Seis años tuvieron que pasar de la sangrienta represión policial de Diciembre Trágico ﷓que dejó siete muertos y decenas de heridos en Rosario﷓ para que un gobernador de la provincia recibiera a los familiares de las víctimas. Hermes Binner lo hizo. Ayer abrió las puertas de su despacho de la Casa Gris a la hermana de Claudio "Pocho" Lepratti, la esposa de Rubén Pereyra, los hijos de Graciela Acosta, la madre de Yanina García y los hermanos de Walter Campos, todos ellos caídos en la masacre del 19 y 20 de diciembre de 2001. Lepratti fue asesinado de un disparo en la garganta en el techo de una escuela, Acosta de un tiro en la espalda, Pereyra y García ejecutados en la calle, Campos cayó con la cabeza destrozada por un proyectil de un francotirador de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Binner escuchó los testimonios en silencio y ensayó su primer compromiso público: No encogerse de hombros ante la impunidad.

Después, el gobernador recibió por escrito las demandas de la Comisión Investigadora No Gubernamental que acompañó a los familiares: Poner bajo la lupa a los jueces que pulverizaron y archivaron las causas de la represión y permitir el acceso de los familiares a todos los documentos y archivos que haya producido la provincia sobre los días de furia. "La respuesta fue positiva. El gobernador se comprometió a acompañarnos en todo lo que sea posible en el ámbito del Poder Ejecutivo", dijo Celeste Lepratti, después de la audiencia que se extendió por más de una hora. Más tarde, una marcha que partió desde el microcentro santafesino y llegó hasta la plaza de Mayo, cerró la jornada de memoria y justicia con un acto frente a la Casa de Gobierno, por primera vez sin vallas de hierro que defiendan a los de adentro.

Los familiares de la víctimas de la masacre de Diciembre Trágico llegaron a la Casa Gris antes de las cinco de la tarde. Dos colaboradores de Binner y la directora de Protocolo los acompañaron desde la puerta hasta el despacho del gobernador en el primer piso. Eran doce, con los cuatro integrantes de la Comisión Investigadora No Gubernamental: Lilian Echegoy, Gustavo Martínez y los abogados Federico Garat y Carmen Maidagan. Excepto Martínez y Maidagan, los demás nunca antes habían traspasado el umbral de la Gobernación. "Esto ha sido positivo. A seis años de la masacre, es la primera vez que un gobernador de la provincia nos recibe y nos escucha", dijo Celeste Lepratti. "Es la primera vez que nos dan este espacio y este tiempo para plantear nuestras exigencias que, por supuesto, se reducen a una sola por la que venimos peleando desde hace seis años: justicia para todos y total, que no termine en uno o dos responsables materiales. Los responsables políticos también deben rendir cuentas", agregó.

Celeste dijo que la respuesta de Binner fue positiva. "El gobernador se comprometió a acompañarnos en todo aquello que sea posible en el ámbito del Poder Ejecutivo", explicó.

Una de las propuestas que le acercaron fue la necesidad de crear un equipo de juristas independientes que investigue y dictamine sobre el desempeño de los jueces de la provincia en los expedientes de la represión. La maquinaria judicial tuvo una división de trabajo: las causas fueron pulverizadas, la Corte Suprema dividió la competencia para que los policías se investiguen en Rosario y los funcionarios políticos en Santa Fe y los jueces de Santa Fe archivaron las causas, sin mucho trámite. "Creemos que si un equipo de juristas investiga lo que pasó va a llegar a la misma conclusión a la que llegó la Comisión Investigadora No Gubernamental. Entonces, veremos si con todo eso se puede iniciar una investigación en serio, y no como la que hubo que fue un simulacro. Ese fue el pedido de justicia. Y recibimos el compromiso de ayudarnos en todo lo que esté dentro de sus posibilidades en el ámbito del Poder Ejecutivo", señaló la hermana de Pocho.

El gobernador les pidió a la Comisión No Gubernamental todo el material que reunió durante estos seis años y al mismo tiempo se comprometió a instruir a su fiscal de Estado designado, Jorge Barraguirre, que solicite copia de las causas judiciales que se tramitaron en la ciudad de Santa Fe e involucraron a dos ex funcionarios de Carlos Reutemann, ya exculpados. "Hay causas en las que los familiares no tuvimos acceso porque no pudimos constituirnos como querellantes, no tuvimos esa posibilidad y eso es algo que tiene que cambiar. Los abogados de la Comisión pudieron acceder a algunas causas, pero de otras ni siquiera tuvimos la posibilidad de saber por qué sobreseyeron (al ex ministro de Gobierno, Lorenzo) Domínguez y (el ex subsecretario de Seguridad Pública, Enrique) Alvarez, que fueron los únicos dos funcionarios del gobierno de Reutemann imputados en algún momento y sobreseídos rápidamente. No tuvimos acceso a eso, no lo conocemos. Entonces, uno de los objetivo del gobierno es que haya una ley de acceso a la información pública para que el propio Estado no lesione los derechos de los ciudadanos", dijo la hermana de Pocho.