Así como Julio César Brolese firmaba, durante la dictadura militar, los certificados de defunción sin nombre de las personas desaparecidas que llegaban a la morgue de La Plata y les ponía como toda descripción “pérdida de masa encefálica por herida de arma de fuego”, de la misma manera protegía a curas abusadores cuando integraba la Asesoría Pericial de La Plata, al aconsejarles a los padres que no hicieran la denuncia. Lo admitió él, cuando declaró como perito de la defensa de un acusado por abusar sexualmente de sus dos hijas. Brolese afirma que los minuciosos detalles de dos niñas de 3 y 5 años, abusadas en 2010, están vinculados con un “brote psicótico” de la madre.

En este mes, Brolese unió pasado y presente en su actuación como médico forense. La defensa del abusador lo convocó como perito de parte. El testimonio de la más grande, en Cámara Gesell, es elocuente sobre situaciones que la niña no podría inventar ni repetir. La madre de las víctimas presentó la denuncia el 17 de mayo de 2010 y actualmente se ventila en un juicio oral y público a cargo del Tribunal Nº5 de La Plata, que tiene fecha de sentencia para hoy mismo. Una parte de las actuaciones judiciales se dedica a indagar sobre la salud mental de la madre, que es la denunciante. Y la defensa del acusado se centra en una supuesta “estructura psicótica” de la mujer. Sin embargo, es tan contundente la manifestación de la niña, que el perito médico puesto por la defensa se sienta ante el tribunal, el 13 de marzo pasado, y atina a decir que las denuncias por abuso sexual son “revictimizantes”. Envalentonado, el médico Julio César Brolese cuenta, incluso, que cuando era médico de la Asesoría Pericial de la Justicia platense, les aconsejaba a los padres de víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes que no denunciaran, porque “no iban a llegar a nada”, sobre todo si el cura ya había sido trasladado.

El alarde de impunidad tiene una larga historia para Brolese. Como integrante de la Dirección de Sanidad Policial, es decir, médico de la policía, Brolese firmó 10 certificados de defunción sin nombre en la última dictadura militar. Los consignaba como NN, con la inscripción SUB (por subversivo) y se limitaba a consignar como causa de muerte “pérdida de masa encefálica por herida de arma de fuego”. Pero cuando se trataba de muertos en episodios que no tenían que ver con el terrorismo de Estado, el estudio de las causas de muerte era mucho más exhaustivo. Brolese, como sus colegas de la época, jamás fue imputado por ese delito que para la madre de Plaza de Mayo Adelina Dematti de Alaye fue “el enganche que logró la dictadura para su impunidad”.

Adelina dijo esto en otro juicio, también en curso, en la misma ciudad, que lleva adelante el Tribunal Oral Nº1 por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Cacha. En la audiencia del 21 de febrero, afirmó: “Acá no están sentados los policías médicos, yo los acuso”. Y exhibió ante el tribunal que preside Carlos Rozansky los listados de médicos que firmaron actas de defunción que figuraban como NN, entre quienes se encontraban Enrique Pérez Albizu, Carlos Morganti, Jorge Zenof, Roberto Ciafardo, Néstor De Tomas, Raúl Etcheverry, Luis Bajcovec, Omar Langone, Julio Brolese, Eduardo Sotes, Héctor Darbón, Héctor Luchetti, Raúl Canestri, Rolando Llanos, Ernesto Gelemur, Mario Cavazutti, Alberto Vitali, Rubén Ben, Rómulo R. Gauna, Carlos Zenof y Carlos Hid.

“Yo encuentro ahí nombres de personas que hoy están en lugares importantes y nunca estuvieron sentados frente a un tribunal”, señaló la madre. Se refería al más notorio de todos, Pérez Albizu, que una semana después renunció a su cargo de vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas. Sobre Brolese todavía no cayó la condena social y sigue siendo un profesional respetado, al que apodan Toro y está identificado con La Plata Rugby.

El médico platense fue llamado a declarar una sola vez por su participación en la cobertura legal de las ejecuciones de personas desaparecidas, que eran fraguadas como enfrentamientos. Fue en el marco del juicio por la verdad, en marzo de 1999, y allí dijo: “Todos los que vivíamos en aquella época teníamos conciencia del antes y del después. Porque también estuvimos en el antes, donde los enfrentamientos entre distintos grupos existían en el país y también existía todo esto. Yo no creo que nadie lo ignorara”. Aquella declaración no tenía consecuencias penales, pero allí admitió que firmaban los certificados NN sin hacer autopsia, Por eso, Adelina de Alaye pidió que sean investigados.

Brolese nunca fue psiquiatra, pero no tuvo empacho en decir que la denunciante del abuso de sus dos hijas tiene una “estructura psicótica” y que está en un “brote” que la lleva a manifestaciones delirantes. Fue convocado por el estudio Gascón-Cotti como perito de la parte acusada, el padre de las niñas, un hombre que obligaba a sus hijas a practicarle sexo oral, según pormenorizados relatos de las nenas. La historia empezó entre febrero y marzo de 2010, cuando las niñas de 3 y 5 años empezaron a portarse de una manera extraña. Se pusieron agresivas, la más grande se masturbaba compulsivamente en la escuela, y hablaban de un monstruo que les hacía cosas feas. Las nenas hablaron: el papá les hacía “chupar el pito” y les hacía pis en la boca. Contaron situaciones inimaginables, según peritos de la talla de Irene Intebi y María Beatriz Müller, convocadas por la querella.

La causa se caratuló “abuso sexual agravado por el vínculo” y el acusado estuvo preso durante un año. En la audiencia del 13 de marzo, Brolese consideró que la denuncia de lo ocurrido “revictimizaba” a las nenas y relató que, cuando integraba la asesoría pericial, aconsejaba a los padres de víctimas de abusos de parte de sacerdotes que no fueran a la Justicia, porque no se podía comprobar nada.

Los dichos despertaron indignación en los organismos defensores de derechos humanos. Así fue como Gabriela Raquel Gómez, abogada del Foro por los Derechos de la Niñez y la Juventud, lo denunció por “violación de los deberes de funcionario público”. Con esta denuncia, Gómez espera que Brolese deba hacerse cargo de sus palabras, pero sobre todo de las graves omisiones que reiteró a lo largo de su vida en la función pública.