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Luego de 24 años del fin de la dictadura militar, el Estado chileno sigue en deuda con las y los sobrevivientes de tortura y violencia sexual en materia de verdad, justicia y garantías de protección. Los nombres de la mayoría de los torturadores permanecen ocultos, las condenas por dichos actos se han hecho esperar y, pese a las reiteradas denuncias de estas agresiones y a su documentación por parte organismos oficiales y civiles, las mujeres que participan en manifestaciones públicas, como las protestas estudiantiles de 2012, siguen siendo objeto de abusos sexuales por parte de agentes del Estado. En junio de 2014, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, anunció un proyecto de ley que buscaría incluir el delito de tortura en el Código Penal chileno. Ante esto, la Asociación de Memoria y Derechos Humanos Venda Sexy (nombre con el que se conoce a uno de los centros de detención y tortura que operó durante la dictadura) le exigió al gobierno atender las recomendaciones internacionales sobre el tema y tipificar la violencia política sexual como delito autónomo. Beatriz Bataszew, en tanto sobreviviente y parte de las organizaciones sociales, trabajó para instaurar, el año pasado, la primera querella por violencia política sexual. Además de buscar justicia y reparación, con esta medida exigen al Estado abordar dicha violencia en su especificidad, es decir, como un crimen diferente de otros en cuyas figuras suele ser subsumido y de hecho invisibilizado.

¿Cómo ha abordado la Justicia chilena las denuncias por violencia sexual durante la dictadura militar?

–Hasta hoy, la Justicia chilena no lo ha hecho. Organizaciones como la Corporación Humana han trabajado con varias querellas de mujeres por detención, desaparición y ejecución. Pese a que en ellas se han mencionado y verificado las prácticas de violación, desnudez forzada y otras formas de violencia sexual, los procesos judiciales no han condenado a nadie por ese delito. Sin embargo, el tratamiento del tema ha evolucionado. En mayo de 2014 hubo un cambio en la estrategia y se empezó a plantear la violencia política sexual como un crimen autónomo, de lesa humanidad y distinto del de tortura. Hasta entonces, la violencia política sexual era planteada bajo el rótulo de tortura, pero en Chile este delito no está tipificado; sólo son reconocidos los tratos degradantes, inhumanos, crueles. Los juicios al respecto no han tomado como marco la jurisprudencia internacional.

¿Cuál es la relevancia de este cambio?

–Al ser consideradas tortura, las agresiones sexuales eran abordadas sólo en términos de violencia, desconociendo la sexualidad de las mujeres como un elemento específico de la misma y como uno de los mecanismos empleados de manera diferencial por el terrorismo de Estado en hombres y mujeres. Aunque no hay estudios al respecto, grosso modo podría decirse que el 95 por ciento de las mujeres que estuvimos detenidas o secuestradas y aproximadamente un 10 por ciento de los hombres en esa situación fuimos objeto de violencia política sexual. Al plantear la violencia política sexual como un crimen autónomo también se señala su especificidad, es decir, que fue ejercida contra las mujeres por ser mujeres. Asimismo, pone de relieve el modo como un poder sexual se expresa en una sociedad desigual como la chilena en el contexto de dictadura. Ahora bien, tanto en tiempos de paz como de guerra, las mujeres son agredidas sexualmente, pero en contextos de conflicto y situaciones represivas esto se exacerba, sobre todo contra las mujeres que contravinimos normas políticas y culturales tradicionales. Nosotras rompimos con la división de los espacios y la jerarquía entre ellos y salimos al mundo público. Eramos actoras públicas. En el contexto del golpe, donde se asignaba un rol fundamental para las mujeres, correspondiente al espacio privado, a ser madre, esposa y cuidadora, esa actitud fue duramente castigada. Esto se evidenciaba en el lenguaje de los torturadores, donde era muy fácil pasar de ser santa a ser puta. Cuando señalamos esta diferencia de la violencia política sexual también estamos retomando el legado de las luchas de otras mujeres en el mundo. En los juicios de Nuremberg fue testificada violencia de este tipo contra mujeres de uno y otro bando, pero no fue condenada. Asimismo, hemos examinado experiencias como la del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, así como los debates en la Corte Penal Internacional, la Convención Belem do Pará, Cedaw y consideramos que es necesario exigirle al Estado chileno que actúe de acuerdo con la jurisprudencia internacional. Esto es lo que estamos pidiendo en la actualidad. Durante algún tiempo, la crítica feminista al derecho internacional humanitario señaló la importancia de reconocer la violencia sexual en contextos de guerra o de conflicto como una forma de tortura, para evidenciar su uso como arma. No obstante, ustedes señalan el riesgo de ocultar el carácter de género de dicha violencia.

¿Cómo proponen resolver esta dificultad a partir de la ley que tipificaría dicha violencia?

–Eso forma parte de las discusiones que se están dando en el país. Nosotras integramos un colectivo llamado Mujeres Sobrevivientes, Siempre Resistentes, y nos orientamos más por esta última línea. Otras compañeras asumen una postura distinta. Nosotras queremos que se aborde el tema de la violencia, pero también el de la sexualidad, y eso ha sido entendido por quienes buscamos la promulgación de la ley que tipifique el delito de violencia política sexual. Hemos recorrido un largo camino pidiéndole al Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) que se hiciera cargo de esta problemática y planteamos que cualquier tipificación al respecto que se haga en nuestro país cuente con la participación y la aprobación de nosotras, las sobrevivientes. Eso ha sido aceptado. Actualmente tres sobrevivientes estamos trabajando con la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y con un grupo de abogados de nuestra confianza. Mi impresión es que la ley que se promulgue va a ser muy cercana a lo que estamos planteando.

¿A qué atribuye la menor visibilidad que ha tenido dicha violencia, pese a las reiteradas denuncias al respecto y a que el informe de la primera Comisión Valech recogía relatos de este tipo, frente a otros crímenes cometidos durante la dictadura que han sido investigados?

–Que quede claro que han sido investigados pero no sancionados, porque los realmente sancionados han sido los ejecutados y los desaparecidos. Los investigados no han cumplido penas por dichos crímenes, lo que da lo mismo. Yo creo que hay varias razones. En primer lugar, a que en las declaraciones que dábamos era borrado lo que tenía que ver con la violencia sexual. Muchas de nosotras hicimos declaraciones en las que manifestamos haber sido objeto de tortura y de violencia política sexual desde 1976. Después de muchos años fuimos a buscar los informes judiciales que se habían elaborado a partir de nuestros testimonios y encontramos que no aparecía nada de lo que habíamos dicho. En su lugar aparecía la expresión “trato degradante”. También hicimos declaraciones en un organismo de la Iglesia Católica chilena que apoyó a presos y presas políticas llamado Vicaría de la Solidaridad. Buscamos estas declaraciones y ocurría algo similar. Un segundo elemento es que hace 40 años la violencia sexual hacia las mujeres formaba parte de la cotidianidad. Por ende, muchas mujeres tendían a normalizarla y a verla como algo que te podía pasar, sin asumirla en su gravedad. Para muchas mujeres no era algo tan significativo, porque ya tenían experiencias anteriores de violencia sexual. El imaginario social de la tortura es masculino: el golpe, la cachetada, la patada, la electricidad... Así que esto tendía a aparecer como un daño colateral. En tercer lugar, los sobrevivientes, hasta el día de hoy, no tenemos asesoría jurídica ni asistencia legal. Estamos sumidos en la más absoluta indefensión. Los abogados con los cuales hemos presentado querellas por tortura y por violencia sexual lo hacen de manera solidaria, así que no pueden llevar los casos del conjunto de la población. Y muchos de esos abogados no tenían formación en género. La Justicia, tampoco.

¿Cómo ingresó el tema en el debate público y judicial de Chile?

–Anteriormente habían sido interpuestas querellas donde aparecía el tema de la violencia sexual, pero en mayo del año pasado se hizo la primera de ellas por violencia sexual como crimen autónomo. En este caso participaron cuatro compañeras. Dicho proceso está en curso. Ha avanzado, pero aún no tiene condena. Es preciso esperar la respuesta de la Justicia. Con respecto al modo como ha sido posicionado el tema en el debate público, yo siento que también se produjo un cambio en nosotras. No sabría decir cuáles son las razones. Nosotras somos mujeres de 60 años, ya criamos nuestros hijos, estamos consolidadas en nuestras vidas, pero de repente nos juntamos y esto fue como un renacer político también. Habíamos intentado hacerlo antes, porque las mujeres sobrevivientes tenemos un nexo muy profundo. Pero es como si hoy estuviéramos decididas a llevar esto hasta el final. Para muchas de nosotras significó recuperarnos como sujetos políticos. Cuando concedimos las primeras entrevistas sobre el tema, nuestro discurso cambió y floreció el de la mujer resistente y empoderada que lucha por la justicia. Esto generó, desde mi perspectiva, una gran aceptación. La gente tenía la imagen de la victimización, el llanto y el dolor que, aunque cierta, es sólo una parte de la historia. Nosotras vivimos esa historia porque éramos rebeldes y luchadoras. Este cambio en el discurso fue valorado por la población y por los medios de comunicación. Nosotras llevamos a cabo pequeñas acciones que convocan. Cosas cotidianas. Los jueces y las autoridades del Estado ya nos conocen, saben quiénes somos.

¿Qué alcances pueden tener las querellas, las reuniones que han sostenido con funcionarios del gobierno y la tipificación de la violencia política sexual?

–En materia de judicialización queremos que el Estado chileno cumpla su compromiso con la verdad, la justicia y la garantía de no repetición. Esa es una reivindicación insoslayable. Es un derecho que tenemos quienes fuimos torturadas y violentadas sexualmente. No permitiremos algo distinto así nos demoremos 40 años más. Chile no ha alineado su legislación con los tratados internacionales de derechos humanos. En el país todavía está vigente la ley de amnistía. Nosotras queremos que esos tratados tengan carácter constitucional o supraconstitucional. Si la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema no aplican la jurisprudencia con relación a la violencia política sexual contra las mujeres, iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional, o adonde sea necesario. El Estado sabe que lo vamos a hacer. Para nosotras el camino está claro. Resta esperar el resultado de la querella de las cuatro compañeras y de las muchas que van a venir. En la entrevista que sostuvimos con el ministro de Justicia en diciembre del año pasado, él se comprometió públicamente a conformar un equipo jurídico, con abogados de nuestra confianza, con perspectiva de género y con presupuesto para que las mujeres podamos presentar nuestras querellas. Actualmente están trabajando en la conformación de dicho equipo. Con respecto a la ley que busca la tipificación, la encontramos valiosa. En 2012, cuando se hicieron las movilizaciones estudiantiles en Chile, 30 niñas y estudiantes mujeres fueron detenidas y sometidas a violencia sexual por agentes del Estado, por policías. No pasó nada con ellos. Entonces, así como nosotras, las mujeres sobrevivientes, hemos recibido legados de otras mujeres, para nosotras la tipificación también sería un legado para las mujeres más jóvenes, para que tengan derecho a protestar, a tener vida y opinión política sin por ello ser objeto de violencia sexual. Sabemos que esto no cambiaría sustancialmente la situación, ya que son necesarios cambios culturales profundos. También es importante que Chile forme en género a los operadores judiciales, como lo señaló la Corte IDH a raíz del caso de la jueza Atala, lo cual no ha hecho. Para la tipificación estamos exigiendo operadores judiciales que puedan entender las demandas de las mujeres. Creemos que, si no se incorpora la perspectiva de género, no hay posibilidad de que las humanas tengamos derechos humanos.

* Publicado originalmente en clam.org.br