“La nueva inquisición” llama la legisladora porteña María Rachid a la aplicación de la ley contra la trata de personas. Y ahonda: “La pérdida de cada vez más derechos de las trabajadoras sexuales es hoy una realidad evidente en nuestro país. Lo normado en algunos artículos de la ley antitrata ha llegado a criminalizar el trabajo sexual generando que las trabajadoras sean objeto de una constante persecución y criminalización que las pone en riesgo y obstaculiza el trabajo contra la explotación y trata”. Por eso, presentó un proyecto de ley de habilitación de establecimientos donde se brindan servicios sexuales en la ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa es sumamente criticada por quienes consideran que la explotación sexual nunca es trabajo y que esa reglamentación favorecería el comercio de mujeres. Pero Rachid sostiene que no fomenta el lucro de proxenetas sino del trabajo sexual de manera independiente –en forma individual o de cooperativas– que se ejerza en casas o locales. Y asegura que se preocupa porque la persecución a la trata genera lo que ella califica como desocupación: “El argumento de que el trabajo sexual no es elegido por nadie y que es siempre una explotación parece ignorar por completo la esencia de un sistema capitalista que genera explotación laboral y la realidad de muchos trabajos en nuestras sociedades. Contra esto generalmente proponemos más garantías y derechos para esos/as trabajadores/as y no la persecución y criminalización que siempre tiene como trasfondo la imposición de una moral determinada y una mirada sobre la sexualidad y los cuerpos que no todos tenemos la obligación de compartir. Así las consignas ‘mi cuerpo es mío’ y ‘la libertad de decidir sobre el propio cuerpo’, deberían incluir la posibilidad de ejercer el trabajo sexual”, polemiza con los grupos abolicionistas.