El Programa Provincial de Protección de Testigos, creado en enero pasado con el objetivo de proteger a los querellantes y testigos de las causas vinculadas a la violación de los derechos humanos en la última dictadura militar, está protegiendo -de acuerdo a los registros de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe- sólo a tres personas de las 273 que -según los datos de las fiscalías que entienden en las causas- podrían estar incluidas en el Programa. En relación a este número, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Alfredo Vivono, dijo desconocer "si desde el Ministerio de Gobierno manejan otra cifra o tienen algún otro dato", porque, aclaró, lo único que se maneja desde la Secretaría de Derechos Humanos es "el equipo de asistencia psicológica y de contención. El resto depende del Ministerio de Gobierno".

De cualquier manera, confirmó que desde el Ministerio de Gobierno se notificó por escrito a las personas involucradas en estas causas de la implementación del sistema a fin de que se comuniquen con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, con el Ministerio de Gobierno, o con cualquier jefatura de las Unidades Regionales de la provincia, para informarse sobre los mecanismos de protección, pero en la Secretaría sólo se recibieron 10 consultas, de las que sólo tres personas terminaron inscribiéndose en el Programa.

Sin embargo, la integrante de la agrupación H.I.J.O.S., Marina Magnani, informó que "cuando la Nación largó el Programa de Protección de Testigos hubo una reunión con (el ministro de Gobierno Roberto) Rosúa, en la que dijeron que se iba a empezar a implementar un programa de protección de testigos, pero luego de esa reunión no volvimos a tener noticias", aunque aclaró que ignora "si ellos se han comunicado con los testigos y nos han obviado a nosotros".

En este sentido, el funcionario sugirió que "puede ser que algunas (notificaciones) no hayan llegado porque las direcciones se sacaron de Fiscalía y puede haber algunas direcciones cambiadas", aunque argumentó que el Programa "se hizo público a través de los medios", pero no descartó que puedan "insistir en seguir haciéndolo público".

De cualquier manera, aseguró que en el Consejo Federal de Derechos Humanos se encontraron con que "en otras provincias pasa lo mismo, no hay mucha receptividad en los testigos", aunque no pudo precisar las causas de esta falta de interés, por lo que concluyó que "es un tema a revisar entre todos. Si estamos acertados o si habría que aportar algo".

En ese sentido, Magnani señaló que "varios testigos manifestaron tener miedo", y consideró "importante tener un plan de protección integral y que funcione". Teniendo en cuenta además que muchos de los testigos se manifestaron en contra de ser cuidados por las fuerzas policiales, Magnani señaló que "es dispar la opinión de los querellantes y testigos que patrocinamos con respecto a ese tema. Algunos planteaban que les generaba más inseguridad que fuera alguien perteneciente a las fuerzas policiales de la provincia, y otros que planteaban que eso implicaba una responsabilidad política mayor del gobierno provincial, y que eso era en última instancia lo que proporcionaba la seguridad. Nosotros no teníamos una posición librada al respecto y quedaba a disposición de cada testigo".

Otro de los aspectos que señaló como influyentes es "la repetición procesal de la declaración", que "juega en contra a la hora de convencer a las personas de brindar testimonio" porque tienen que repetir en varios juicios el mismo testimonio. En este sentido, recordó que presentaron un proyecto "a nivel nacional para que no se sucedan las declaraciones procesales de las mismas personas", e informó que "la Corte Suprema de Justicia también estaba evaluando esto como un problema y están trabajando sobre alguna modificación procesal".

"También el tema de la exposición mediática es muy difícil de manejar", continuó Magnani, y explicó: "hay gente que ha tenido mucha exposición y que incluso lo ven como parte de su seguridad personal, pero también está el caso de gente que no quiere que se sepa. Por eso creo que un plan de testigos debería contemplar todos esos aspectos".

Vivono remarcó que "si alguien tiene un plan alternativo o mejor, tanto desde la Secretaría de Derechos Humanos, como desde el Ministerio de Gobierno o la Secretaría de Seguridad Pública", están "abiertos para escucharlo", aunque reconoció que no existe una alternativa e incluso subrayó que desde el Programa Nacional pidieron equipos a la provincia.