La niña de 13 años abusada por su padrastro pudo acceder, finalmente, el viernes 2 de mayo, después de la negativa del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, a un aborto no punible. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires había convalidado la actitud del centro de salud de no practicar la intervención, con el argumento de que, por el plazo de 23 semanas transcurrido, la víctima corría riesgo de muerte. En contra de ese pronóstico, la interrupción del embarazo se llevó a cabo –de manera medicamentosa– primero en un consultorio privado y, después, en un hospital público fuera del ámbito bonaerense. La niña piensa, ahora, en volver a la escuela, donde cursa sexto grado.

A raíz de este caso se sumaron distintas voces para solicitar que se regule el derecho a los abortos no punibles más allá de seguir pidiendo por el aborto legal, seguro y gratuito. “El caso de Moreno demuestra la urgente necesidad de que el gobierno nacional reglamente el protocolo para los abortos no punibles, ya que se está incumpliendo con la legislación vigente”, le pidió la dirigente de Las Rojas Manuela Castañeira al Ministerio de Salud de la Nación. Por otra parte, la diputada porteña (FpV) María Rachid presentó una iniciativa para que “todas las provincias procedan rápidamente a implementar y a hacer operativos protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles, a los efectos de remover todas las barreras al acceso a los servicios médicos”. Aunque, aún si se aprueba, hay que ver cómo desde una normativa de la Ciudad de Buenos Aires se podría lograr una influencia directa con las provincias. Mientras que Christian Castillo, diputado bonaerense del Frente de Izquierda y dirigente del PTS, presentó en la Legislatura provincial una solicitud de informes al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Collia, que fue aprobada en la sesión del 30 de abril.