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Madres de Plaza de Mayo, Hijos de Santa Fe y distintos organismos de derechos humanos denunciarán hoy, a las 10, en el local de CTA de la capital provincial (Rivadavia 3185) la detención irregular y violencia sufrida por un militante de derechos humanos del barrio Yapeyú de parte de la policía provincia. "Alrededor de la 8 del jueves 25 de octubre, dos policías de la provincia de Santa Fe secuestraron a Choli, uno de nuestros compañeros", relataron desde las organizaciones convocantes.

Los dos efectivos policiales abordaron al joven, muy conocido en la ciudad porque es murguista. "Lo abordan, lo palpan y lo suben a una camioneta de la fuerza, a plena luz del día por la zona de boulevar Pellegrini y 9 de Julio. Comienzan a golpearlo, a insultarlo, lo amenazan, lo acusan de tener droga, lo aprietan. Lo siguen golpeando, entre amenazas le sugieren: 'vamos a tener que arreglar'", relataron desde los organismos que hoy anunciarán las acciones judiciales contra la policía.

El relato continúa: "El compañero se niega, los desmiente: 'yo no tengo droga'. Los policías lo verduguean un poco más, lo pasean sin ningún destino, y lo siguen apretando. Le roban el dinero que tenía encima y lo arrojan por la zona de avenida Facundo Zuviría. Más tarde, Choli llega a la casa lastimado y en estado de shock".

La detención irregular no es la primera que ocurre en aquella ciudad, y siempre el blanco son jóvenes de barrios humildes, militantes sociales. "Para Choli, el momento más tremendo fue cuando se dio cuenta de que no estaba siendo conducido a ninguna comisaría y que no pretendían detenerlo legalmente. En una camioneta de la policía, en un procedimiento clandestino, se preguntaba: '¿y ésto como termina?'".

Choli es artista, murguero, militante barrial, integra la Mesa de Juicio y Castigo. Pero lo más importantes es que "es un joven que como muchos espera el colectivo en cualquier esquina de la ciudad", según señalan los organismos de derechos humanos de Santa Fe.

Esta mañana, en la sede de la CTA de Santa Fe, se darán detalles de lo sucedido además de anunciar las acciones legales para denunciar una violencia institucional que puede ser encuadrada como privación ilegal de la libertad, ya que la detención del joven no fue registrada, y tampoco fue llevado a ningún sitio oficial. Las garantías constitucionales del joven fueron violadas por la policía provincial.