La única audiencia que hubo la semana pasada en la causa por delitos de lesa humanidad en San Nicolás -que se realiza en Rosario-, se dedicó a la ampliación de la indagatoria del ex jefe de la Policía Federal nicoleña, Jorge Muñoz. Pero eso no fue lo más importante. El fiscal Juan Patricio Murray planteó la "gravedad superlativa" de lo ocurrido el 17 de octubre pasado, cuando el Tribunal Oral Federal número 2 debió suspender la audiencia porque uno de los acusados, Manuel Fernando Saint Amant, ex jefe del Area 132 de Inteligencia del Ejército, fue convocado por el juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo. "El imputado no se encontraba detenido a disposición de este magistrado en ninguna de las dos causas por delitos de lesa humanidad que tramita su juzgado", subrayó Murray.

La respuesta del presidente del Tribunal, Jorge Venegas Echagüe fue que el mismo día enviaron un oficio al juez para que "en lo sucesivo" informe con anterioridad de estos trámites. Fue evidente que la respuesta no conformó al integrante del Ministerio Público Fiscal. "Esperamos que se tomen recaudos para que esto no vuelva a ocurrir. Nos parece de una gravedad superlativa que se ordene el traslado de un imputado detenido a disposición de este Tribunal por parte de otro magistrado, que no lo tiene a su disposición en ninguna causa", dijo Murray en la audiencia.

La molestia de Murray era inocultable. Una vez terminada la audiencia, subrayó que el accionar de Villafuerte Ruzo puede encuadrarse como privación ilegítima de la libertad. "Cómo un juez le va a ordenar a una fuerza federal el traslado de un detenido que no se encuentra a su disposición", enfatizó su pregunta el fiscal, que conoce al dedillo las causas por delitos de lesa humanidad de San Nicolás. La ausencia de Saint Amant dilató una semana las audiencias del proceso oral y público, que comenzaron el 3 de julio pasado.

El planteo de Murray -coadyuvante de la fiscalía de Adriana Saccone- no fue nada descabellado. Una altísima fuente del Tribunal consideró que el fiscal "tiene razón" en enojarse. Y el accionar de Villafuerte Ruzo tampoco es novedoso para los querellantes. El día de la audiencia frustrada, Manuel Gonçalves Granada subrayó que ese juez "siempre demoró y obstaculizó la llegada a juicio de esta causa". De hecho, la abogada de la querella y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ana Oberlin, subrayó en más de una oportunidad que Villafuerte Ruzo hizo todo lo posible para imputar sólo a los caras visibles en la consecución de los delitos de lesa humanidad, y evitó avanzar en la investigación de otras responsabilidades.

El juicio oral y público hoy en marcha concentra tres causas. En una, por la masacre de la calle Juan B. Justo 676, están imputados Muñoz, Saint Amant y el también militar Antonio Bossié, que brindará declaración indagatoria cuando terminen los testimonios. En esa masacre, ocurrida en la madrugada del 19 de noviembre de 1976, fueron asesinados Omar Amestoy, María del Carmen Fettolini, Ana María Granada y los niños Fernando y María Eugenia Amestoy, de tres y cinco años, que murieron asfixiados por los gases lacrimógenos. El único sobreviviente fue Gonçalves Granada, que tenía cinco meses y se salvó porque su mamá lo puso en un placard, envuelto en colchones. Otra causa acumulada en este juicio oral y público investiga la desaparición de Raquel y María Cristina Alvira, Horacio Martínez, Regina Spotti, Rosa Baronio y Eduardo Reale, así como la privación ilegítima de la libertad de los niños Martín y Víctor Almada y Fernando Alvira. La tercera causa es por el secuestro de José Emilio Mastroberardino.

En la audiencia del martes pasado, Muñoz se limitó a pedir el parte prevencional incluido en el expediente, en el que él -como jefe de la Policía federal nicoleña- afirma haber "abatido" a Omar Amestoy y Fettolini dentro de la casa. Es importante porque en la actualidad, la teoría de la defensa de los represores es que la pareja se suicidó. Una situación que no fue confirmada por ninguno de los peritos durante la causa. El parte de la disputa --cuyo original desapareció sugestivamente del expediente judicial original, de la época de la dictadura-- se encuentra incorporado al expediente a partir de una copia cuya autoría está certificada por el ex comisario Raúl Acosta. Justamente, Acosta se negó a reconocer su firma al pie de ese documento público, con membrete de la Policía Federal. Y la fiscalía pidió una pericia caligráfica, hoy a cargo del cuerpo de peritos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El martes próximo, el Tribunal integrado por Venegas Echagüe, Omar Digerónimo y Beatriz Caballero de Baravani, escuchará al último testigo de la causa: el perito de la defensa Javier Ureta Sáenz Peña, que participó en los peritajes sobre los restos de Fettolini y Amestoy en el cementerio de Nogoyá. Justamente, la fiscalía pidió que se investigue si este testigo incurrió en incompatibilidad, ya que es auxiliar superior médico legista de la Policía Federal y participó como perito de la defensa en esta causa. Para Murray, "no es una situación normal". El Tribunal escuchará al testigo el martes y luego decidirá si lo toma o no en cuenta, ante el planteo de posible "roce con la investidura policial".

El juicio está en su última etapa. Tras la declaración de Ureta Sáenz Peña y la llegada del resultado de la pericia, vendrá la indagatoria de Bossié y luego, los alegatos de las partes. Lo último es la posibilidad de los imputados de decir sus últimas palabras. Aunque el Tribunal se había propuesto dictar el veredicto el 3 de diciembre, está en duda que puedan llegar a esa fecha con una decisión. El día de la sentencia se terminará una espera de más de 35 años para los familiares de las víctimas. Será un anhelado día de justicia en una causa que lleva ocho años de trámite.