Viernes, 4 de septiembre de 2009 | Hoy
Por Eduardo Seminara *
Es la primera vez en estos veintiseis años de democracia que ha primado la decisión política del gobierno nacional de derogar la ley 22285 y reemplazarla por una sancionada por el Parlamento nacional. La democracia como sistema estaba en deuda con la sociedad, pero no menos cierto es decir que la sociedad no ha hecho sentir su voz frente al avasallamiento del derecho a la información.
Mucho peor es el papel que cumplen los denominados "formadores de opinión" que amparados en la concepción más reaccionaria han justificado la continuidad del decreto ley de la dictadura y no dudan en acusar de antidemocrático y autoritario este proyecto.
No voy a poner nombres y apellidos, ni organizaciones políticas ni coaliciones que investidas de un progresismo impostado, de un republicanismo falaz o de un revolucionarismo ficcional se han transformado en complices del "statu quo".
Ya no podemos hablar de actores inocentes en un sistema mediático altamente politizado. Los medios son actores del sistema político, sean estos públicos, privados o sociales, y los periodistas también son actores del mismo sistema y está bien que sea así. Lo deshonesto intelectualmente es la hibridez de los que sostienen que unos son castos y puros -ellos- y los otros -generalmente nosotros-, somos los antidemocráticos, manipuladores, embaucadores.
Y no vengan con la libertad de empresa. La libertad de empresa es para grupos oligopólicos que han encontrado en los medios una manera de presionar sobre el conjunto del sistema democrático imponiendo la agenda política. Al resto del sistema político se le ha privado (por la ley y por la fuerza) de expresar sus ideas.
Pero no debemos equivocarnos y circunscribir este debate a los especialistas, a los trabajadores, los productores de contenidos, a los realizadores audiovisuales, a los adjudicatarios de las licencias de los medios de comunicación. El debate franco y honesto involucra a toda la sociedad.
Sólo lograremos que nuestros diputados promulguen la mejor ley si somos capaces de generar un estado deliberativo y de participación de la mayor cantidad de sectores de la sociedad.
La inclusión y la exclusión son problemas culturales y su resolución marca simbólicamente el modelo de sociedad que queremos construir, un sistema de comunicación inclusivo, que promueva la diversidad y la tolerancia acompaña un modelo de sociedad que avanza en el mismo sentido.
* Vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario.
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