Viernes, 7 de agosto de 2015 | Hoy
El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) comunicó que no reconoce la existencia del denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP), en concordancia con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que rechazó la inclusión de SAP en el sistema de diagnóstico. El SAP es utilizado por agresores y pedófilos para embarrar los procesos judiciales en donde niñas y niños los acusan de violencia y abuso sexual. “El SAP es un término que comenzó a utilizarse y se extiende sin reconocimiento científico y es utilizado para poner en entredicho y desacreditar los relatos de maltrato o abusos sexuales de niños en situaciones en las que sus progenitores están en proceso de separación de la convivencia. Al amparo de este síndrome inexistente, las situaciones de violencia denunciadas, en lugar de ser investigada, son desestimadas”, explica el INAU, que considera una involución la aceptación judicial de SAP.
La iniciativa de la presidenta Michelle Bachelet de despenalizar los abortos no punibles pudo avanzar un casillero a pesar de los embates conservadores. El proyecto fue aprobado por la Comisión de salud de la Cámara de Diputados con ocho votos a favor y cinco en contra, y va a ser debatido por todo el Parlamento. Si el 8 de septiembre el proyecto logra convertirse en ley, las mujeres podrán acceder a una interrupción legal del embarazo en casos de violación, de inviabilidad del feto o de riesgo de vida de la madre. El diputado del Partido Socialista y ex presidente del Colegio de Médicos, Juan Luis Castro, valorizó: “Después de 26 años nunca se había enviado un mensaje presidencial restituyendo el derecho a que una mujer, en tres causales específicas y terapéuticas, pueda interrumpir su embarazo”, ya que la prohibición absoluta del aborto llegó de la mano de la dictadura pinochetista.
Tras un nuevo femicidio vinculado que dejó sin vida a dos niñas de cuatro y nueve años en Moraña, Pontevedra, la asociación gallega de mujeres Ve-la Luz organizó un acto para volver a echar luz sobre la impunidad con la que viven los llamados “hombres envenenados” en España. La semana pasada, la Justicia le negó a una mujer un resarcimiento económico tras la muerte de su hija de siete, asesinada por su padre en una de las visitas que forzó un juez tras el divorcio de la pareja. Con esta medida, el gobierno español decide ser indiferente con una condena del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer que ya había fallado a favor de Ángela González y su pequeña. El crimen ocurrió hace 12 años, después de que esta madre, que había denunciado a su ex en 30 ocasiones, suplicase reiteradamente que su agresor no viese a su niña sin vigilancia.
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