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Por organismos de Derechos Humanos *
En la noche del jueves 30 de diciembre de 2004, asistimos consternados a la mayor tragedia, en términos de vidas humanas, que conoció la Ciudad de Buenos Aires. 186 muertos hasta el momento, en su inmensa mayoría jóvenes y niños, más de 700 heridos y cientos de familias sumidas en el dolor, hacen que esta catástrofe afecte a todo el pueblo, no sólo de la ciudad de Buenos Aires sino del país.
Esta tragedia y las circunstancias que la rodearon, dejan ver dos aspectos contrapuestos de la sociedad. Por un lado la inmensa entrega y solidaridad de cientos de socorristas, voluntarios, personas de buena voluntad, que sin descanso trataron de salvar vidas, atender a los heridos y paliar el dolor y la desesperación de los familiares, amigos y vecinos de las víctimas; llevándoles aunque más no sea una palabra de consuelo.
Y por el otro un Estado que hace ya mucho tiempo abandonó su función social: un plan de emergencia ante catástrofes inexistente, un sistema de salud colapsado a la hora de la tragedia a pesar de los esfuerzos y de la voluntad de sus trabajadores; funcionarios de áreas que cubrían la labor de otras que brillaban por su ausencia; otros funcionarios que sólo intentaban deslindar responsabilidades gubernamentales –el jefe de Gobierno entre ellos– una burocracia que cuidaba las formas por sobre el sentido común y el dolor del momento.
Y lo que es más grave, la cadena de responsabilidad en la habilitación de los centros de diversión de la Capital que no cumplen las normas de seguridad, las que son constantemente ignoradas e incumplidas por los funcionarios responsables. Estas irregularidades en las condiciones de los boliches como, Cromagnon, fueron denunciadas muchos meses antes por la Defensoría del Pueblo y desoídas por los funcionarios de turno.
Esta tragedia permite vislumbrar las redes de corrupción que promueven un “dejar hacer, dejar pasar” con terribles consecuencias para la vida, la seguridad y el futuro del pueblo de la ciudad, y también la lógica perversa que mueve las acciones de un empresariado mezquino y ambicioso, que pone el lucro y la acumulación por delante de lo más elemental para la convivencia humana: la vida. Lógica que funciona sólo con la connivencia de una clase gobernante que la comparte y hace “la vista gorda” ante los constantes atentados que perpetran los empresarios y sus empresas contra la ciudadanía toda, mientras que promueven y aplican leyes y reglamentaciones represivas con eficiencia y celeridad ante el primer atisbo de reclamo y protesta social. Y que en definitiva, hacen que la corrupción y el afán de lucro por sobre la vida, sean inherentes al sistema que los sustenta, cuya cara visible e instrumento de aplicación son los gobernantes que efectivizan las políticas de este sistema.
Ante esto, las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos firmantes, nos solidarizamos y compartimos el dolor de las víctimas, sus familiares, vecinos y amigos, de la masacre del 30 de diciembre en el boliche República Cromagnon; expresando su más profundo sentimiento de dolor a través del acompañamiento a los familiares y amigos de las víctimas, poniéndose a disposición en todos los aspectos que sean necesarios, para que este crimen no quede impune y que, más allá de sumar víctimas a la larga lista de los muertos por el sistema, incorporemos a estos cientos de jóvenes, niños y adultos a la memoria de la lucha por la Justicia.
Por la memoria y contra la impunidad denunciamos:
* La responsabilidad criminal de los empresarios que priorizan el lucro por sobre la vida.* La ausencia y/o complicidad de los organismos de control del GCBA.
* La corresponsabilidad del GCBA y el empresariado privado en la tragedia de Cromagnon.
* A los legisladores de la Ciudad que aprueban Códigos donde es imposible “convivir” con piqueteros, travestis y prostitutas, pero les resulta posible hacerlo con prósperos y sofisticados empresarios asesinos.
* La falta de seguridad ciudadana que produce la lógica liberal de mercado, la desregulación de la actividad económica y el individualismo.
* La falta de organización y eficacia de los organismos del GCBA.
* El incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Y exigimos:
* Juicio y castigo a todos los responsables.
* La creación de una comisión investigadora de la masacre del 30-d y de control sobre la responsabilidad social de las empresas de la Ciudad, conformada por los familiares de las víctimas, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos juntamente con la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Compartimos la consigna: “Ni la bengala, ni el rock’n’roll, a los pibes los mató la corrupción”
Y reiteramos que: “La corrupción es inherente a este sistema genocida”