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Una mujer estuvo secuestrada cuatro meses por una red de trata. Quedó embarazada por las reiteradas violaciones. Después de ser liberada pidió realizarse un aborto no punible en el Hospital Piñeyro a través del Centro de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) 40 de la Ciudad de Buenos Aires. Pero las autoridades se negaron –una práctica sistemática en esa institución en donde se alega objeción de conciencia sin garantizar el acceso al derecho a las víctimas de violencia sexual por parte de alguno/a de sus profesionales– e intentaron mandar a la mujer, con misoprostol, a su casa a que enfrente sola y en el encierro, sin contención médica ni psicológica, una fuerte hemorragia. Finalmente, se logró que el 16 de octubre se le realizara la práctica con el debido resguardo de su salud, después de la intervención de la Línea de Salud Sexual y de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Los abortos domiciliarios son una estrategia para saltear la clandestinidad, pero no pueden ser una coartada de los servicios de salud público para no cumplir con su responsabilidad de garantizar una interrupción legal del embarazo. Y, mucho menos, frente a una víctima de explotación sexual que fue revictimizada institucionalmente en un caso que se enmarca como violencia sexual y reproductiva. Por eso, el 27 de octubre se realizó un escrache frente al Hospital Piñeyro para denunciar el incumplimiento del fallo F. A. L que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2012. “Colocar obstáculos en la atención, maltratar a las pacientes, constituyen faltas graves que es necesario desterrar”, increpó María Elena Naddeo, directora de Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras, en La Pampa médicos de General Pico se negaron a realizarle un aborto no punible a una nena de once años que fue violada por la pareja de su abuela. Y, finalmente, la interrupción del embarazo se tuvo que realizar en Santa Rosa el domingo 26 de octubre.