Al final, el juez rosarino Edgardo Bistoletti sumó tres impugnaciones a su postulación como defensor del Pueblo de la provincia, un cargo al que lo propuso el gobernador Hermes Binner. La primera fue de la Asociación Anticorrupción de Santa Fe, la segunda del diputado justicialista Alberto Monti y al cierre del plazo se presentó la tercera de un histórico dirigente de la UCR, Horacio Fidel López. Ahora, la Casa Gris publicará las observaciones a Bistoletti en la página web de la provincia (www.santafe.gov.ar) y le correrá traslado al candidato durante tres días para que haga su descargo, que también será publicado en el sitio oficial, donde ya aparecen el curriculum y la declaración jurada del propuesto.

Monti llevó personalmente la impugnación a la Dirección Provincial del Consejo de la Magistratura, que depende del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti. Según el legislador, "Bistoletti carece de los requisitos de idoneidad para el cargo y de compromiso con la democracia y los derechos humanos, prestigio e independencia ante la sociedad y falta de independencia (del poder político) por notorio incumplimiento de funciones judiciales propias en beneficio del actual partido gobernante", sostuvo.

Sorprendió también la impugnación de Horacio Fidel López, quien consideró que Bistoletti "está en las antípodas del candidato ideal, ya que, cuando fue designado juez en Correccional, el acuerdo surgió de una sesión de la Asamblea Legislativa, "inadecuada para la designación de magistrados' según tituló el diario El Litoral del 18 de agosto de 1981" que transcribe en el escrito.

La designación de Bistoletti en la justicia ya había sido cuestionada en público por el ex diputado del PDP, Carlos Favario, cuando recordó que había "ingresado por la ventana" al Poder Judicial por su vinculación con el entonces gobernador Víctor Reviglio.

López señaló que el candidato "fue acusado por su intervención en un proceso que pudo comprometer a los ahora oficialistas sin que se oyeran serios desmentidos de las partes y que la propuesta de hoy es una retribución por los servicios prestados, por lo que quienes lo postulan quedan sospechados de querer tener la seguridad de que el organismo de control estará a cargo de una persona con vocación oficialista".

Y señaló que Bistoletti "fue acusado ante la fiscalía de la doctora Ditaranto de haber cometido el delito de prevaricato, y desprendiéndose del resto de las actuaciones que incurrió también en el delito previsto y penado en el art. 277 del Código Penal".

La Asociación Anticorrupción ya había cuestionado la postulación de Bistoletti. Sin embargo, el secretario de Justicia de la provincia, Roberto Vicente, le restó crédito a esa presentación porque ﷓según su criterio﷓ "no había objeciones de fondo, sino cuestiones menores".