El rostro de su hijo César Manuel González casi le tapa el cuerpo a Hilda Hernández Rivera, retratado en esa gigantografía que recorre Latinoamérica desde México junto con las fotos de sus otros 42 compañeros de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, detenidos desaparecidos por la policía del estado de Guerrero el 26 de septiembre de 2014. Fogonazos en blanco y negro de caras que se replicaron durante toda la semana en Buenos Aires, en diferentes jornadas que culminan mañana, antes de seguir hacia Uruguay y Brasil como parte de la Caravana 43 Sudamérica, un recorrido para pedir justicia y la solidaridad institucional de la región. Con manos fuertes, Hilda enrolla y desenrolla el banner que nunca deja de sostener porque aún en retrato César peregrina junto a ella y el resto del contingente que integran su marido, Mario César González, Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa, otro de los jóvenes desaparecidos, y Francisco Sánchez Nava, uno de los estudiantes que sobrevivieron al ataque. “Hemos comprendido que si no hacemos nada no vamos a encontrarlos”, explica Legideño Vargas. “Y al gobierno no le importa pisotear la dignidad de los pobres ni de los indígenas; dicen que nuestros hijos están muertos, pero nosotros no creemos en esa versión.”

En el ataque del 26 de septiembre participaron policías municipales que dispararon a mansalva sobre los estudiantes, dejando un saldo de seis muertos, tres de los cuales eran sus compañeros. El tiroteo comenzó al atardecer, después que intentaran regresar en dos autobuses de Iguala a Ayotzinapa. Tuvieron que bajar de los micros cuando apenas habían avanzado una cuadra, en medio de ráfagas que parecían disparos al aire, hasta que la caída de Aldo Gutiérrez Solano, el primer herido de 19 años, les hizo entender que eran tiros a matar. Los que lograron esconderse fueron testigos de cómo los policías se llevaron a sus compañeros, que continúan desaparecidos. Aldo está tendido en una cama de hospital, en coma profundo a raíz de la bala que le perforó la cabeza. A otro compañero, Julio César Mondragón, se lo tragó el monte corriendo aterrado en la madrugada del 27. Su cuerpo quemado y sin rostro apareció a la mañana siguiente; lo habían desollado y le arrancaron los ojos. Este lunes 25, el sobreviviente Francisco Sánchez Nava los recordó en el acampe qom que se levanta hace más de tres meses en Avenida de Mayo y 9 de Julio, durante una jornada con organizaciones políticas y sociales. “México es un río donde corre sangre de gente humilde. Denunciamos al gobierno de Enrique Peña Nieto por la desaparición y la masacre de nuestros compañeros. Aquellos que quieren levantar la voz están siendo asesinados. La policía municipal mata a 30 personas por día y otras 15 desaparecen a diario. Pero en Ayotzinapa somos 520 estudiantes de base y no tenemos miedo, no vamos a permitir que el 26-S quede impune.”

La otra verdad

En Iguala, el lugar de la tragedia, la seguridad quedó en manos de las autoridades federales luego de comprobarse la relación estrecha que guardan policía municipal, sectores narcos y crimen organizado. Entre 2011 y 2014, la Justicia del DF registró 19 denuncias de desapariciones, mientras que cifras extraoficiales establecen 2007 casos ocurridos hasta diciembre del año pasado entre los municipios vecinos de Iguala, Cocula y Taxco. La actual procuradora general de la República (PGR), Arely Gómez González, presentó este martes una “Estrategia de intervención psicosocial y jurídica integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para la atención a las víctimas de desaparición en Iguala”. El procurador anterior, Jesús Murillo Karam, fue corrido de ese puesto después de armar su “verdad histórica de los hechos”, declarando en conferencia de prensa que los 43 alumnos de Ayotzinapa fueron secuestrados por la policía y entregados a sicarios del cartel Guerreros Unidos para después ser asesinados, incinerados en el basurero de Cocula y lanzados al río San Juan. Irresponsable, Murillo Karam arrojó más violencia a la situación con un argumento falso rechazado por los familiares, que exigieron su inmediata renuncia, y rebatido por integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que trabaja en ese territorio con la fiscalía a cargo de la investigación y cuestionó los dichos del funcionario, hoy reciclado como secretario de Desarrollo Agrario.

Hilda Hernández Rivera relata indignada que el gobierno “no ha sido capaz de buscar a nuestros hijos. Los dieron por muertos pero no les creemos, siempre supimos de la represión porque cada vez que protestamos nos matan o nos desaparecen”. Su compañera, Hilda Legideño Vargas, siente que están vivos. Le cuesta hablar, le gana la desesperación de ocho meses en los que sólo transcurre incertidumbre. “Quieren tapar todo y aún no responden al pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de reunirse con los militares de Ayotzinapa para poder avanzar en la investigación”, lamenta Legideño Vargas. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que designó el organismo intenta entrevistar a militares del batallón 27 con sede en Iguala, señalado por los familiares por sus posibles vínculos con la tragedia. “Andan queriéndonos convencer de que no se los llevaron en Iguala, de que por ahí han de estar. Estamos cansadas de preguntarnos qué les estarán haciendo, y sé que nos puede suceder algo a nosotras, pero vamos a seguir luchando porque estamos hasta la madre de poner los muertos y ellos las balas.”

Las 15 escuelas rurales que hay en el país son el último reducto de educación socialista. Los recursos parecen broma: cada alumno recibe una beca de 50 pesos diarios para arreglarse con las tres comidas del día, cuando esos 50 no alcanzan ni para una. En la Normal Burgos, sus estudiantes apenas pasan los 20 años, muchos son hijos de campesinos de comunidades lejanas en Guerrero. La noche del 26 de septiembre, César Manuel González todavía imaginaba convertirse en maestro de otros campesinos. Su madre lo recuerda en presente como “un joven alegre al que le encanta la música. Trabaja y estudia, tiene una hija de un año y medio y dos hermanos, una mujer y un varón”.

“Las malas noticias vuelan”, murmura Hilda. Supo muy pronto que algo había sucedido esa misma noche, pero llegó con su marido a Ayotzinapa el 27 porque viven lejos de la escuela. “Había mucha movilización. Preguntamos pero no nos informaban. Uno de los muchachos del comité estudiantil nos dijo que habían fallecido tres personas y que los sobrevivientes vieron a la policía llevándose al resto. Pensamos que los habían detenido, pero en la dependencia policial de Iguala no estaban. Fuimos a hospitales y al cuartel militar; no nos permitieron entrar. Nunca recibimos información.” Las desapariciones y muertes fueron sólo el inicio de una espiral de violencia contra las familias de las víctimas, que vieron cajonear sus denuncias en la Procuraduría y se toparon con la indiferencia de Rogelio Ortega Martínez, el gobernador de Guerrero, recuerda Hilda. “Nos quieren arreglar con los sesenta y tantos detenidos que tiene la causa. Hasta el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y su mujer, María de los Angeles, están presos porque, según las autoridades federales, fueron los que mandaron a detener a nuestros hijos, y aun así nadie nos dice qué pasó.”

Ellas no están solas

La causa principal está caratulada como desaparición forzada, en un país donde las cifras oficiales hasta agosto de 2014 publican 22.322 personas desaparecidas. La PGR ofreció una recompensa de 64.500 millones de pesos por información que ayude a hallar a los 43. A los familiares sólo les importa encontrarlos, uno por uno y con vida. “Vivos los llevaron. Vivos los queremos, porque no son nombres sin cuerpo, como están empezando a decir”, advierte Hilda Legideño Vargas. Fue una de las pocas que pudo hablar con su hijo, Jorge Antonio Tizapa, poco antes de su desaparición. Pasadas las siete de la tarde del 26, le mandó un mensaje diciendo que iban a una actividad en Iguala. “Le respondí ‘con mucho cuidado’ –aclara Hilda–. Siempre le decía lo mismo, porque la agresión que reciben los alumnos en la Normal es constante.” Horas después su yerno le avisó que los muchachos habían sido agredidos y algunos muertos. “Llegué a la escuela y estaban las listas de fallecidos. Di gracias a Dios que ahí no figuraba el nombre de mi hijo. Los otros estudiantes nos decían ‘no se preocupen tías, en tres días los sueltan, les cobran fianza y los dejan salir’, pero no quedamos conformes. Desde entonces es una desesperación muy fuerte no saber de ellos.”

César Manuel González Hernández, uno de los padres que vino a Buenos Aires en la Caravana 43, recuerda que al principio fue un caos. “Nadie sabía qué hacer, nos la pasábamos llorando y así hasta que comprendimos que si no hacíamos nada, nunca íbamos a encontrarlos.” La búsqueda de justicia los sigue golpeando. “Este gobierno asesino y narcotraficante llegó a ofrecernos dinero, pero a mi hijo no voy a venderlo: se llevaron a mi hijo y se llevaron mi miedo.”

Las Hildas, como las llaman cariñosamente activistas y asambleístas que las quieren y apoyan, valoran el acompañamiento permanente de las mujeres de sus pueblos, “porque tienen hijos e hijas y sienten miedo de que les llegue a pasar lo mismo que a nosotras”. Están avisadas de las injusticias vertidas en uno de los estados más pobres del país, con presencia de siete de los nueve carteles que coparon México y que pretenden quebrar las organizaciones de autodefensas rurales, creadas por el campesinado para neutralizar el horror. Cuando este 10 de mayo se celebró el Día de la Madre, 16 ciudades marcharon con las familias de lxs desaparecidxs por la violencia del narcotráfico.

Hace poco, Legideño Vargas hizo un descubrimiento que la emociona y la anima a compartir: “Me he dado cuenta de que mi hijo, Jorge Antonio, es muy noble. Siempre decía que iba a hacer algo para que no viviéramos preocupados por nuestro futuro. Tengo otra hija de 21 que me alienta a seguir, porque por los hijos hacemos todo. Tanto que hasta aprendí a hablar, antes no me daba el valor, sentía que iba a decir alguna incoherencia, pero al final estoy diciendo algo verídico, que estamos sufriendo. Hemos arriesgado mucho exponiéndonos todos, pero no importa que caigamos si volvemos a levantarnos. Ellos tienen que aparecer”.

Las jornadas y las manifestaciones en la Embajada de México y la Cancillería argentina incluyeron una reunión con Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, donde se compartieron experiencias de lucha y se transmitieron los reclamos de memoria, verdad y justicia que Hernández Rivera tradujo en admiración. “Las Madres son personas fuertes, de una intensidad que nos ayuda a seguir exigiendo la aparición con vida en una batalla atravesada por el amor.” En Uruguay y Brasil repetirán las consignas de lucha transnacional. “Necesitamos que otros países se pronuncien para que el gobierno de México vea que no estamos solas, para que se sienta presionado y resuelva el caso.”

La periodista Paloma Robles, de la Asamblea de Mexicanxs en la Argentina, habla de hermanar luchas. Considera que la naturalización de la violencia es global, “pero en la Argentina se entiende de qué se trata el dolor, se tiene muy sabido cuáles son las repercusiones de un Estado de terror”. Robles analiza que el Estado narco está marcando una agenda neoliberal de terror y despojo, “y el resto del país se debate entre una violencia intensificada contra los más humildes y contra las mujeres. Las muertas de Juárez hoy se replican en cada estado mexicano.”

Hernández Rivera concluye que el exterminio de jóvenxs, mujeres y niñxs es sistemático en toda la república. “Miles de jovencitas que desaparecen o las matan. Se las llevan por engaños para la trata por explotación sexual o laboral, o para tráfico de órganos. El presidente Enrique Peña Nieto, en lugar de apoyar a los jóvenes, los ha atacado más. ¿Será tanta cizaña porque las escuelas normales son las que alzan la voz frente a las injusticias que sufre el pueblo mexicano?”

Mañana, el cineasta Xavier Robles presentará en la Cineteca Nacional del DF Ayotzinapa. Crónica de un crimen de Estado, un documental que contextualiza los hechos del 26-S en el universo criminal que padece México. Se trata de una denuncia concreta que vincula las desapariciones de los 43 estudiantes “como un crimen de Estado” en ese clima de impunidad que reina en todo el país. Robles considera que se estableció “una política criminal y genocida, que lleva muchos miles de desaparecidos y muertos”. Sus palabras tienden un puente invisible con el sur del mundo para que se preste atención: esta semana, dos mujeres vinieron a gritar que no se puede administrar el infierno con una economía de crimen.