y que pronto tendrían más hijos, y decidieron pasar página. Una práctica común de la época en los hospitales donde se robaban niños de madres que acababan de parir consistía en estimularlas hormonalmente para que tuvieran otros hijos rápidamente, y así “olvidaran” lo sucedido. Luna nació un año después de su hermana y, aunque sus padres nunca volvieron a hablar del tema, a ella se le encendieron todas las alarmas cuando en 2011 empezó a escuchar en televisión las noticias que hablaban de bebés robados. Así es como decidió acercarse a una de estas asociaciones, presentar una denuncia y empezar a indagar en su propia historia. Poco a poco, los padres de Luna también empezaron a sospechar de la historia que les había contado la monja y ésta decidió entonces compartir con ellos una búsqueda de la que hoy participan todos.

El camino

a la verdad

La impunidad reinante, y en algunos casos las reacciones adversas que generan quienes se atreven a levantar el manto de olvido, han hecho que algunas asociaciones opten por buscar a los niños enmarcando esa búsqueda en la figura legal de tráfico de personas, no vinculándolo directamente a las consecuencias del franquismo sino a hechos puramente delictivos. Esto no es más que una trampa de miedo y desinformación que habilita que estas causas, enmarcadas en el tráfico de personas, prescriban, cuando los delitos de apropiación en el contexto de una dictadura no habrían de hacerlo. Según Armengou, “estamos hablando de una verdadera red, en la que participaban religiosas y gente del Opus Dei con un modus operandi determinado. Por eso, en discrepancia con algunas asociaciones, yo creo que es un tema político, permitido por un sistema político, que era una dictadura fascista. Además, estamos hablando de crímenes que no prescriben, del secuestro de esas personas y de sus identidades, que en tanto no regresan a sus familias de origen se trata de un delito que se renueva cada día. La cultura que se ha adquirido en España es que juzgar al franquismo no da ningún resultado, por no decir que trae problemas”.

Otra cuestión por demás difícil de dilucidar es la cantidad de niños apropiados. Se habla de 30.000 tanto como de 300.000, pero al no haber un trabajo sistematizado, ni ninguna clase de investigación oficial respecto de las víctimas, ésta parece (al menos por ahora) una cifra condenada a la especulación. Para Armengou, se trata de “una cifra mítica” vinculada a lo que se conoce de Argentina, más que a hechos reales. “Pueden ser muchos más, porque hay gente que ni lo sospecha, o pueden ser muchos menos. No tenemos ni idea”, señala.

Hacia finales de los años ’90, principios del 2000, y a partir de la exhumación de los restos de una fosa, comienzan a surgir grupos que trabajan por la memoria histórica motorizados, en muchos casos, por los nietos de las víctimas. En el año 2002 se estrena el primero de una serie de documentales que dirigen Montserrat Armengou y Ricard Belis (Los niños perdidos del franquismo), que marca un punto de inflexión y saca a la luz una nueva arista de la dictadura que hasta entonces sólo parecía un horror posible del Cono Sur: la apropiación y el robo sistemático de niños. “Fue un verdadero mazazo, hasta entonces era un tema que habíamos llorado confortablemente desde el sofá de nuestras casas viendo que esto pasaba en Argentina”, cuenta Armengou. La aparición del documental causó un shock en la sociedad española y fue un pistoletazo de salida que, a su vez, permitió la aparición de movimientos y de mucha gente que comenzó a indagar sobre sus orígenes.

La mayoría de las mujeres que participaron en el documental Los niños perdidos del franquismo ya han muerto. Casi 30 años después de restablecida la democracia, estas mujeres dieron testimonio, quizás el único de sus vidas, aún atravesadas por la parálisis del miedo. Una de las posibles explicaciones que dan cuenta del silencio y la impunidad es, para muchos, la modélica transición (1975-1978), que permitió que España pasara página, con pena y sin gloria, hacia un futuro de olvido, desmemoria y perdón. Una transición que lejos estuvo de establecer una ruptura con el régimen franquista y que fue controlada (y negociada), como lo demuestran documentos desclasificados de la CIA y de Wikileaks, por el Departamento de Estado norteamericano, que de esta manera se aseguró, tras la muerte de Franco, “promover un punto de equilibrio entre la estabilidad del antiguo régimen y el cambio, mantener las bases militares y facilitar el ingreso de España en la Comunidad Europea y la OTAN” (El País, 7-4-2011). “Se modula un tipo de transición del mismo modo que en su momento se consiente un tipo de dictadura. El gran problema es que lo que sirvió en ese momento al día de hoy se está resquebrajando. La forma en que fue hecha la transición impide un abordaje de lo que fue la dictadura. ¿Y por qué seguimos viviendo del cuento de la transición? Básicamente porque tenemos un franquismo económico y social instalado muy potente. Estamos dominados por familias que provienen del franquismo, y aunque sus nietos sean ideólogicamente demócratas, terminan copando todos los lugares estratégicos de decisión política, administrativa, económica y de los medios de comunicación. Con lo cual una revisión profunda de nuestro pasado, al modo en que lo han hecho otros países, aquí sigue siendo un tema intocable. Pasamos ya casi 40 años de democracia y aquí no se ha movido nada. Estamos incumpliendo leyes internacionales y es todo una vergüenza. La vitalidad y la demanda de la sociedad civil, el darse cuenta de la injusticia que pasó con sus abuelos y una timidísima, vergonzosa y ridícula ley de memoria histórica, son el único aspecto esperanzador de toda esta situación. En sus memorias, Felipe González cuenta que, en una conversación con el militar Gutiérrez Mellado, pactaron que este tema lo iban a dejar hasta que murieran todos los afectados. Eso es un gran error, porque como habéis estudiado muchísimo en Argentina, esto es un trauma que se arrastra de generación en generación, y es algo que aquí se está empezando a estudiar y que hace que esto sea un tema del presente. La gente que opina que éste es un tema del pasado se equivoca, y mucho. Es un tema que nos incumbe como ciudadanos al día de hoy. Mi democracia es insuficiente si tengo a centenares de miles de conciudadanos que todavía están buscando su identidad, o a familiares que quieren enterrar dignamente. Es un tema de mi presente”, concluye Armengou.