Los repudios a las amenazas contra el fiscal de la causa Brusa, José Ignacio Candioti, fueron variados. H.I.J.O.S. Regional Santa Fe indicó que, una vez más, como tantas, aparecieron las amenazas de quienes quieren la continuación del horror y la impunidad. Amenazaron a la familia de uno de los fiscales, con la clara consigna de que si sigue adelante con la acusación, sus hijos sufrirán las consecuencias. Exigimos a las autoridades provinciales y nacionales la urgente investigación de los hechos". Los integrantes de Hijos manifestaron: "Estamos cansados de que nos ofrezcan el Programa de Protección a Testigos como única respuesta a los gravísimos hechos que se están sucediendo en la Provincia de Santa Fe: intimidaciones telefónicas, cartas y mails anónimos a los testigos, amenaza personal a Amalia Ricotti, pintadas en las paredes y robo en el estudio jurídico de nuestra compañera Lucila Puyol, disparos en el negocio del hijo de García, volanteada contra los diputados Gutiérrez y Riestra. En Santa Fe tenemos una larga historia de amenazas".

Por su parte, las querellantes Anatilde Bugna, Patricia Traba y Stella M. Vallejos, así como sus abogados Horacio Coutaz y Guillermo Munné, manifestaron su "solidaridad con el fiscal y su familia que han sido víctimas de intimidaciones esperando que este episodio sea esclarecido a la brevedad. Como hemos dicho, la ciudadanía argentina necesita un juicio regular y justo, con garantías para todos, incluidos las/os funcionarias/os judiciales para que trabajen con seriedad, dedicación y sin miedo. Esperamos que los cobardes que intimidaron a esta familia no queden impunes".

También la Comisión Directiva Provincial de Amsafé repudió de manera enérgica las amenazas e intimidaciones. "Un día después de que comenzara el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en nuestra región, desconocidos dejaron leyendas amenazantes sobre el escritorio de uno de los familiares del fiscal, lo que nos muestra que la estructura represiva en nuestro país, aun no ha sido desmantelada. Exigimos a las autoridades provinciales una inmediata investigación, la detención, denuncia pública y el procesamiento de los responsables de este accionar".