En el gobierno provincial no ven motivos para desplazar al Defensor General Gabriel Ganón, tal como pretende la Corte, y sí le urge avanzar con la implementación del nuevo sistema de justicia penal que hoy tiene una instancia clave cuando la Asamblea Legislativa defina si aprueba o no los pliegos de 14 aspirantes a cubrir distintos cargos del Servicio Público de la Defensa.

El ministro de Justicia, Juan Lewis, señaló que en el Ejecutivo no hay intención de promover denuncia alguna contra Ganón, como sí lo planteó el máximo tribunal al pedirle a la Legislatura que examine el desempeño del funcionario. Entiende que la actuación que la Corte quiere reprocharle al funcionario del nuevo modelo penal no amerita su remoción del cargo --"antes, hay otros funcionarios judiciales bastante más cuestionables que Ganón", dijo--, no obstante sostiene que los legisladores deben estudiar el asunto "y nadie debe sentirse perseguido".

Los seis ministros del órgano judicial supremo firmaron el pedido para que la Legislatura analice si corresponde desplazar a Ganón por haber tomado la defensa de un menor acusado de robo en circunstancias donde sus derechos habrían sido vulnerados. El Defensor General desestimó la pretensión de la Corte por improcedente y el fiscal general, Julio De Olazábal, en la entrevista que este diario publicó ayer, analizó que unos y otros "deberían haber actuado con mayor prudencia".

Rosario/12 consultó al ministro para sumar la mirada del Poder Ejecutivo a este conflicto. Lewis aclaró que no recibió ningún informe desde Legislatura acerca del tema Ganón, y señaló: "Son cuestiones para estudiar, pero que no creo que habiliten la remoción del Defensor General desde la proporcionalidad de lo ocurrido: son hechos pequeños y, además, pocos como para tomar una medida extremadamente tan drástica como la que se plantea. Por otra parte, creo que hay muchos funcionarios judiciales que deben ser evaluados por situaciones bastante más cuestionables que las que se le reprochan a Ganón", dijo.

El ministro consideró que el planteo contra el Defensor "no es una sanción disciplinaria por ejercer su función o por extralimitarse, sino por supuesto mal desempeño, y la ciudadanía espera que un funcionario que cobra 50 o 60 mil pesos trabaje bien. Eso es lo que está analizando la Legislatura. Pero no hay que exagerar. No tenemos ánimo alguno de iniciar una denuncia contra Ganón. Es común también que los funcionarios judiciales sean remisos a que se les examine su modo de trabajar. Ganón no debe sentirse perseguido".

Lewis separó los tantos y dijo que "la Corte ya se ha expresado a favor del cambio de sistema, hay sectores que abrigan una resistencia más larvada, sutil, pero no en la Corte". Las denominó "nuevas manifestaciones de la resistencia", que enfocó en expresiones del Colegio de Magistrados Zona Norte, cuyo titular, Daniel Rucci, sostiene una polémica con el Ministerio. "Reclamaron la vigencia inmediata del nuevo sistema procesal, pero de manera escrita. Es un contrasentido que pretende tabicar el camino a la oralidad, a la mayor transparencia del sistema de enjuiciamiento: cambiar algo para que nada cambie", contrastó el ministro.

El reemplazo del modelo de justicia penal, del escrito e inquisitivo hacia el oral y acusatorio, culminó la etapa de los concursos para nutrir de fiscales y defensores a las dos nuevas instituciones de acusación y defensa, y empezó desde agosto con el envío de --hasta ahora-- 23 pliegos a Legislatura, de los cuales se aprobaron 9. El resto de los pliegos corresponden a candidatos a defensores titulares para distintos destinos en la provincia. Su suerte se definirá hoy en Asamblea Legislativa.