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La noche se enciende. La niña tiene fiebre. Y la oscuridad se prende en vela. No hay tregua al día cuando la fatiga no se deja rendir. La madre lleva a la niña hasta el vapor para exorcizar el cansancio con la respiración tibia. Esa noche encima, esa noche, le tocaba a ella. Porque no sólo los días están repartidos para trabajar, cocinar, buscar en el jardín y esa lista interminable de deberes. Las noches también. Las del sueño y las que la maternidad conjura mientras el mundo no escucha. “En esta casa somos dos cuidadores”, anuncia Juliana Martínez Franzoni, doctora en Sociología e integrante del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica. Ella lleva a su propia práctica amorosa la teoría de una democracia hogareña con su hija Maite, de cinco años. Y, cuando trabaja, intenta contestar cómo hacer para colectivizar los efectos colaterales de la crianza.

Franzoni realiza una profunda investigación sobre políticas de conciliación entre vida familiar y laboral en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Costa Rica en colaboración con Merike Blofield, de la Universidad de Miami. Su mirada cruza fronteras como ella hizo a lo largo de sus 47 años. Nació en Uruguay. Creció en Neuquén. Fue a estudiar a Montevideo. Voló por una especialización a la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Hasta que, en 1999, decidió vivir en Costa Rica cuando una conspiración ficticia de la FARC y el Banco Mundial cambió el destino de una conferencia que tenía sede en Colombia y se mudó –por seguridad– a Centroamérica. A su llegada, Mauricio Castro, el hermano de su mejor amiga, la fue a buscar al aeropuerto y no se despegaron más. Ahora la espera siempre que ella se va de viaje, un destino que la cruza de la puerta de su casa por lo menos dos meses –repartidos– por año. En el 2014, por un tiempo, vive en Argentina, sin dejar en la valija la palabra “apapache” –una forma de conjugar mimos– como parte de su estrategia para sanar a su hija cuando se enferma.

Y, desde acá, indaga sobre por qué a pesar del crecimiento económico y social desde el 2003 no se mejoraron las políticas de cuidados y las posibles estrategias –como jardines, mayores licencias paternales o maternales, redes públicas de cuidado, etc.– y no es un tema prioritario ni en el oficialismo ni en la oposición, el sindicalismo y la sociedad civil. Incluso, sin conformar un ranking de países, a diferencia de otras naciones latinoamericanas que sí instalaron el debate en sus campañas electorales y diseños de políticas públicas con mayores licencias maternales y parentales.

¿La sociedad todavía no se adaptó a que las mujeres trabajen dentro y fuera del hogar?

–En América latina ocurrió en poco más de dos décadas una transformación que en Europa y América del Norte tomó casi cien años y es el pasaje que de tres de diez mujeres formaran parte del mundo laboral a que, en tan poco tiempo, sean cinco de cada diez mujeres. Es una revolución silenciosa. Además, las familias son heterogéneas. Y hay una cantidad creciente de hogares con mujeres sin presencia de varones. Pero hay una presencia muy terca de la organización de los quehaceres domésticos y de los cuidados. Esto genera un corto circuito entre el mundo público y privado que no es transitorio, sino que ha llegado para quedarse. O pensamos que tarde o temprano las mujeres volverán a ser cuidadoras y no proveedoras de ingresos o nos enfrentamos a una realidad nueva que requiere muchísimas transformaciones. Por eso, nos preguntamos: En los países de la región con mejores condiciones para que el Estado se ponga las pilas con los cambios de la sociedad ¿hubo cambios? ¿En qué medida los países hicieron transformaciones en sus políticas públicas? ¿De qué depende que unos países avancen más que otros cuando es constante el ciclo expansivo económico y los procesos democráticos? No nos interesa ranquear países, pero sí ver por qué existe tanta variación. Nos enfocamos en países con recursos fiscales para hacer cosas, en presencia de una recuperación del Estado que volvió a estar en el centro de la agenda política para ver cómo se tendieron puentes para superar esta fisura entre el mundo laboral y doméstico. Estamos en la región del planeta más desigual entre quienes tienen más y quienes tienen menos. Por eso, es imposible pensar las relaciones de género sin compararlas con las relaciones socioeconómicas. El lugar de la mujer puede ser muy distinto. No es lo mismo una mujer que puede destinar dinero a pagar trabajo doméstico remunerado veinticuatro horas, comprar en la rotisería, lavar en una tintorería, que mujeres que dependen de tener madres, tías, hermanas para poder salir de la casa con tranquilidad.

¿Qué posibilidad tiene el Estado de incidir en el reparto de los cuidados?

–En Argentina es sorprendente la transformación de la política pública en materia laboral y social. ¿Pero en qué medida esas políticas han cambiado para lograr mayor corresponsabilidad del Estado? Si el Estado asume jardines maternales que abran durante ocho o diez horas al día (como una opción y no una obligación) está frente a una mayor corresponsabilidad estatal en los cuidados que contribuye a una mayor conciliación entre vida familiar y laboral, y cuando establece reglas para que los hombres puedan participar de las licencias por paternidad está contribuyendo a promover una mayor corresponsabilidad paterna. Se puede garantizar a las mujeres que la maternidad no amenace sus ingresos con las licencias o los permisos. También se puede desfamiliarizar y desfeminizar una parte de los cuidados. Y luego la compra de servicios de cuidado en el hogar, en donde el Estado puede desentenderse, con lo cual está subsidiando a los sectores de mayores ingresos que buscan pagar lo menos posible y penalizando a las mujeres de sectores populares que ven en el trabajo en casas particulares su única opción de ingreso laboral.

¿Cómo evaluás las políticas públicas de la Argentina?

–En Argentina comparamos el 2003 con el 2013 y las licencias por maternidad están reservadas a las asalariadas, con noventa días o una semana por debajo de lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda (de catorce semanas o noventa y ocho días) que debe ser el piso para tener una tranquilidad, por lo que son relativamente cortas y, además, como se considera un subsidio las mujeres trabajadoras no están cotizando a la previsión social, con lo cual una mujer que tiene tres hijos perdió un año de jubilación y necesita aportar más para ganar lo mismo. Esta valoración se dio en muchos países hasta que se consideró ese dinero como parte del salario. Por ejemplo, en el 2003, Chile y Argentina estaban en una situación parecida, pero durante esta década Chile introdujo muchos cambios y Argentina no.

¿La Argentina no avanzó?

–En el tema de licencias no hubo cambios, a diferencia de Chile y Uruguay, que modificaron sus licencias. En Uruguay las licencias experimentaron varios cambios y en noviembre de 2013 tuvo lugar una reforma. La licencia por maternidad pasó de doce a catorce semanas y la licencia por paternidad a diez días. En el otro extremo, Argentina es el único de los cinco países que en 2014 no respeta el piso maternalista establecido por la OIT (de catorce semanas).

¿Hubo algún progreso?

–El cambio más importante fue en relación con la regulación de las trabajadoras de casas particulares que no es nada menor, pero que fue un cambio que también se dio en los otros países, por eso no diferencia a Argentina poner a estas trabajadoras con la misma legislación que el resto de los trabajadores desde mediados del siglo XX. Por suerte, desesclavizar este trabajo es algo que se está dando en toda la región, incluyendo la licencia por maternidad, que hasta hace muy poco estas trabajadoras no tenían. Pero lo más llamativo en la Argentina es que el tema de cuidados no está como un tema fuerte en la agenda política.

¿La Argentina tuvo avances económicos, sociales y de género pero no en el reparto de cuidados?

–El tema de cuidados no está en la agenda, por oposición a campañas electorales en Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay.

¿Cómo pueden las mujeres decidir su voto según las posiciones con respecto a quién y cómo se cuida?

–En febrero del 2010 en Costa Rica la entonces candidata a la presidencia, Laura Chinchilla, del Partido de la Liberación Nacional, que no es feminista, hizo su campaña en base a una propuesta de seguridad y una red nacional de cuidados. Ella gana las elecciones y entre el 2010 y el 2014 lo lleva a la práctica más allá de que podamos discutir bondades de la implementación. Pero fue un tema de relevancia electoral. Algo similar ocurrió en la campaña de Sebastián Piñera, en Chile, en el 2009, en que el debate sobre una licencia posnatal se vuelve un tema central, en ese caso, por el pedido de mujeres pro lactancia que querían poder honrar la recomendación de lactancia de la Organización Mundial de la Salud (OMS). También se da la conjunción con el interés empresarial de blanquear licencias de maternidad extendidas (que las paga el Presupuesto nacional) que estaban encubiertas como enfermedad de las madres (que las pagan los privados). Este posnatal se implementó en el 2011 y se empezó a poner en práctica en el 2012 y combina una licencia de maternidad extendida con una licencia que puede tomar la madre o el padre.

¿La licencia por maternidad o las asignaciones por hijo se tienen que ampliar a otras trabajadoras que ahora no la perciben como, por ejemplo, monotributistas? ¿Cómo se puede lograr una mayor inclusión?

–En general se ha buscado, en otros países, que todas las mujeres que cotizan en la previsión social tengan licencia por maternidad, cuyo objetivo es la protección del ingreso, porque mientras estás cuidando no podés generar ingresos. Es irrelevante si sos asalariada o si no sos asalariada. También es un objetivo de corto plazo para la contribución.

¿El sindicalismo tiene responsabilidad en no pelear por mejores condiciones de trabajo para madres y padres?

–En la Argentina tenés una mejora notoria de las personas asalariadas que están amparadas en paritarias. Llama la atención que en el marco de paritarias el cuidado no sea relevante. No toma ni tres minutos al final de una negociación, a pesar de que la cobertura de las negociaciones colectivas equivale al cuarenta por ciento de asalariadas/os y treinta por ciento de la fuerza laboral, según la investigación “Trabajo decente y corresponsabilidad en los cuidados en Argentina”, de Carina Lupica. Sorprende que teniendo ese instrumento tan poderoso de negociación colectiva esta parte del mundo laboral no demande, por ejemplo, que la licencia deje de ser subsidio y cuente para la previsión social, licencias extendidas (y no la excedencia no remunerada que además deja a la trabajadora en una negociación desigual) y que no planteen de manera más beligerante las salas cuna y la atención de cuidados cuando terminan las licencias.

Ni en reclamos sindicales, ni en los planteos de la oposición aparecen estos reclamos por mayores licencias y más jardines maternales. ¿Por qué?

–Da la sensación de que es una demanda personal e individual que no logra traducirse en una demanda colectiva y política. En muchas de las centrales sindicales hay pedidos, pero no dejan de ser voces marginales preocupadas por problemas que afectan a las mujeres. Es llamativa la ausencia de agenda no sólo en el Gobierno, sino también en los diferentes actores. No es que no lo tiene el Gobierno y está muy claramente presente en otro lado. No hay una demanda social clara desde ninguna parte. En todos lados hay un poquito de algo sin que termine de tener suficiente voz.

¿Cómo hicieron los otros países latinoamericanos para generar cambios?

–En otros países estos cambios no surgen de presiones sociales fuertes, a diferencia de demandas de derechos sexuales y reproductivos y de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. En donde hemos encontrado mayor transformación la iniciativa ha partido de los poderes ejecutivos, y las razones por las que se ponen las pilas pueden ser diversas: la preocupación por la natalidad o por falta de fuerza productiva capacitada como en Uruguay, porque los niños que están naciendo lo hacen en los hogares con menos capital humano (menos nivel educativo) y, por lo tanto, interpela qué posibilidad hay de interrumpir ciclos de reproducción de la pobreza. No necesariamente se llega a la preocupación por el cuidado por una preocupación de género, sino por muchos caminos. Es posible que en este momento en Argentina no existan estas preocupaciones. Sin embargo, de acuerdo con un trabajo de Corina Rodríguez en la Capital Federal hay el doble de mujeres calificadas no utilizando su calificación que de hombres. Las brechas salariales y la segregación laboral no son sólo un problema de las mujeres, sino un problema de índole socioeconómica. Resolver mejor el cuidado mejora los climas laborales y la productividad laboral. Si no se corrige este problema genera muchos costos que este cortocircuito sea administrado a nivel individual y femenino. También hay costos económicos. ¿Cuánto le cuesta al Estado una niña quemada porque se está autocuidando, versus asegurarse de que no haya niños o niñas solos en la casa porque los adultos de la casa no pueden cuidarlos? Por supuesto que los jardines maternales cuestan dinero, pero no tenerlos también cuesta mucho dinero. Y eso en relación con el dinero, pero también hay derechos y muchas consecuencias que una sociedad no cuidadora tiene en las personas.