Ultimamente, las páginas del rubro empleos de los clasificados se vieron aumentadas notablemente en dos ocupaciones: vigiladores/as y mujeres jóvenes para ejercer la prostitución. Sin proponérselo, los avisos, en su mayoría destacados de Capital y Gran Buenos Aires, revelan dos de los principales objetos de consumo de los argentinos: la seguridad y el clientelismo sexual. Sólo en esta ciudad 18.644 personas figuran inscriptas desde agosto último en el Registro de Vigiladores Privados del gobierno porteño. Y si bien no existen estadísticas oficiales sobre los objetivos que protegen las custodias en Capital o provincia, se sabe que más de la mitad son prostíbulos de toda laya. El círculo es perverso: la seguridad efectiva que los empleadores pretenden de unos es el espejismo que les prometen a otras. Algo de eso traduce este aviso que invita a mujeres de 22 a 35 años a prostituirse “cómodas y tranquilas” en “un lugar seguro”, de “muchísimo trabajo”. Podrían hacerse infinitas lecturas de las frases y acaso una pregunta más abarcativa: qué muslos se abren cómodos y tranquilos en una situación de desigualdad y sometimiento (aunque en algunos ámbitos del Congreso nacional se siga insistiendo con la falacia del sexo consentido). Por caso, es en el territorio bonaerense donde “lugar seguro” es sinónimo de “tríptico de connivencia”, de proxenetas con funcionarios policiales, judiciales y municipales. Hace un par de semanas, el Tribunal Oral Criminal II de La Plata condenó a 20 años de prisión al narcotraficante Miguel Fernández por el delito de promoción y facilitación de la prostitución y ordenó que se investigue si pagaba 100 mil pesos por año a policías de las comisarías 1ª y 2ª y de la Departamental de Investigaciones de esa región para que le permitieran mantener abiertos los cabarets del microcentro platense Chacosbar, Playboy y Rubias y Morenas. Fernández también fue imputado de matar de 18 puñaladas y descuartizar a Roxana Dos Santos, una joven paraguaya de 22 años que estaba embarazada y ejercía la prostitución en un local que él regenteaba en el centro platense. Pero fue absuelto por el beneficio de la duda, porque ni siquiera pudo comprobarse el escenario donde ocurrió el crimen. Fernández tuvo para sí una de las defensas más caras de Buenos Aires: los abogados Fernando Burlando, Fabián Amándola y Silvia Petroff. Allegados al caso detallaron que, por supuesto, los locales y su dueño contaban con un servicio de seguridad privado. Lo mencionaron como una “condición imprescindible” para que “las chicas hagan lo suyo” sin sobresaltos y en un lugar seguro.