Según estimaciones oficiales, en la provincia de Santa Fe habría entre 200 a 300 mil armas de fuego que circulan de manera ilegal. Así lo sugirió el titular del Registro Nacional de Armas, Andrés Meiszner, sobre la base de una proyección estadística que hacen para calcular aproximadamente el número. "Es muy difícil conocer la cifra exacta de armas que circulan ilegalmente. Lo que sí podemos decir es que Santa Fe entre usuarios individuales y fuerzas de seguridad, ronda las 110 mil armas registradas. Y generalmente, la cantidad de armas registradas se duplica o triplica en el mercado ilegal. Eso es estadísticamente lo que marca el número de armas ilegales", explicó.

El funcionario estuvo en Santa Fe para firmar un convenio con la provincia, que permitirá abrir nuevas bocas de entrega voluntaria de armas en el interior. En el marco de dicho plan, Meiszner dijo que desde julio del año pasado a la fecha, sólo en las ciudades de Santa Fe y Rosario se entregaron voluntariamente 7.100 armas. A la luz del universo de armas que estaría circulando de manera legal e ilegal en la provincia, el funcionario hizo su propia evaluación.

"Pareciera que lo entregado es muy poco. De todas maneras, creemos que cualquier número de armas que se entregue es mucho porque es un riesgo menor", dijo a El Litoral. "Creemos que más de 200 mil armas que se entreguen en el país sería altamente satisfactorio. No nos olvidemos que también por procedimientos judiciales se recuperan armas que se destruyen. Igualmente, éste es un trabajo a mediano y largo plazo", aclaró en declaraciones al diario El Litoral.

El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego rige en el país desde mediados del año pasado. La persona interesada, sin identificarse, deja su arma a personal administrativo del Renar; se recaba tipo y calibre y en función de ello, se determina el monto del incentivo a pagar y que oscila entre los 100 y los 450 pesos por arma. Como constancia, el particular se lleva un acta del Renar, y un cheque al portador del Banco Nación.

Consultado Meiszner reveló que el 50 % de las armas que se entregan voluntariamente son ilegales. En tal sentido, recordó que desde hace dos años, son muchos más estrictos los requisitos para registrar un arma, hecho que podría disparar de modo paralelo el mercado ilegal.

Según dijo, en las grandes ciudades suelen entregarse con mayor frecuencia las armas cortas, esto es, revólveres calibre 22, 32 y 38. Mientras que en el interior es más común la entrega de armas largas pero casi siempre en uso. En todo el país y desde que entró en vigencia el plan -julio de 2007-, el Estado pagó alrededor de 16 millones de pesos en concepto de incentivo por casi 80 mil armas entregadas, con un promedio de 144 pesos por arma.