Desde Santa Fe

El fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum presentará hoy una denuncia penal para que se investigue una amenaza contra su colega, José Ignacio Candioti, quien interviene en el juicio oral y público a siete represores de la dictadura que comenzó el martes, en Santa Fe. El hecho ocurrió en la sede del Juzgado Federal de Reconquista, donde trabaja la esposa de Candioti, que ayer se enteró por compañeras de oficina que una foto familiar que había pegado en la puerta de un armario apareció con marcas intimidatorias. La mujer sufrió una crisis de llanto que obligó a su atención médica. El gobierno de Hermes Binner repudió el episodio que "intenta crear un clima de intranquilidad y amedrentamiento ante el inicio de los juicios de lesa humanidad", dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti. "Es inadmisible que al comenzar los juicios por los delitos del terrorismo de estado en la provincia de Santa Fe resurjan actos intimidatorios y autoritarios como el sufrido por la familia del doctor Candioti, que hacen revivir la época más nefasta de nuestro país", afirmó la vicegobernadora Griselda Tessio.

Candioti era el fiscal federal de Reconquista, donde también impulsó la investigación de crímenes de la dictadura en el norte santafesino. A fines del año pasado, el procurador de la Corte Suprema, Esteban Righi, lo trasladó a Victoria, Entre Ríos, y luego lo designó -junto a su colega Martín Suárez Faisal y Mauricio Viera en la unidad fiscal de Santa Fe que interviene en el juicio a los represores que comenzó esta semana. En Reconquista, lo reemplazó al frente de la Fiscalía el doctor Salum, que había sido su secretario y hoy abrirá una causa penal para investigar las amenazas a su familia.

La esposa de Candioti recibió el mensaje intimidatorio ayer a la mañana cuando se reintegró a sus tareas en el Juzgado Federal de Reconquista, después de una licencia y se encontró con la foto familiar sobrescrita. "Ella se reintegraba luego de unos días de licencia y es ahí donde las compañeras de trabajo le narran que en una foto familiar había sucedido ese tipo de inscripciones, con lo que significa como impacto en la persona, incluso creo que estuvo internada", comentó el ministro Superti.

El hecho generó la inmediata reacción del gobierno de Binner y preocupación por la seguridad e integridad del cuerpo de fiscales que integran Suárez Faisal y Viera. El juez federal de Reconquista, Eduardo Valiente, ordenó un sumario interno en el Juzgado, pero el fiscal Salum presentará hoy una denuncia penal.

"Es un hecho lamentable. Y el Ministerio de Seguridad de la provincia ya ha tomado todas las medidas para generar el ámbito protección que esto amerita", agregó Superti.

La vicegobernadora expresó su más enérgico repudio a las acciones amenazantes e intimidatorias de las que fuera víctima la familia del doctor Candioti, uno de los fiscales actuantes en la denominada causa Brusa. "Es inadmisible que al comenzar los juicios por los delitos de lesa humanidad en la provincia resurjan actos intimidatorios y autoritarios como el sufrido por la familia del fiscal Candioti, que hacen revivir la época más nefasta de nuestro país", afirmó Tessio.

"A 26 años de construcción democrática todavía existen personas que no quieren que surja la verdad y el castigo a los culpables, e intentan afectar la tranquilidad y el normal desempeño de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, quienes mancomunadamente con los organismos de derechos humanos, víctimas, familiares y testigos han logrado con mucho esfuerzo avanzar sustancialmente en la investigación de los delitos cometidos durante la última dictadura militar", indicó.

"Y como se ha demostrado con acciones concretas, el gobierno provincial se encuentra profundamente comprometido con el normal desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia y se compromete a colaborar con el esclarecimiento de tan grave hecho", agregó Tessio.

Superti y la secretaria de Derechos Humanos, Rosa Acosta, coincidieron que "estos actos intimidatorios, amenazantes y autoritarios evidentemente tienden a afectar la tranquilidad y el normal desempeño de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, que mancomunadamente con los organismos de derechos humanos, víctimas, familiares y testigos han logrado con mucho esfuerzo avanzar sustancialmente en la investigación de los delitos de lesa humanidad acaecidos durante la última dictadura militar en nuestro territorio. Ello nos compromete a redoblar los esfuerzos y profundizar el compromiso ético político del gobierno provincial tendientes a coadyuvar en la realización de los juicios de lesa humanidad que hasta el presente se han materializado en acciones tales como el Programa de Protección de Testigos y Querellantes en causas de lesa humanidad; la creación de la Comisión de Apoyo a los juicios de lesa humanidad; la Comisión Provincial de la Memoria y la Justicia y el Equipo de investigación, apoyatura y seguimiento de las causas judiciales de lesa humanidad, entre otras acciones", concluyeron,