"A mi hija la violaron tres veces", concluyó Oscar, el papá de J., una adolescente de 18 años, hipoacúsica, que sufrió un ataque sexual el 12 de septiembre pasado en su ciudad, Villa Constitución. Dos hombres la interceptaron alrededor de las 20, cuando caminaba desde la escuela nocturna Manuel Belgrano hasta su casa. Las otras agresiones las cometió el Estado: las irregularidades policiales en la recolección de pruebas que complican seriamente la investigación, así como las condiciones humillantes en que se tomó declaración a la víctima. "Mi hija no quiere ir a los Tribunales porque dice que allí no le creen", relató el hombre, que impulsó siete multitudinarias marchas frente a la sede judicial de su ciudad para exigir el esclarecimiento, aunque el único sospechoso -señalado con claridad por J.- sólo estuvo preso 15 días. A cuatro meses, el caso continúa impune y al menos hasta mediados de febrero no habrá novedades, por la feria judicial. Desde septiembre, hubo otras tres violaciones en esa ciudad de 40.000 habitantes.

Después de sufrir el ataque, J. llegó a su casa con moretones en las piernas y dos marcas en la espalda. Fue con su familia a la comisaría de la Mujer, pero allí no tomaron fotos, ni ninguna otra medida para documentar esas lesiones. En una clara revictimización, el médico legista Gregorio Carrizo tomó las muestras de semen con la mano, a través de un espéculo, por falta del isopado que se utiliza en estos casos. "Es deber de la policía garantizar que las cosas se hagan bien, si no contaban con los elementos, debieron llevarla a algún lugar donde se pudiera realizar correctamente", explicó el abogado de la familia, Héctor Aquino.

Durante esa revisación también hubo maltrato verbal del médico, cuyo informe constata la desfloración. Tomada de manera tan precaria, la prueba de semen -fundamental para constatar la identidad de los agresores- no pudo utilizarse. Sólo queda el análisis de las prendas de la niña, que fueron enviadas a Rosario, y desde allí a Santa Fe, para evaluar si tienen restos de material orgánico. Pero allí se sumó otro capítulo irregular: en el viaje a la capital provincial hubo un error, y la ropa que llegó no pertenecía a la víctima. Después de la feria deberá subsanarse. La negligencia del accionar policial durante la colección de pruebas es uno de los puntos fundamentales del reclamo de los padres, que los llevó a realizar marchas semanales de centenares de personas desde fines de octubre hasta diciembre. Gracias a esta presión, hoy la policía de Villa Constitución cuenta con el instrumental para tomar adecuadamente las pruebas de semen.

En los días siguientes a la violación, J. pudo brindar mayores detalles sobre los agresores. "Cuando se le empezaron a pasar los nervios, describió bien el auto, que era un Volkswagen Pointer bordó. Y a ese auto yo siempre veía parado en el barrio. Así que a los tres o cuatro días se lo mostré, para que me confirmara si era ese. Como me dijo que sí, fui a la policía e hice la denuncia, así que detuvieron al propietario. Es un muchacho de 25 años, que estuvo 15 días detenido pero el juez lo liberó por falta de mérito", contó Oscar.

En ese lapso, seguía confiado en la actuación policial, pero luego de la libertad del único sospechoso, decidió comenzar a moverse. Después de la primera declaración en sede policial -en presencia de sus padres y una hermana, que oficiaron de traductores- la adolescente debió declarar otras dos veces. Ese es el otro punto de la revictimización, responsabilidad del juzgado de instrucción de Villa Constitución, a cargo de Rubén Bissio. La primera vez que la chica contó lo ocurrido en sede judicial lo hizo frente a una secretaria del juzgado. Como es hipoacúsica, su vocabulario es muy reducido, no entiende preguntas complejas. "En sólo una hora se completó la declaración, cuando nosotros que somos de la familia tenemos dificultades para entender lo que dice", agregó Oscar. "La hemos llevado a muchas escuelas donde aprendió todo lo que habla, que es poco. Habla al estilo indio, pero lee muy bien los labios", completó.

Como esa declaración carecía de validez, el abogado de la familia pidió al fiscal que se repitiera. El Código Procesal Penal de la provincia no cuenta con la figura del querellante particular, de manera que la familia no puede accionar directamente en la causa. Sólo sugerir acciones al fiscal, en este caso Osvaldo Chiapello. Pidieron que la nueva testimonial se hiciera en presencia de la fonoaudióloga que trata a la niña, para facilitarle la expresión. En vez de eso, el juez prefirió convocar a una profesora especializada en sordos. La víctima debió contar lo ocurrido -por tercera vez- en una pequeña sala donde había otras ocho personas: el juez, el fiscal, la secretaria del juzgado, el abogado defensor del acusado, el sumariante que tomaba la declaración y un policía que filmaba, ya que el abogado de la familia había pedido que quedara documentada la declaración. "Pedimos que estuviera su fonoaudióloga y una psicóloga que supiera como tratarla. En cambio, hubo un montón de personas, el juez que habla a los gritos, y a mi hija la indujeron a que dudara sobre quién había sido su agresor", relató el padre, que recién pudo acceder al expediente pocos días antes de la feria. De este modo, y sin pruebas objetivas, el caso corre serio peligro de quedar impune. Pero Oscar y su familia no están dispuestos a permitirlo.

La declaración tomada a la niña es violatoria de los derechos pautados en la ley nacional vigente. Poco tiempo después de esta testimonial, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó un proyecto de la socialista Lucrecia Aranda para que toda declaración tomada a menores abusadas deba hacerse con asistencia psicológica y los mecanismos tecnológicos -como la Cámara Gessell- para evitar que se sientan intimidadas. Pero de esto nada saben en el Juzgado de Villa Constitución.

Hasta el momento, los agresores de la niña están libres. Su familia, en cambio, se siente prisionera. Las tres hijas son acompañadas por los padres a todas partes. "Cambió la familia, nos cambió todo porque a la mayor hacemos que la lleven y vayan a buscar al trabajo, y a la que estudia en Rosario la tenemos que acompañar a tomar el colectivo", describió Oscar, quien indicó: "Ellos (los agresores) viven acá nomás, y siempre nos molestan. A mi señora la molestaban con una moto. No dicen nada, pero muestran su presencia. Lo que yo digo siempre es que esta gente destruyó todo lo que construí en 30 años". La peor decepción de Oscar es con la Justicia: "Nunca pensás que va a actuar así. Crees que están para impartir justicia y te encontrás con que se creen dueños de la verdad. Y si exponemos tanto a mi hija es porque ella quiere que todos se enteren, para que nadie sufra lo mismo que ella. Esos tipos son unos enfermos y no pueden estar libres. Por eso queremos seguir hasta que consigamos justicia, y nos queremos contactar con las Madres del Dolor, para que nos ayuden".