Los fiscales Adriana Saccone y Juan Murray pidieron ayer prisión perpetua para los ex militares Manuel Fernando Saint Amant y Antonio Bossié y el ex policía federal Jorge Muñoz, y reclamaron que les revoquen la eximición de prisión. Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron una batería de medidas tendientes a avanzar sobre otras responsabilidades en la llamada masacre de la calle Juan B. Justo del 19 de noviembre de 1976, a partir de las pruebas recogidas durante el proceso oral y público que comenzó el 3 de julio pasado. Los funcionarios solicitaron que se remita al Juzgado Federal una copia certificada de la indagatoria de Bossié, quien mencionó al teniente primero Salice como responsable del operativo que terminó con la matanza de cinco personas esa madrugada. Además, solicitaron que se investigue la participación de Luis Héctor Ponci, que era suboficial del Ejército, en el secuestro de Rosa Baronio y Eduardo Reale, a raíz de los dichos de la testigo María Inés Albuerne.

Entre otras medidas para avanzar con nuevas responsabilidades, la fiscalía también pidió que se investigue la posible comisión de delitos de orden público por parte de los efectivos de apellidos Farías, Mazzani, Berutti y Gandulfo, todos mencionados en el parte prevencional del operativo certificado por el comisario retirado Raúl Acosta, que fue jefe de la policía Federal durante el gobierno de Alfonsín. También pidieron que se investigue a Acosta por falso testimonio, ya que negó su firma en ese documento, luego confirmada por una pericia caligráfica.

El minucioso relato de la fiscalía se extendió hasta pasadas las 20. Durante la mañana, Saccone describió el ataque sobre la casa de Juan B. Justo 676, en el que mataron a Omar Amestoy, María del Carmen Fettolini, sus hijos Fernando, de tres años y María Eugenia, de cinco; así como Ana María Granada, que protegió a su bebé Manuel Gonçalves Granada con un colchón, dentro de un placard, y evitó así que muriera intoxicado por los gases lacrimógenos como los otros dos niños.

La fiscal detalló las pruebas colectadas durante las audiencias, refutó la teoría defensista del enfrentamiento y subrayó cómo las fuerzas conjuntas fraguaron las actuaciones posteriores a la masacre. "Quedó acreditado que la vivienda quedó destruida", enfatizó Saccone. "No se ha podido acreditar en este debate la existencia de armas en la casa", puntualizó, con un detalle de las contradicciones entre diferentes actas, y la concluyente prueba de que jamás esas supuestas armas fueron llevadas a un depósito militar o judicial. Respecto del supuesto enfrentamiento, indicó: "Lo razonable es que se verifiquen personas muertas y heridos en ambos bandos". También señaló que no se acreditó "la existencia de daños en otras fincas". De hecho, el propietario de la casa situada justo enfrente, Luis Darío Broda, negó haber sufrido algún daño en su domicilio.

Saccone se refirió al asesinato de Ana María Granada, en los fondos de la casa. En su cuerpo se encontraron 14 impactos de bala. Negó así que la víctima haya intentado huir, como dijeron Muñoz y Bossié. "Resulta contradictorio a toda lógica que una persona ensangrentada haya salido de la finca disparando, teniendo 13 impactos de bala en su cuerpo", describió con crudeza. Y agregó: "Le dispararon por la espalda".

Pero el relato más duro fue el de la muerte de María Eugenia Amestoy, de cinco años. Falleció unas horas después de la masacre "en la sala de niños del hosiptal San Felipe, donde ingresó a las 7 horas con graves signos de intoxicación por gases y reclamaba a una tía sin especificar su nombre".

Más tarde, Murray describió las desapariciones de las militantes santafesinos Regina Spotti, Rosa Baronio, María Cristina y Raquel Alvira y Horacio Martínez, así como el cordobés Eduardo Reale, por las que está acusado Saint Amant, que era jefe del Area militar 132. El fiscal hizo hincapié en los informes de inteligencia que constan en la Dipbba, hoy en el Archivo Provincial por la Memoria. En esos documentos se refería que las víctimas estaban "muertos o desaparecidos". También establecía claramente que la columna 17 de Montoneros, a la que pertenecían todos los desaparecidos de esta causa, "es netamente de propaganda, su accionar el político".

Murray detalló también la sustracción de los niños Víctor y Martín Almada, de dos años y seis meses, hijos de Spotti y Víctor Almada; así como de Fernando Alvira, primogénito de Martínez y María Cristina Alvira. Pese a su apariencia de hombre duro, el fiscal no pudo evitar que se le colara la emoción al relatar cómo Saint Amant extorsionó a Vicente Alvira, el abuelo materno de Fernando para entregarle al bebé de nueve meses, previa firma de un documento que inculpara a sus hijas.