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El 23 de junio pasado se conoció que tres mujeres de la localidad jujeña de Calilegua estaban detenidas. Una de ellas, Susana Díaz, por haberse realizado un aborto clandestino; las otras dos, María Cuella y Claudia Guaraná, acusadas de haberla ayudado. Si bien el aborto está considerado un delito en nuestro país, con penas de hasta cuatro años, Susana está procesada por “homicidio agravado por el vínculo y por la cantidad de participantes”; María y Claudia, por “homicidio agravado por la cantidad de participantes”, que son delitos con penas cercanas a los veinticinco años.

El relato de los medios en la provincia que condenó a Romina Tejerina y absolvió a su violador era esperable: la criminalización de tres mujeres. Sin embargo, las tres eran trabajadoras municipales precarizadas, encargadas de barrer por las mañanas las calles de Calilegua. Susana recién había logrado salir de una relación con un violento cuando se enteró de que estaba embarazada. Decidió realizarse un aborto y las condiciones de insalubridad le provocaron una infección. Con hemorragias y septicemia llegó al hospital Oscar Frías de Ledesma, donde la médica María Marta Scaro escribió en un acta que “dio a luz” y llamo a Fabián Chaile, jefe de la Brigada de Investigaciones de Libertador General San Martín.

El policía acusó a Susana de haber vendido un bebé y la detuvo en la cama del hospital; luego mandó a detener a María Cuella y Claudia Guaraná. A Claudia, Chaile la golpeó contra una mesa y la obligó a declarar sin un abogado presente. Las mujeres confesaron el aborto. Chaile llamó a la fiscal de San Pedro, Silvia Del Valle Faral, que sin entrevistarlas inició las causas y las caratuló como “homicidio doblemente calificado” para Susana y “homicidio calificado” para María y Claudia.

Estuvieron detenidas en la Comisaría 24ª de Ledesma, que tiene en la puerta un cartel: “Memoria, Verdad y Justicia. Aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”, porque fue un centro clandestino de detención de cientos de activistas en la Noche del Apagón. Las tres estuvieron en una celda de dos por dos, sin luz, sin puerta (sólo unos barrotes), con un colchón de una plaza y unas frazadas, teniendo que gritar hasta que algún guardia les abriera para ir al baño.

Ya se inició una campaña nacional e internacional por su libertad con la organización Las Libres de México y Marianne Mollman (ex integrante de Human Rights Watch) y vamos a llevar esta causa al Encuentro Nacional de Mujeres. Las presas de Jujuy echan por tierra la idea de que con el fallo de la Corte y el misoprostol el aborto sería prácticamente legal en Argentina. Las mujeres podemos ser criminalizadas por practicarlo en un sistema judicial misógino que se ensaña con nosotras. El reclamo de libertad de las presas de Jujuy es inseparable de la pelea por el aborto legal.

* Socióloga e integrante de la agrupación de mujeres Las Rojas y del Nuevo Mas.