Casi seis meses después de que la Legislatura Provincial rechazara su pliego para el cargo de Auditor General para el que había ganado legítimamente un concurso, el criminólogo Enrique Font fue elegido en Ginebra, Suiza, por el voto de un grupo de países, para integrar el Subcomité de Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU, el principal órgano mundial que mide el grado de cumplimiento de las obligaciones que emanan de la Convención contra la Tortura. El ex Secretario de Seguridad Comunitaria de la Provincia fue nominado por el gobierno argentino. "El compromiso es doble, ya que entiendo que estos logros nunca son individuales sino siempre resultado de luchas y de esfuerzos colectivos a los que tenemos que seguir aportando, desde donde sea que estemos", señaló Font a Rosario/12.

Cada uno de los 64 países signatarios del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de la ONU, en cuyo marco funciona el Subcomité, tienen la potestad de nominar a un candidato. Una vez elegidos, los postulantes no representan al país sino que son expertos "independientes e imparciales" del SPT. El organismo está conformado con 25 expertos/as, con mandatos de cuatro años (reelegibles por un solo período). "En esta oportunidad se renovaban 12 de los 25 lugares y 18 candidatos postulados, seis de los cuales iban para la reelección", explicó Font, que asumirá formalmente el 1° de enero de 2013. Los restantes once electos son provenientes de Suiza, Líbano, Nueva Zelanda, Serbia, Reino Unido, Costa Rica, Filipinas, Alemania, Mauricio, Brasil y República de Moldavia.

"Sin duda influye mucho la trayectoria en derechos humanos del país que propone a cada candidato", apuntó Font. Y, en ese sentido, la Argentina "tiene un creciente prestigio en esta área, no sólo por como se la distingue en los procesos de memoria, verdad y justicia respecto de los crímenes de la última dictadura sino por el avance también en términos de derechos económicos, políticos y sociales como los logrados con la Asignación Universal por Hijo y el nuevo sistema previsional, el matrimonio de personas del mismo sexo, las revolucionarias transformaciones en las leyes migratorias, por mencionar a algunas de las que más reconocimiento internacional han tenido".

El Titular Interino de la cátedra de Criminología y Política Criminal de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) es el segundo argentino en formar parte del Subcomité. El primero fue Mario Luis Coriolano, Defensor de Casación Penal en la Provincia de Buenos Aires, quien a su vez propuso la postulación de Font al actual Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martin Fresneda. Coriolano es desde el 2006 miembro del SPT y termina su período en diciembre. "La competencia originaria (por decisión política) de proponer al candidato es de la Secretaría de DDHH de la Nación, por lo que Fresneda fue el que decidió poner mi candidatura a consideración de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien tomó la decisión de que fuera el candidato nominado por la Argentina para el SPT", detalló el criminólogo.

Una vez que la Presidenta avaló la propuesta de Fresneda, fue la Cancillería la encargada de promover la candidatura de Font, a través de la Dirección de Organismos Internacionales. "Pero fueron claves también en el trabajo de conseguir el apoyo de los Estados Parte, la Misión Argentina en Ginebra ante la ONU y el Director de DDHH de Cancillería, Federico Villegas, quienes organizaron y me acompañaron en todas las entrevistas con las delegaciones de los Estados Parte que tuvimos en Ginebra en los días previos a la elección. Y también fue central el apoyo del CELS, de la Asociación para la Prevención de la Tortura, y de otros/as expertos/as e integrantes de ONGs sin cuyas ideas, recomendaciones, contactos, trabajo y apoyos difícilmente hubiera conseguido todos los votos necesarios", valoró el criminólogo.

El Subcomité se reúne tres veces al año en Ginebra y tiene acceso irrestricto a todos los lugares de detención, sus instalaciones y dependencias y a toda la información pertinente. El SPT visita comisarías de policía, prisiones (militares y civiles), centros de detención (por ejemplo, centros de prisión preventiva, de detención de inmigrantes, de reclusión de menores, etc.), instituciones de salud mental y atención social y cualesquiera otros lugares donde las personas estén o puedan estar privadas de libertad. Los 25 expertos que lo integran poseen diferente formación profesional: abogados, médicos, especialistas en inspección. Cada uno de los miembros pueden ser, a la vez, canales de comunicación del trabajo, visiones, necesidades, experiencias y propuestas de actores clave como son "las propias personas privadas de la libertad, las víctimas de la tortura, las ONGs de derechos humanos nacionales e internacionales, las universidades".

"Todos ellos (los integrantes) tienen experiencia en la esfera de los derechos humanos. Se ponderan la formación, la experiencia y la trayectoria del o la candidata/a en relación a las funciones del STP, que son las propias de lo que se conoce como "órgano de nueva generación", ya que además de identificar violaciones a los principios y estándares de derechos humanos tiene que, a partir de la información recolectada en las visitas, diseñar y proponer estrategias de prevención o de reducción de daños concretas y específicas tendientes a reducir los hechos de tortura o tratos crueles e inhumanos y asistir a los gobiernos en la implementación de estas medidas", describió Font, quien desarrollará sus tareas ad honorem.